Iniciada la campaña electoral, sería necesario que las fuerzas políticas se manifestaran ante la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas propuesto recientemente. Un modelo que solo aparta 271 millones de euros adicionales a la Comunidad de Castilla y León, al mismo tiempo que reduce sus ingresos globales en -581 millones de euros. El modelo propuesto por el Ministerio de Hacienda somete a revisión el actual modelo de financiación de las Comunidades Autónomos modificando la cesta de impuestos cedidos, el cálculo de la población ajustada, la estructura de fondos del sistema, así como otros aspectos de su funcionamiento, como la gestión tributaria de los gravámenes y la recaudación de determinados impuestos, lo cual sería alterar la caja común. La inyección de 21.000 millones de euros en el sistema, deriva del aumento de los porcentajes de cesión del IRPF (del 50 al 55%) y del IVA (del 55% al 56,5%), lo que supondría la cifra de 15.756 millones, a lo que sumaría las transferencias del Estado: la recaudación del IVA de las Pymes (2.084 millones), la dotación del Fondo Climático (1.004 millones) y las compensaciones a las Comunidades perjudicadas (404 millones). Una cesión de nuevos porcentajes que impediría al Estado cumplir sus funciones básicas, en especial la de solidaridad interregional.
También de modifica el mecanismo de nivelación horizontal, realizado actualmente por el Fondo de Garantía, pero sin aportación estatal, y se añade la recaudación de los impuestos cedidos desde la última reforma (actividades de juego, depósitos en entidades de crédito y residuos) y del Impuesto sobre el Patrimonio. Se modifica el mecanismo de nivelación vertical, se suprimen los Fondos de Convergencia y se reforma el Fondo de Suficiencia.
Al propio tiempo que se crea el Fondo Climático con una dotación de 1.004 millones de euros, y embargo 2/3 de dicho importe se reserva para las Comunidades Autónomas ribereñas del Mediterráneo.
También se establece un sistema opcional referente al IVA de las Pymes, de modo que se podrán recibir transferencias adicionales ligado al IVA recaudado por las Pymes por aquellas Comunidades cuyo peso en la recaudación total de IVA Pymes sea mayor que peso en el consumo.
Por último, se revisa del cálculo de la población ajustada, la mejora del cálculo de la recaudación normativa de los impuestos cedidos tradicionales y se establece la opción de la financiación de las competencias no homogéneas a través de una participación adicional en el IVA.
Un elemento esencial de la propuesta es la citada aportación del Estado al sistema de financiación de 21.000 millones de euros y el aumento de los porcentajes de cesión del IRPF y del IVA, lo cual agravará los problemas financieros del Estado que ya padece un déficit estructural y dejará al Estado con muy poco margen presupuestario en un momento en que existe una presión sobre los ingresos para hacer frente al nuevo gasto en defensa y por el creciente déficit contributivo de la Seguridad Social. Se suprimen los fondos de convergencia y se modifica el fondo de suficiencia, se establece un mecanismo de Nivelación Horizontal muy similar al actual Fondo de Garantía y se crea un Mecanismo de Nivelación Vertical con la intención de eliminar una parte de las disparidades tras la nivelación horizontal, pero se crea el Fondo Climático y el Mecanismo IVA Pymes que reintroducen una cierta arbitrariedad. El Fondo Climático está dotado de 1.000 millones de euros, pero se prima fuertemente a las Comunidades del litoral mediterráneo. Al mismo que la imaginación normativa se ha inventado otra fuente de financiación a Cataluña mediante una prima a cuenta del IVA de las pymes societarias, y se piensa en determinar con mayor precisión la recaudación normativa de los tributos cedidos.
Además, con la excusa de evitar el dumping fiscal se piensa limitar la capacidad tributaria de las Comunidades Autónomas, lo que afecta a su autonomía tributaria en contra de lo indicado en el artículo 156 de la Constitución. Una novedad pensada para perjudicar a la Comunidad de Madrid.
En resumen, la propuesta de reforma propone la profundización en un modelo de financiación de las Comunidades Autónomas asimétrico, que beneficia a determinadas Comunidades y perjudica a otras, como la Comunidad de Castilla y León, al mismo tiempo que se pone en peligro la caja común y el principio de solidaridad.
El resultado de la reforma es que se beneficia a las Comunidades peor financiadas con una ganancia de 468 euros por habitante en Murcia y 596 euros para la Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo que la reforma beneficia a las Comunidades ricas: Madrid 409 euros y 450 euros para Baleares, siendo la mayor ganancia para Cataluña con 507 euros. Mientras que las Comunidades peor tratadas son Cantabria, La Rioja, Extremadura y Castilla y León, que han de conformarse con mantener el statu quo. Valencia gana cuatro puntos y Murcia 4,3, seguidas de las Comunidades ricas de Cataluña con 4,2 puntos, Baleares con 2 puntos y Madrid 1,9. Andalucía gana una modesta ganancia 1,2 puntos, Castilla La Mancha pierde -0,6 puntos, Canarias pierde 3,3 puntos, Aragón 4,1 y Asturias y Galicia pierden 6 y 7 puntos respectivamente. Castilla y León pierde 9,7 puntos, quedando con una financiación de 3.616 euros por habitante, por debajo de una media nacional de 3.731 euros, de modo que tras la reforma ha de aportar +581 millones de euros.
Se mantiene el statu quo del actual sistema para Cantabria, La Rioja, Extremadura y Castilla y León, mientras Cataluña recibe + 507 euros por habitante. Cataluña ganaría 1.268 millones por nivelación vertical, 216 millones por el cambio climático y 1.441 millones por la recaudación del IVA, es decir, el 55% del total de los nuevos ajustes de la reforma. Cataluña aportaría 31.448 millones y percibiría 30.367 millones de euros por la financiación autonómica, es decir la aportación neta actual de 2.266 millones pasaría entre -1.185 y -1.456 millones de euros anuales menos al sistema.
La ministra de Hacienda presentó además el nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, tras el visto bueno de Esquerra Republicana, después de la reunión del presidente del Gobierno con Oriol Yunqueras, donde se prometió garantizar el principio de ordinalidad y una financiación adicional para Cataluña de cerca de 5.000 millones de euros anuales. Sin embargo, no nos encontraríamos ante un nuevo sistema sino ante una modificación del existente y regulado en la Ley 22/2009.
