En ocasiones, es la única puerta abierta para el ciudadano que emprende una reclamación atosigado por el hartazgo de que nadie le escuche. El Procurador del Común sí lo hace, y aunque no está capacitado para garantizarle el éxito de su pretensión ya que sus resoluciones no son vinculantes, al menos demuestra que esa puerta permanece abierta. Una figura concebida como espejo del Defensor del Pueblo en el resto de comunidades que en el pasado año 2025 atendió 114 reclamaciones procedentes de la provincia de Segovia, poco más del 5 por ciento del total de Castilla y León, que ascendió a 2.206 más 143 actuaciones de oficio. Todo ello dio lugar a 6.410 nuevos expedientes ya que se recibieron 17 quejas múltiples que ahora se computan como una sola pero que dieron lugar a 4.078 expedientes.
El 5,17 por ciento del total tuvo su origen en Segovia, siendo León con 524 la provincia que lideró la tabla, seguida de Valladolid, con 339; Burgos, con 219; Palencia, con 164; Ávila, con 143; Salamanca, con 139; y por detrás de la provincia segoviana Zamora y sus 110 y Soria con 77, según los datos del balance del año 2025 del Procurador del Común de Castilla y León, personificado en el catedrático de Derecho Administrativo Tomás Quintana López.
¿De qué se queja la gente?
Respecto a la materia objeto de las reclamaciones, la Administración Local es el principal destino de la ‘ira’ ciudadana, algo de lo más lógico ya que “son miles los entes locales que tiene la comunidad y Segovia no es una excepción”, opina el propio procurador y porque la materia más tratada suelen ser los asuntos más cercanos a la gente y servicios que los municipios están obligados a prestar. “Son servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua, limpieza, alumbrado, aguas residuales… Hay pequeños municipios que tienen dificultades para prestarlos y de ahí nos llegan muchas quejas”, subraya Tomás Quintana.
En el ámbito de Segovia, según datos del órgano de las Cortes, las reclamaciones sobre Administración Local coparon un 26 por ciento del total, 30 de las 114, algún punto más en comparación a la comunidad autónoma, donde representó en torno al 22 por ciento. Le siguieron las relativas al Medio Ambiente (17), un 15 por ciento; Fomento (16), un 14 por ciento; Educación (11), el 10; Familia y Juventud (9), el 8 por ciento; Interior y Justicia (7), el 6; o Hacienda (6) un 5 por ciento, entre otras. Destaca una queja múltiple datada en Marugán con 248 expedientes sobre la necesidad de limpieza de solares y fincas por el riesgo de incendio, un proceso que está todavía en tramitación.
Llevadas estas cifras a los temas concretos, desde el Procurador del Común informan de que se han dictado resoluciones relativas, dentro de la temática de la Administración Local, a la pavimentación de vía pública, el mantenimiento de inmuebles de titularidad municipal, abastecimiento de agua potable o deficiencias en el depósito, aprovechamiento de bienes comunales, alumbrado público o la solicitud de retirada de apoyo en fachada, recogida de RSU relacionado con la ubicación de contenedores de basura, limpieza viaria, solicitud de desbroce y sobre arbolado urbano con solicitud de poda. Lo dicho, los temas más cercanos a la ciudadanía. En los casos que son estimados, el modus operandi del procurador es dirigirse a la administración competente, primero para que aporte información o datos y en función de los mismos para que adopte alguna de sus recomendaciones o tome cartas en el asunto, si bien se trata solo de eso, de una recomendación que no es vinculante.
En el área de Fomento, el informe menciona que hubo en 2025 resoluciones sobre la ubicación de alguna parada de autobús de transporte interurbano y escolar ante la que el reclamante expresaba su disconformidad. También sobre el servicio de transporte urbano a la Estación de AVE de Segovia–Guiomar por alguna queja referente a que los horarios de las dos líneas eran insuficientes para la alta demanda de pasajeros que utilizan ese servicio. El procurador envió al Ayuntamiento de Segovia la recomendación de que se ampliara dicho servicio, especialmente en horas punta. En este apartado de Fomento también aparecen solicitudes de limpieza de solares unidas al peligro o riesgo de incendio en los mismos o la denegación de ayudas al alquiler.
