La revista Mundo Negro (febrero de 2026) publicaba los factores que mantienen a los países africanos en un permanente atraso económico, señalando por ejemplo que las exportaciones africanas a China de minerales y productos metálicos suponen el 90,7% de las exportaciones totales. Mientras que China exporta a los mismos países maquinaria, material informático, material de transporte, etc., un fenómeno que impide el desarrollo africano.
Significativo es el hecho de que un Informe de la ONU señala que cada año se producen en África entre 321 y 474 toneladas de oro no declaradas. Solo en 2022 se sacaron 435 toneladas con un valor de 25.750 millones de dólares, con destino principalmente a Emiratos Árabes Unidos. Un país que ha recibido entre 2012 y 2022 la cifra de 2.569 toneladas de oro no declarado por valor de 98.700 millones de dólares y que, por tanto, no se invierte en el desarrollo africano. La exportación de productos sin ser transformados en origen o exportados ilegalmente determinan un lastre en el desarrollo africano, a lo que se suma la obligación de devolver la deuda a los países más desarrollados.
Aunque los niveles de deuda global han tendido a estabilizarse recientemente, estos se mantienen en niveles elevados, aumentando en consecuencia el coste de servicio. La relación entre deuda pública y producto interior bruto (PIB) en las economías de renta baja ha superado, en promedio, el 65%, en comparación con el 40% en el que antes de estos shocks externos derivados del Covid-2019.
En cifras absolutas, estas economías se encuentran en niveles máximos de deuda externa. A finales de 2023, el total de la deuda externa de todos los países de ingresos bajo y mediano ascendía a la cifra de sin precedentes de 8,8 billones de dólares, lo que supone un aumento del 8% respecto al año 2020, según el Banco Mundial.
En efecto, desde el año 2022, el endeudamiento de la política monetaria en países desarrollados por parte de los Bancos Centrales, como la Reserva Central de EE.UU y el Banco Central Europeo, con el objetivo de controlar la inflación (como ahora, a raíz de la crisis de Irán), llevaron a un aumento de los tipos de interés a nivel internacional, encareciendo el coste de refinanciación de la deuda.
Además, el fortalecimiento del dólar y otras diversas divisas fuertes han encarecido el pago de las divisas en estas monedas, afectando gravemente a países con ingresos en monedas locales depreciadas.
Por último, la retirada de la financiación privada, dado que a partir del año 2022 los acreedores privados han reducido la financiación a los mercados emergentes, buscando activos más seguros en economías desarrolladas, ha agravado el problema. Lo que ha conllevado una mayor dificultad en el acceso a los mercados de capital para esas economías, aparejado a unos mayores costes de endeudamiento. El resultado es que el año 2022 los acreedores privados extranjeros han recibido casi 130.000 millones de dólares más en pagos por servicios de deuda de deudores del sector público en países en desarrollo de lo que han desembolsado en nueva financiación hacia los mismos.
El resultado del pago del servicio de la deuda es que reduce los recursos esenciales para el desarrollo económico de los países desfavorecidos. El Banco Mundial ha estimado que, en 2024, los países que pueden recibir fondos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) gastarían cerca de la mitad de sus ingresos en el servicio total de la deuda (interna y externa), una cifra mayor que el gasto público destinado a la salud, educación e infraestructuras.
La solución dada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para los problemas de liquidez de los países en desarrollo, se basan en el fortalecimiento de las finanzas públicas a través de una mejora en la recaudación fiscal, un gasto más eficiente y una lucha efectiva contra la corrupción. En segundo lugar, se aboga por reforzar el apoyo financiero internacional para garantizar flujos financieros netos positivos hacia los países de renta media o baja.
La tercera medida consiste en aliviar la carga del servicio de la deuda suavizando la amortización de la deuda en el tiempo, como señaló Canadá durante la Presidencia del G7 en 2025, junto con la promoción de las Cláusulas de Suspensión de la deuda.
