El Juzgado de Sepúlveda ha acordado reabrir el procedimiento, admitir la denuncia de AGUAIURIS y poner en marcha diligencias de instrucción sobre la demolición del azud y presa de Puente Mesa, en el río Cega, en los términos municipales de Veganzones y Cabezuela.
En su Auto del 30 de abril de 2026, el juzgado acuerda encomendar al SEPRONA de la Guardia Civil la investigación de los hechos para determinar si dicha demolición, ubicada en la Zona de Especial Conservación Riberas del río Cega y afluentes, ha podido ocasionar un «grave daño» al medio ambiente y al patrimonio histórico. Además, ordena requerir a la Confederación Hidrográfica del Duero la remisión del expediente íntegro relativo a la demolición, con especial atención a los informes técnicos sobre su impacto histórico y ambiental.
La resolución judicial supone “un giro de gran relevancia” en este asunto, después de que la Audiencia Provincial de Segovia revocara el archivo inicial y obligara a abrir la vía de investigación. El nuevo Auto deja ya expresamente abierta la fase instructora y asume que existen elementos suficientes para que la demolición del azud sea examinada judicialmente desde la perspectiva penal y medioambiental.
Para AGUAIURIS, esta decisión “confirma que el caso nunca debió ser archivado sin investigación”. La organización considera que “la demolición de Puente Mesa no puede tratarse como una mera actuación administrativa o técnica, sino como un hecho de enorme trascendencia pública, por sus posibles efectos sobre el cauce del Cega, el equilibrio ecológico del entorno y el patrimonio hidráulico tradicional de la zona”. La entidad viene denunciando desde el inicio “la necesidad de esclarecer cómo se decidió la demolición, con qué soporte técnico y ambiental se ejecutó y qué consecuencias ha generado realmente sobre el territorio”.
La actuación procesal de AGUAIURIS, dirigida jurídicamente por la letrada Pilar Esquinas Rodrigo, ha sido “determinante para revertir el archivo inicial y llevar el asunto de nuevo ante los tribunales”, señalaron desde la asociación. El trabajo sostenido de la organización, agregan, “ha permitido mantener viva una causa que ahora entra en una fase decisiva: la de la comprobación judicial y policial de los hechos, la revisión completa del expediente administrativo y la eventual depuración de responsabilidades”.
Desde la asociación insisten en que “este procedimiento no solo afecta a Puente Mesa, sino que abre un debate de fondo sobre la forma en que determinadas actuaciones promovidas por la Confederación Hidrográfica del Duero se están imponiendo sobre el territorio”. Así, AGUAIURIS sostiene que “debe investigarse si la gestión desarrollada en este caso respondió a una lógica autoritaria, opaca y destructiva, incompatible con la transparencia administrativa, la defensa del medio ambiente y el respeto al patrimonio y a los municipios afectados. Esa valoración pertenece al ámbito de la denuncia social y jurídica de la asociación, pero a partir de ahora será el proceso judicial el que deberá aclarar los hechos, el expediente y el alcance real de la actuación”.
Con la reapertura del caso, la investigación entra en una nueva etapa en la que “el papel del SEPRONA y la entrega del expediente completo por parte de la CHD serán ahora piezas esenciales para determinar si la demolición del azud de Puente Mesa fue una actuación legalmente correcta o si, por el contrario, existen responsabilidades que deban ser exigidas”, detallan desde AGUAIURIS al tiempo que añaden que “lo que ya ha quedado claro es que el caso está vivo, que la denuncia de AGUAIURIS ha sido admitida y que la Justicia considera necesario investigar”.