En cuanto al Medio Ambiente, se citan las molestias causadas durante la celebración de algunas fiestas patronales, el proyecto de instalación de una antena de telefonía móvil de comunicaciones en una Zona de Especial Protección Medioambiental, también en Marugán, o las molestias por una pista de pádel municipal o la utilización de herbicidas tóxicos en el casco urbano y los perjuicios por instalaciones deportivas en Tabanera del Monte. En algunas de las resoluciones remitidas a este diario aparecen los lugares de los que parte la queja y en otras no.
En Educación destacan las de alumnos con necesidades específicas de apoyo, llaman la atención varias de empadronamientos fraudulentos en el proceso de admisión de alumnos y la disconformidad con los criterios de admisión en el 2º ciclo de Educación Infantil en centros docentes, algo que se repite en más zonas de Castilla y León.
Respecto a la Agricultura y Ganadería, no se cita el municipio en cuestión pero sobresale una resolución en la que se recomienda al ayuntamiento tomar medidas de control y protección ante la proliferación de fauna felina en el pueblo al tiempo que se insta a la Diputación a que colabore en dicha solución.
Más asuntos atañen a la Sanidad y sus listas de espera, tarifas de acceso a instalaciones deportivas en las que se diferencia entre empadronados y no empadronados o en lo relativo a Hacienda las quejas sobre algunos impuestos y plusvalías, aunque no hay demasiada presencia de la nueva tasa de basura.
Actuaciones de oficio
Por último, el informa cita actuaciones de oficio de la institución, habilitada por ley aunque no medie queja ciudadana. En este apartado aparecen locales comerciales en desuso, plazas de aparcamiento para vehículos de personas con movilidad reducida, dotación de medios para la extinción de incendios, aseos accesibles en parques públicos incidiendo en el uso de personas ostomizadas, contaminación por nitrato en el agua potable (donde se recomienda a la Diputación que apoye a los municipios afectados), reserva de plazas para discapacitados en el empleo público, etc.
Total de Segovia: 114
ADMINISTRACIÓN LOCAL: 30 (26%)
MEDIOAMBIENTE: 17 (15%)
FOMENTO: 16 (14%)
EDUCACIÓN: 11 (10%)
FAMILIA, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y JUVENTUD: 9 (8%)
INTERIOR Y JUSTICIA: 7 (6%)
HACIENDA: 6 (5%)
EMPLEO PÚBLICO: 6 (5%)
SANIDAD Y CONSUMO: 4 (4%)
INDUSTRIA, COMERCIO, EMPLEO,
S. SOCIAL Y PRESTACIONES: 3 (3%)
AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL: 3 (3%)
CULTURA, TURISMO
Y DEPORTES: 2 (2%)
QUEJA MÚLTIPLE: 248 EXPEDIENTES DE LIMPIEZA DE FINCAS Y SOLARES EN MARUGÁN (CUENTAN COMO UNO)
“Nuestro punto de partida es ponernos en la situación del ciudadano”
El Procurador del Común en Castilla y León, Tomás González, destaca entre las materias de Segovia las quejas a la Administración Local o la limpieza de solares y apunta que la vivienda o la famosa tasa de basura no dieron excesivo trabajo
Desde 2018, el catedrático de Derecho Administrativo Tomás Quintana López ejerce de nexo de unión entre los ciudadanos, sus quejas y los organismos que pueden resolverlas. En esta entrevista comenta las entretelas de su labor y las materias tratadas durante el 2025 que acabamos de cerrar, con especial énfasis en aquellas enviadas desde Segovia.
—Veo que ha tenido un 2025 muy movidito…
—Ha sido un año muy intenso, pero no menos que los anteriores. Lo importante es seguir trabajando.
—El reportaje que acompaña esta entrevista se titula con que una de cada cuatro quejas segovianas atañe a la Administración Local. Es el eje de sus materias, ¿verdad? Los problemas cercanos del ciudadano: alumbrado público, agua potable, limpieza de las calles, etc.
—Efectivamente, como sucede en la comunidad. Una gran parte de las quejas se refieren a los entes locales porque son miles los que existen en la comunidad y Segovia no es una excepción. Suelen referirse a la actuación o falta de actuación de los municipios y los pequeños municipios. Sean grandes o pequeños tienen el deber de prestar determinados servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua, limpieza, alumbrado, aguas residuales… Hay pequeños municipios que tienen dificultades para prestarlos y de ahí nos llegan muchas quejas.
—Un tema estrella, que va más allá de Segovia y Castilla y León, es la famosa tasa de basura. ¿No les han invadido con este polémico asunto?