La Mesa Redonda sobre la Deuda Soberana (Global Sovereign Debt Roundtable) constituye una plataforma de diálogo multilateral, bajo la presidencia del G20, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, aboga por la participación de los acreedores públicos y privados, así como los propios países deudores en busca de un espacio de diálogo para abordar los desafíos que plantea la sostenibilidad de la deuda y mejorar los procesos de reestructuración de la deuda.
Resultan vitales en este sentido los canjes de deuda por desarrollo y que constituyen una solución adecuada a las tensiones de liquidez, dado que reducen la carga de la deuda de los países beneficiarios. Los acuerdos de canjes de deuda se condicionan a que el país beneficiario realice políticas que promuevan el desarrollo económico, social o medioambiental, así como el avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En definitiva, los canjes de deuda pueden orientarse positivamente en favor de la mejora de la salud, la educación o la seguridad alimentaria.
Los canjes de deuda por el clima, la salud o la nutrición, son abogados por el G20 durante el año 2024, el G7 y el Club de Paris, así como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, los problemas de solvencia de los países, no se solucionan con canjes de deuda simplemente, sino con una reestructuración de la misma de forma coordinada. La propia Ley 38/2006, reguladora de la gestión de la deuda externa, no prevé la conversión de deuda por desarrollo humano. La refinanciación de la deuda con la obtención de un nuevo préstamo es positiva si se logran mejores condiciones de financiación, y además cuenta con la garantía de un banco multilateral de desarrollo o un fondo dotado con donaciones externas, en orden a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por el país beneficiario.
Tanto los canjes bilaterales como los comerciales ofrecen los mismos beneficios directos para hacer frente a las tensiones de liquidez y fomentan inversiones para el desarrollo. Podrá reducirse el riesgo de impago, así como mejorarse la situación de los países beneficiarios, contribuyendo a la estabilidad regional y global. Estos cambios de deuda pueden favorecer la gobernanza del país beneficiario, al potenciar la gobernanza de un país endeudado. Otra medida en el ámbito de la gestión de la deuda es la suspensión de la deuda, es decir, aplazar temporalmente el pago del servicio de la deuda como una catástrofe natural. Estas cláusulas permiten a los países responder con mayor agilidad a las necesidades urgentes de la población y reducir el impacto económico y social del evento. Las primeras cláusulas de suspensión de deuda fueron las denominadas “cláusulas Huracán” y pensadas ante catástrofes naturales.
También existen las cláusulas contingentes de resiliencia climática (Climate Resilient Debt Clause), y a partir de abril de 2024, en todos los nuevos acuerdos de préstamo con garantía soberana y dirigidos a países con renta baja o media. España prevé estas cláusulas ante desastres naturales, emergencias sanitarias, y crisis alimentarias, además en 2025 se incorporaron a los nuevos acuerdos de reestructuración de deuda. Unas medidas ya asumidas por el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones.
Estas cláusulas permiten que los recursos destinados al servicio de la deuda se dirijan hacia la atención de las crisis provocadas por la perturbación que las desencadenó. Al dar al deudor un margen fiscal para gestionar la emergencia, se protege en última instancia la sostenibilidad del préstamo y se refuerza la probabilidad de la recuperación íntegra de la deuda una vez superada la crisis. Una activación de la cláusula que solamente implica una reprogramación de los plazos de amortización que no afecta al valor de la deuda reembolsar. En 2024 se creó el grupo de Trabajo sobre Cláusula de Resiliencia Climática auspiciado por el G7. Este Grupo compuesto por representantes de los ministros de Finanzas, principalmente por el G7, de los Bancos multilaterales de desarrollo, de gestores de deuda de países prestatarios, informa sobre los canjes de deuda y las cláusulas de suspensión de deuda, dos instrumentos financieros adecuados para abordar el problema de la deuda externa de los países pobres. Una deuda que lastra el desarrollo económico de los países endeudados.
