El mediático forense y psiquiatra José Cabrera argumenta que Justo Martín, el trabajador que destapó el denominado ‘caso ataúdes’, sufría un trastorno grave de la personalidad, que incluso le llevó a fabricar pruebas falsas, a la vez que argumentó que actuó solo y que se valió de los medios mecánicos propios de las instalaciones funerarias para manipular los cadáveres.
Cabrera, que este martes ratificó en su declaración el informe contratado por una de las defensas, también tildó a Justo Martín de “diógenes fotográfico”, y expuso que fueron la codicia y el chantaje lo que llevó a Martín a tomar fotografías de los cadáveres durante veinte años, así como a realizar anotaciones en libretas, en lugar de denunciar ante la justicia los hechos.
Además de confirmar que él nunca examinó personalmente a Justo Martín y de explicar que su informe está basado en las fotografías aportadas por este, así como en sus libretas y dietarios, también reconoció que en toda su carrera como forense nunca se había encontrado un caso así, a la vez que explicó que esa recopilación de fotos denota un trastorno grave de la personalidad, algo que ve compatible con el hecho de que Justo Martín se hubiera quitado la vida, dado que esta enfermedad mental es la primera causa de suicidio.
Al mismo tiempo, y a preguntas del presidente del tribunal, indicó que la elaboración de las libretas en las que apuntaba los presuntos cambiazos de ataúdes no fue algo espontáneo y se realizó de forma meticulosa, “como si de un diario se tratara”.
En su intervención, al igual que hiciera el lunes otro forense, argumentó que sin informes médicos que avalen las secuelas psicológicas provocadas a los familiares no se puede cuantificar el daño moral.
Este martes también declararon otros peritos contratados por las defensas, que ratificaron un informe en el que desmontan las tesis de la Unidad de Vigilancia Aduanera y aseguran que no hubo delito de blanqueo de capitales, a pesar de que la Policía encontrara en la vivienda de Ignacio Morchón Alonso casi un millón de euros en efectivo.
Los peritos, que reconocieron que la contabilidad era muy “rudimentaria” y que las diferentes sociedades del grupo tenían como una especie de caja común para atender necesidades de tesorería, recalcaron que en las diversas inspecciones de la Agencia Tributaria, aunque se detectaron ingresos no declarados, nunca se habló de blanqueo ni de facturas ficticias.
La jornada arrancó con otro informe pericial, también de las defensas, en el que se puso en tela de juicio la metodología utilizada por la Policía Nacional para elaborar un informe sobre el consumo de gas en los hornos, en el que se sostiene que la mayor parte de las incineraciones se realizaron en el cementero de Santovenia de Pisuerga.
El juicio entra el miércoles en su recta final con la declaración de los acusados, los hijos del que fuera fundador del Grupo El Salvador -Ignacio, Laura y María del Rosario-, y la viuda de Ignacio Morchón Alonso, María del Rosario Vaquero.
La Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.
Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
