La Junta de Castilla y León destina este año 836 millones para el fomento del empleo y cobertura a personas en situación de desempleo, para acciones laborales dirigidas a inmigrantes y para el estímulo de la economía a través del nuevo marco de competitividad con el que se apuesta por un cambio en el modelo productivo.
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, destacó en particular estos tres acuerdos, de los siete firmados ayer con patronal y sindicatos. De la cantidad comprometida por su Gobierno, 415 milones corresponden a las inversiones del acuerdo marco de competitividad, 202 al empleo y cobertura de los trabajadores y 219 a las acciones en inmigración.
La partida para el empleo pretende la creación y mantenimiento de 34.500 empleos, de los que 63 millones tienen carácter extraordinario y se dedican a programas de protección y cobertura de parados que han agotado las prestaciones y 46 millones al refuerzo del Plan de Empleo.
Así, se recogen siete programas nuevos dirigidos fundamentalmente a promocionar la contratación de parados que hayan agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo, el PRODI o el IAE o la RAI o tengan menos de 30 años con especial atención con los autónomos.
Otros cinco programas de refuerzo potencian en mayor medida la contratación por cuenta ajena y el autoempleo, así como la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. Mediante dos programas, uno destinado a municipios de 1.000 o más habitantes y otro a entidades locales en general, se impulsan obras y servicios de interés general y social.
Los programas de complemento de rentas y protección de trabajadores, que ya estuvo en vigor en 2009, se prorrogan. De ellos, 5,2 millones se destinan a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y 2,5 millones a trabajadores de más de 55 años que han perdido el empleo por insolvencia empresarial. Herrera aseguró, como balance, que 4.156 trabajadores se acogieron el año pasado a estas dos líneas.
Los perceptores de los itinerarios activos de empleos, que se pondrán en marcha en un mes con 8,7 millones, se dirigen a desempleados de más de 45 años sin ninguna prestación o ayuda, parados que han cotizado menos de 180 días y trabajadores que capitalizaron el desempleo y se han establecido como autónomos.
Competitividad
El segundo acuerdo marco de competitividad e innovación industrial de Castilla y León 2010-2013 sienta las bases para un nuevo modelo productivo a través de once ejes de actuación: apoyo financiero a las empresas, investigación, desarrollo e innovación, creación y consolidación de empresas, servicios avanzados de apoyo a las empresas, responsabilidad social empresarial, internacionalización, proyección espacial y sectorial de la política industrial, logística e infraestructuras, anclaje territorial, formación y cualificación y sostenibilidad medioambiental.
Herrera defendió que su Gobierno ha sido precursor en un nuevo modelo al aprobar en 2006 el primer marco de competitividad, del que destacó avances en el gasto tecnológico, apertura exterior de las empresas o diversificación de las exportaciones. También resaltó este modelo, mediante un acuerdo en el seno del diálogo social, frente a otros como la aprobación de leyes, en referencia a la Ley de Economía Sostenible del Gobierno.
Inmigrantes
El nuevo acuerdo, el tercero, sobre la integración social y laboral de la población inmigrante 2010-2013, persigue la integración real a través del empleo, en un momento en el que la situación económica justifica la adopción de nuevas medidas.
Otros acuerdos giran en torno a la juventud, el empleo y la vivienda, ejes fundamentales que tienen como objetivo la autonomía económica y la emancipación, así como a medidas de simplificación administrativa.
Por último, la Junta de Castilla y León se compromete y considera imprescindible que en el ámbito del Diálogo Social se trabaje de forma única contra la violencia de género. El acuerdo firmado incluye medidas destinadas a combatir la violencia de género, como la prevención y sensibilización, la garantía de los derechos y la protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia de género y de las personas a su cargo.
