El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, rechazó ayer que la orientación medio ambiental que refleja el documento de la Política Agraria Común (PAC), presentado el pasado jueves en Bruselas, se realice «a costa» y detrayendo recursos de las ayudas a la actividad de los agricultores y ganaderos. Herrera, en declaraciones a RNE, explicó que el documento presentado abre la posibilidad de «explorar un común acuerdo» entre el Gobierno y las comunidades para definir el futuro de la Política Agraria Comín, si bien reconoció la «decepción de algunas personas por la falta de «concreción» de las propuesta que se ha conocido por parte del comisario europeo del ramo. «De lo que conocemos algunas cosas nos gustan y otras nos disgustan», manifestó el presidente de la Junta. Así, señaló que la orientación verde que se plantea en el documento no se puede realizar «a costa» y detrayendo recursos necesarios para la actividad por parte de los agricultores y ganaderos, y añadió que en eso no estarían de acuerdo.
Por otro lado, defendió que son los agricultores y ganaderos los principales agentes del medio ambiental ya que garantizan «la preservación y continuidad» con las prácticas correctas que desarrollan. Herrera, desde la coincidencia con las políticas medio ambientales, destacó la importancia que tiene el agricultor y ganadero en Castilla y León.
De momento, desde la consejería de Agricultura y Ganadería ya están dando los primeros pasos para que la PAC no perjudique a la Comunidad. Por ello, la consejera del ramo, Silvia Clemente, solicitó ayer mismo por carta una reunión a la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, para tratar PAC desde «una posición de Estado» única, que considera «imprescindible», porque España «tiene que estar la primera en este debate y pelear, como país productor, por el futuro» de la agricultura.
Clemente consideró fundamental que España «trabaje rápido» sobre el nuevo borrador y que el Estado lo haga junto a todas las comunidades autónomas. La consejera también se reunirá la semana que viene, y con carácter de «urgencia», con las organizaciones agrarias para consensuar «una posición de Comunidad» que luego trasladará a la ministra, según dijo Peñafiel (Valladolid).
Precisamente, la ministra reiteró ayer en Mérida que el Gobierno trabajará por una PAC «fuerte», «fácil de aplicar» y «de explicar», y que «mantenga las rentas agrarias» puesto que es «algo esencial» que se hará desde «una estrategia común». De hecho, el ministerio pretende que «la voz de España sea en la que se reconozcan todas las organizaciones agrarias, grupos políticos» así como parlamentarios, también las comunidades autónomas, además de mantener paralelamente «una fluida relación» con el comisario del ramo, Dacian Ciolos, y «múltiples» relaciones internacionales para «plantear todos los objetivos» de España.
Por su parte, sobre la nueva reforma de la PAC, Silvia Clemente consideró que «tiene que servir para redistribuir mejor los recursos, los pagos a las rentas de los agricultores, pero debe hacerse de una forma adecuada». En ese sentido, criticó que el borrador «cargue nuevos compromisos medioambientales sobre los agricultores y ganaderos sin establecer más dotaciones presupuestarias».
La titular del departamento agrario tampoco está conforme con que el nuevo texto establezca «la posibilidad de distribuir mejor los fondos para los agricultores que se dedican a tiempo completo», en detrimento de los que se dedican a tiempo parcial. A su juicio, los segundos «también son necesarios y su desaparición perjudicaría a los agricultores que se dedican a tiempo completo». En ese sentido, recordó que durante el año pasado, 94.794 productores percibieron 1.084 millones en pagos de la PAC y que de ellos, «menos de la mitad», 44.000, son agricultores a título principal (ATP).
Por esta razón, cree que «España tiene que pelear y trabajar por que la mejora del futuro de la PAC sea para resolver aquellas cuestiones que en este momento no funcionan, pero no para desmontar aquellas que están dando buen resultado».
De esta forma, defendió una «simplificación» del documento frente al diseñado por la Comisión Europea, que «conlleva una complejidad similar a la del modelo actual o, incluso, mayor. Así, planteó un pago básico, complementado con uno medioambiental y también con un pago para zonas con limitaciones productivas y para algunos sectores con pagos directos por producción.
Finalmente, desde Castilla y León se apuesta por la existencia de dos pilares en la PAC, el de apoyo a las rentas y el de desarrollo rural, tal y como propone la Comisión. Sin embargo, la orientación de la Comisión «no parece la adecuada», a juicio de la Junta, ya que «no se puede priorizar estas actuaciones», sin tener en cuenta «las inversiones, a la innovación y al conocimiento en materia agraria y alimentaria». Como conclusión, Clemente consideró que el nuevo texto de la PAC debe «garantizar un buen nivel productivo y competitivo de esta actividad económica».
