El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, pidió ayer a Castilla y León que transforme en enmiendas sus modificaciones al texto de la Política Agraria Común (PAC), que son «conceptos técnicos y específicos», para trasladarlas al grupo de trabajo que defenderá la posición española en Europa. Precisamente, la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ofreció para ese grupo de trabajo al director general de Política Agraria Comunitaria, Juan Pedro Medina, que será quien participe en esos trabajos. Este fue uno de los asuntos que abordaron ambos dirigentes en el encuentro mantenido en Madrid que se celebró en un «buen clima», porque la titular del departamento autonómico vio en el ministro «una extraordinaria receptividad y disposición» a apoyar a Castilla y León y a poner en marcha «todo aquello que pueda mejorar la política agraria».
En la reunión también se habló de la reivindicación de Castilla y León para que se mantengan las cuotas de la remolacha hasta 2020, aspecto en el que según el ministro, hay muchos países que apoyarán la continuación de las cuotas. «Es una buena noticia para Castilla y León porque tenemos el 84 por ciento de la producción del azúcar de España», dijo la responsable autonómica.
Según subrayó Silvia Clemente, la Comunidad ya ha hecho un «gran esfuerzo» desde que se puso en marcha la OCM del azúcar por «la nefasta» negociación del anterior Gobierno de Rodríguez Zapatero. «Ahora es imprescindible el compromiso de este Ejecutivo para defender las cuotas y el ministro me ha dado su compromiso», remarcó, para añadir que «la buena noticia» es que hay «un número importante de países» que están pujando por el mantenimiento de estas cuotas de remolacha hasta 2020.
Al mismo tiempo, le mostró la necesidad al ministro de poner en marcha en España una ley que garantice la formación de precios en la cadena porque «es uno de los principales problemas del país». También, le trasladó la conveniencia de poner en marcha una ley de modernización de la agricultura, similar a la aprobada en Francia, que establece y tipifica hechos que pueden dar lugar a sanción cuando se incumplen los márgenes comerciales.
Sobre este asunto, Silvia Clemente le pidió la puesta en marcha de «un solo» observatorio de precios en el conjunto del país que fije «los precios mínimos para productos básicos» y para que «desaparezca la amalgama de observatorios».
Sobre los alimentos, incidió en la necesidad de promocionar bajo la marca ‘España’ los alimentos del país, algo similar a lo que hace Castilla y León con ‘Tierra de Sabor’. A su juicio, esto permitirá salir al exterior de manera coordinada.
El sector ganadero fue otro de los asuntos abordados en el encuentro. Así, según explicó Clemente, Castilla y León aprobó un plan de apoyo al sector ganadero, elaborado el año pasado. En este sentido, consideró «imprescindible» que el Ministerio haga aportación de apoyo a un sector «que está representando por más de 36.000 ganaderos en la Comunidad».
El ministro también se comprometió a firmar el acuerdo de desarrollo de la Ley de Desarrollo Sostenible, que supondrá una aportación de cada una de las administraciones de 32 millones de euros. Arias Cañete dijo que había disponibilidad para firmarlo «en breve».
En el encuentro celebrado ayer en Madrid, Silvia Clemente pidió que se mantengan las inversiones en regadíos, tanto nuevos como los de modernización, y se habló, asimismo, sobre cómo va afectar la normativa europea sobre sanidad animal y solicitó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que ejerza una coordinación para que «todas las comunidades cumplan al mismo ritmo y no haya competencia desleal».
En este sentido, la consejera de Agricultura y Ganadería indicó que el 70 por ciento de las granjas de gallinas ponedoras de Castilla y León están acordes a la normativa y se comprometió a alcanzar el 90 por ciento el 30 de junio, fecha en la que entra en vigor la nueva norma.
