Junta, PP y PSOE presentaron hoy el acuerdo de comunidad que permitirá a la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, llevar una “posición más fuerte” en la negociación sobre la reforma de la PAC ante las instituciones europeas y, a partir de junio, ante el Ministerio, cuyas líneas rojas en defensa de los 100.000 empleados en Castilla y León en este sector se marcan en una moción que aprobará mañana el pleno de las Cortes por unanimidad.
El acuerdo, previó al debate de la moción, se escenificó esta mañana en la sede de las Cortes en una comparencia conjunta de la consejera de Agricultura, Silvia Clemente; la portavoz socialista de Agricultura y Ganadería, Ana Redondo, y el portavoz popular, Carlos Fernández Carriedo, a la que no pudo acudir el portavoz del Mixto, José María González (IU), que también se ha sumado al consenso.
La primera cita será el 14 de mayo cuando Clemente viajará a la capital comunitaria para mantener reuniones con dos ponentes del Reglamento de reforma de la PAC, Louis Kapoulas y Michelle Dantin, a quienes expondrá las líneas aprobadas en las Cortes.
La socialista Ana Sánchez explicó que, aunque no les gusta la propuesta de reforma planteada por Bruselas, es esencial el acuerdo y pelear juntos para reivindicar los intereses del sector, dado que supone el 10 por ciento del PIB de Castilla y León, con 70.000 agricultores y ganaderos a título principal y 100.000 si se suman los empleos en todo el sector primario (industria agroalimentaria). “El acuerdo busca dar una respuesta al sector”, destacó.
Por su parte, el popular Carlos Fernández Carriedo resaltó la importancia de llegar a acuerdos en asuntos de comunidad, afirmó que éste es uno de ellos y subrayó el liderazgo ejercido por la Comunidad desde que se conoció (finales de 2010) la propuesta de la Comisión Europea para la reforma de la Política Agraria Común.
Ocho ejes. La moción, de ocho puntos, detallados por la consejera durante la rueda de prensa, insta a la Junta a dar traslado al Gobierno de España para garantizar el mantenimiento sin recortes de los fondos anuales percibidos por la Comunidad desde 2007 (1.150 millones de euros); que en la definición de agricultor activo se tenga en cuenta quien ejerce y vive de la actividad agraria; la delimitación del número de hectáreas elegibles en España y por agricultor; el diseño de una convergencia interna limitada; formular mayor flexibilización del Greening (complementos medioambientales); apoyar hasta el 15 por ciento para las ayudas asociadas; prolongar hasta 2020 las cuotas al sector azucarero y hasta 2030 los derechos de plantación de viñedos y fortalecer las organizaciones de productores y la coordinación de las autoridades nacionales de competencia para un trato igualitario.
La consejera explicó el rechazo al aumento de superficie y defendió que se límite (22 millones de hectáreas frente a 38 en el caso de España) porque de esa manera los agricultores y ganaderos podrán mantener los ingresos actuales, ya que el incremento de hectáreas supone la reducción de las ayudas.
La negociación de la nueva PAC coincide con el marco presupuestario (2014-2020) y, aunque la dotación global se reduce para el periodo, los créditos para el campo son los que menos caen, de manera que mantienen el 39 por ciento de peso con 420.000 millones de euros, de los que 35.705 de ayudas directas y 8.291 de desarrollo rural corresponden a España.
