Miguel Delibes dijo, refiriéndose a los agricultores castellanos, “si el cielo de Castilla es alto es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo”. En efecto, toda campaña los agricultores se encuentran desazonados por la llegada de la tan ansiada lluvia que riegue sus cosechas, las cuales les permitirán continuar con su labor de sostener a sus familias, de dar vida a los pueblos, y alimentar a la población. Este año, lamentablemente, se vuelve a repetir esa historia que se mantiene en el tiempo de forma secular. La sequía, en este caso, acompañada de unas altas temperaturas, ha malogrado en más de un 40% la producción cerealista de los agricultores segovianos. Una situación de mala cosecha como consecuencia de la climatología que se agrava por el aumento de los costes de producción, unos precios bajos de los cereales y un seguro agrícola que no es eficaz para paliar económicamente el daño.
El resultado es la falta de rentabilidad de las explotaciones agrícolas, que subsisten gracias a las ayudas comunitarias. Una situación preocupante en Castilla y León, granero de España, debido a las circunstancias climatológicas registradas en un otoño muy lluvioso y en una primavera muy calurosa que impide el desarrollo de las cosechas de cereales. En las zonas más tardías de Segovia, las elevadas temperaturas y la ausencia de lluvias en estas últimas semanas han agostado los sembrados, y también se han llevado una buena parte de la cosecha de cereales. La producción estimada de cereales de otoño (cebada, trigo, avena, centeno y trigo) en España cifrada en 16,8 millones de toneladas (un 26% menos que en 2025) por las cooperativas y en 17,6 millones de toneladas según el Ministerio de Agricultura, ha quedado gravemente mermada por la ola de calor. Habrá menos producción, que se suma a unos precios bajos de los cereales (197 euros por tonelada por el trigo y 193 euros por la cebada). Sin embargo, los fertilizantes y los combustibles se han incrementado en un 30%. En Castilla y León la producción de cereales llegaría a las 6,5 millones de toneladas, frente a las 8,4 millones de toneladas del año 2025, con una reducción del -23,5%.
La caída de la rentabilidad de las explotaciones cerealistas, que están en márgenes negativos en las últimas campañas, crea un verdadero riesgo de abandono de las explotaciones, sin que haya alternativas. Las organizaciones agrarias claman por un plan de choque con urgencia para enfrentarse ante esta grave situación. Un plan que contemple ayudas públicas, una compensación ante el aumento de los costes de producción y una reforma del seguro agrícola que sea capaz de afrontar las inclemencias meteorológicas, cada vez más frecuentes en el cultivo de cereales.
El descenso de la producción de cereales en Segovia se cifra en un -36,7% en esta campaña, nuestra provincia produciría 409.000 toneladas, procedentes de las 161.245 hectáreas sembradas, en lugar de las 646.000 toneladas del año 2025.
Los agricultores señalan la cifra de 800 euros por hectárea como coste de producción, por lo que los rendimientos inferiores a 3.000 kilos por hectárea no compensarían los costes de producción. En realidad, se está obligando a nuestros agricultores a producir a pérdidas poniendo en riesgo la viabilidad de nuestras explotaciones.
Resulta evidente desde hace unos años la situación de los agricultores dedicados al cultivo de cereales, que en muchas campañas los ingresos no compensan los costes de producción. Medidas de apoyo existen y han de adoptarse. En primer lugar, el control de las importaciones masivas de grano que reducen los precios percibidos por los agricultores en estos últimos años. En segundo término, la reducción de los precios de los fertilizantes y de los combustibles, mediante medidas administrativas y tributarias. La tercera medida, es la reforma en profundidad de la normativa sobre los seguros agrarios, de forma que en caso de inclemencias meteorológicas la indemnización compense los daños del siniestro, al mismo tiempo que las Administraciones Públicas controlen a las aseguradoras para que cumplan con la normativa sobre aseguramiento de cosechas y también subvencionen el precio de los seguros. En cuarto lugar, que se investigue por los centros correspondientes y se entregue a los agricultores semillas resistentes a esas inclemencias meteorológicas, como la sequía o las altas temperaturas, consecuencia del cambio climático. La quinta medida debe abarcar el aumento de la superficie de tierras en regadío.
La Junta de Castilla y León ha previsto para los años 2028-2033 un aumento de los nuevos regadíos en 43.000 hectáreas (6.000 Ha en Lastras de Cuéllar), para paliar el déficit estructural, dado que nuestra Comunidad no llega al 15% de su superficie cultivable (22% a nivel nacional). Una medida que puede generar actividad económica, incorporar jóvenes al sector agrario y contribuir a la fijación de la población.
La previsión de la Confederación Hidrográfica del Duero de denegar la renovación de concesiones para 32.000 hectáreas determinaría unas pérdidas de 17,8 millones de euros para unas 3000 explotaciones. Por tanto, también resulta evidente que la Comunidad de Castilla y León ha de asumir las competencias de la Confederación Hidrográfica del Duero en esta materia.
En sexto lugar, debería modificarse la legislación relativa a la Política Agraria Común con el incremento de las ayudas directas a los agricultores productores de cereales, y al tiempo aplicar una medida para la la simplificación de la tramitación de las solicitudes y de las exigencias medioambientales en las producciones agrarias.
En séptimo lugar, las Administraciones Públicas han de aprobar una serie de medidas administrativas y tributarias que fomenten la incorporación de los jóvenes al mundo rural al tiempo que se ayude a aquellas empresas que quieran instalarse en el medio rural.
La octava medida, debe estar vinculada a la modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, de modo que se aseguren unos precios mínimos a los agricultores, que no pueden competir con las grandes empresas alimentarias.
Por último, este tipo de medidas deben venir acompañadas de un reconocimiento social a la labor realizada por los agricultores que aseguran la alimentación de la población y mantienen con vida nuestros pueblos.
Nueve de cada diez españoles (92,43%) considera que la sociedad urbana no valora suficientemente el esfuerzo de agricultores y ganaderos. Así lo revela el informe “Evolución de la percepción de los avances en la España rural 2024-2025”, elaborado por Next Educación. Presentado en su momento en el Senado, el estudio refleja una profunda desconexión entre el trabajo del sector primario y el reconocimiento social que recibe. “A pesar de ser los principales responsables de la producción de alimentos y la conservación del medio ambiente, siguen al margen de la valoración pública”. Ese estudio también identifica la formación de jóvenes y emprendedores rurales como factor clave para el futuro del medio rural. Un 96% considera prioritario mejorar las oportunidades formativas, mientras que el 94% demanda más facilidades de acceso a vivienda y empleo como condiciones indispensables para retener y atraer población joven al territorio rural. “Si no resolvemos los grandes cuellos de botella del medio rural —empleo, vivienda y burocracia—, nunca podrá avanzar hacia una recuperación real y sostenible”.
Los agricultores y ganaderos en definitiva aseguran nuestra alimentación, realizan una labor de preservación medioambiental del campo y dan vida al medio rural. Una situación que ha de ser tenida en cuenta por las Administraciones y los ciudadanos.
