La Junta suscribió ayer un convenio de colaboración con 16 entidades financieras para favorecer el acceso a préstamos a los contratistas relacionados con el sector de la construcción. Merced al acuerdo, las entidades adheridas al convenio aplicarán un tipo de interés del euríbor a tres meses más el 1,25 por ciento a los contratos de obra pública que soliciten aplicar el ‘factoring’, un mecanismo para facilitar la liquidez de esas empresas garantizando el adelanto del pago.
Mediante el ‘factoring’ de un contrato administrativo el empresario cede sus futuros derechos de cobro a un banco, caja o cooperativa, que anticipa al contratista su importe a cambio de un determinado tipo de interés. Esa opción mejora sensiblemente el acceso al crédito de las empresas porque reciben el pago prácticamente de inmediato, sin esperar a que la Administración lo haga efectivo.
Esa medida apareció recogida ya ayer en el Bocyl, con lo cual la posibilidad de impago deja de estar asociada al contratista, puesto que este tipo de operaciones pasan a gozar de la garantía de la Junta. Es decir, que la entidad financiera se convierte en acreedor directo de la Administración autonómica, algo que, según explicó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, favorece tanto al contratista (que no consume su línea de riesgo) como a las entidades financieras (que incorporan a sus cuentas un derecho de cobro de alta calidad).
Según explicó Herrera, a lo largo de los dos últimos años el paro en la construcción se ha incrementado un 24%, el triple que en el resto de sectores en la Comunidad, por lo cual requería especial atención por parte de la Junta.
Con esta medida se pretende incentivar la utilización de esta herramienta financiera, que de otro modo podría resultar excesivamente gravosa para los contratistas. En el caso de que la Administración no hubiera hecho efectivo el pago del crédito tras el paso de 60 días, sería el propio Gobierno regional quien asumiría la deuda.
Las entidades suscriptoras del convenio han sido seis cajas de ahorro, cinco bancos y otras tantas cooperativas de crédito. Se trata de Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Caja de Ávila, Caja de Segovia, La Caixa, BBVA, Banco Gallego, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander, Cajamar y las cajas rurales de Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.
El pacto, en palabras de la presidenta de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, María Isabel de Blas, es «histórico» y «muy importante» para el sector, ya que «favorece el mantenimiento del tejido empresarial y la conservación de miles de puestos de trabajo». Castilla y León es la primera región española en incorporar el ‘factoring’ en sus relaciones con los proveedores, propiciando «importantes ventajas para los contratistas, para el sistema financiero y para la propia Administración regional».
Acceso al crédito
Así, destacó que los contratistas disfrutarán de capacidad para abrir nuevas líneas de financiación y acceso al crédito. Las entidades financieras se liberarán asimismo de la presión a que el Banco de España somete a la construcción y sus correspondientes provisiones, ya que esas operaciones no computan como riesgo con el contratista, por lo cual podrán prestar ese dinero con márgenes muy favorables. Además, el impacto en la Administración autonómica, como reconoció la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, será nulo ya que «no computa como deuda financiera».
En el mismo sentido se manifestó el presidente de Cecale, Jesús Terciado, quien solicitó a las entidades que «abran el grifo» al resto de empresas, «que extiendan el crédito y relajen a niveles normales las exigencias de solvencia a todas las pymes».
