Hasta hace no tanto solíamos considerar buena persona simplemente a aquella que mostraba una natural inclinación a hacer el bien. Me refiero a aquella que te cedía el paso en una puerta, te avisaba de que se te habían caído las llaves o te ofrecía el asiento en el autobús si te veía cargado. La que recogía una lata ajena del suelo y la tiraba a la papelera, o llamaba al vecino si se había dejado la ventana abierta o las luces del coche encendidas. Nada extraordinario; solo reconocíamos esa conciencia tranquila con la que algunos tienen el privilegio de caminar por la vida con la cabeza alta, pero sin altanería.
¿Y a la otra? También la calábamos fácilmente. La que aparca ocupando dos plazas, bloquea una rampa «solo cinco minutos» o deja los restos de la merienda tirados en el parque. La que no avisa a un compañero de su error para ver cómo le amonestan, la que se guarda información útil por pura rivalidad, la que esboza una sonrisa cuando a un conocido le ocurre una desgracia… a quien hace eso, algo nos impide considerarlo bueno.
No hacía falta un tratado para distinguirlas. No necesitábamos matricularnos en la facultad de Ética o de Derecho para separar el bien del mal, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? En algún momento de la historia reciente algo torció el rumbo y dejó de importar cómo nos comportamos cotidianamente para catalogar únicamente los actos como legales o ilegales. Y al poco de consolidarse esta doctrina perversa, dimos un paso más y decidimos, sin más consideraciones, buenos son los no condenados, malos los que aparecen en las sentencias. En 2026, la misma lógica que absuelve a quien aparca en la rampa porque «no le han puesto multa» termina, con admirable coherencia, absolviendo a quien saquea lo público porque «no le han condenado».
Cada momento tiene sus lindes éticas; la moral se reescribe una y otra vez sin que podamos hacer demasiado por evitarlo. Hemos sustituido la ejemplaridad por la mera ausencia de condena. ¿No me cree?, espere unas semanas o unos meses y verá cómo los que hoy ocupan el banquillo ante los magistrados, acusados en las innumerables causas por corrupción, si no son condenados serán elevados a los altares en medio de vítores y alabanzas, con nimbos relucientes, por unos mientras otros condenarán a lo más profundo del Averno a quien solo recibió una sanción administrativa. Santos y réprobos según quién ocupe el banquillo y a qué tribu pertenezca quien le juzgue desde fuera de la sala, los mismos que predican que nadie debe juzgar a nadie mientras tienen el dedo ya puesto sobre la balanza.
Todos sabemos –o lo deberíamos saber– que absolver a alguien no le hace bueno, igual que condenarlo no le hace malo, si acaso un tribunal pudo no considerar suficientemente probado un delito o decidió que había pruebas incuestionables de lo contrario. En ambos casos pudo equivocarse y en ninguno se metió en la conciencia del imputado.
Hoy la política se parapeta tras estos nuevos valores –me cuesta llamarlos valores– para eludir sus responsabilidades y negarse a rendir cuentas de lo que hace años hubiéramos considerado indigno de quien aspira a dirigir la nación. Han aprendido que basta con resistir, con alargar, con enredar. Que el tiempo y el ruido hacen lo que la decencia no puede deshacer.
Separar el bien del mal no es fácil cuando llevan años empeñados en convencernos de que todo es igual, de que todos son iguales, de que la diferencia entre unos y otros es solo cuestión de relato. Los mismos que piden a gritos que se deje trabajar a la justicia son los que más han sudado para que no trabaje. Quizá sea ese el mayor de los fraudes.
Ante eso, la conciencia sigue siendo la única jurisdicción sin trampa posible.
Usted y yo sabemos aún identificar a la gente decente. Quizá deberíamos emplearnos en señalarla y votarla. Tan sencillo –y tan difícil– como distinguir el bien del mal.