—Es un problema nacional que obedece a una ley estatal. Todavía no hemos empezado a resolver alguna reclamación que nos ha llegado. Es verdad que no se corresponde ese número de quejas con la entidad del problema. Además, es un tema que está judicializado, pendiente de recursos, por tanto no ha aparecido en otras instancias como es el Procurador del Común. Puede que eso lo explique.
—Llama la atención una queja múltiple con 248 expedientes sobre limpieza de solares y riesgo de incendios en Marugán. Parecen muchos.
—También se ha producido en otras provincias de Castilla y León. La limpieza de solares y fincas se repite todos los años, incluso en el espacio público del término municipal, que deben limpiarse o conservarse en función de si es una titularidad pública del municipio o privada de sus dueños. En 2025 fue más intensa con motivo de los grandes incendios del verano porque los vecinos se alarman al ver maleza en el entorno urbano, por ejemplo. En estos casos lo que hicimos fue resolver las quejas sin siquiera esperar el informe del propio ayuntamiento al entender que era una situación de urgencia que debía ser solucionada con prontitud. Lo que pasa es que muchas de ellas llegaron cuando los incendios ya habían pasado, en octubre.
—Una materia que motivó actuaciones de oficio de la institución que encabeza. ¿Cuál es el mecanismo de estas intervenciones de oficio que no proceden a instancia de parte?
—Es muy sencillo. La ley que nos regula habilita al procurador a promover actuaciones de oficio cuando tiene conocimiento de alguna situación en la que, pese a no ser objeto de queja, considera que es necesario que la administración que sea competente deba abordarla y nos dirigimos a ella para alertarla y le damos nuestra visión. Le pongo un ejemplo relacionado con los incendios. Hace un mes dictamos una resolución encaminada a la Administración autonómica para que valore la oportunidad de promover mediante incentivos el uso de ganado extensivo para la limpieza de los montes, algo que tradicionalmente se hacía cuando había más actividad ganadera. Ahora las explotaciones son distintas y no existe en algunas zonas esa ganadería extensiva y esa limpieza de los montes con el pastoreo. Consideramos que la Junta debe valorarlo. Otras veces conocemos un asunto que creemos que puede extenderse a otras provincias y por ello dirigimos a la Administración regional, por ejemplo, alguna reclamación sobre el mal uso del patinete en las ciudades provocando hasta accidentes. Nuestra visión podemos extenderla a otros grandes municipios en los que no se produjeron quejas hasta ahora.
—Dígame alguna que le haya llamado la atención sobremanera, aunque no sea de Segovia.
—Bueno, pues…
—Son miles, lo entiendo…
—Pues otra de oficio, también en la zona de Segovia, relacionada con el mal estado del agua que se abastece en algunos municipios o por el uso de fertilizantes, la contaminación por nitrato u otros componentes químicos en proporción superior a la legal. Alguna la conocimos a través de los medios de comunicación o por algún estudio universitario. Hemos actuado de oficio porque creo que atañe a la prestación de un servicio público esencial. No es un problema exclusivo de los pequeños municipios y debe encontrarse solución en administraciones de mayor rango. Nos hemos dirigido a las nueve Diputaciones, que tienen entre sus competencias colaborar con esos pequeños municipios en la prestación de esos servicios, para que intervengan.
—Choca también que pese a que el problema de la vivienda y los alquileres es muy serio en España, no han recurrido en exceso a su organismo.
—Sí tenemos quejas, pero sobre todo por la gestión de las ayudas al alquiler, los retrasos en la resolución de los recursos, subvenciones denegadas, etc.
—¿Tiene la sensación o alguna vez ha pensado que le gustaría hacer más, es decir, tener más poder para así ayudar a los ciudadanos a resolver sus problemas?
—Nosotros hacemos lo que podemos. Evidentemente, tenemos que ajustarnos al marco normativo que nos impone la ley reguladora de la institución del Procurador del Común, casi idéntica a la del Defensor del Pueblo en otras comunidades. Somos conscientes de que nuestras resoluciones no son vinculantes. No podemos ir más lejos que defender nuestras resoluciones y las administraciones, entendemos que de forma responsable, las aceptan o las rechazan. Son las reglas del juego y debemos aceptarlas.
—¿Y cómo encajan los ciudadanos alguna respuesta que sea contraria a sus intereses?
—Tanto las estimatorias como las de rechazo son fundadas y motivadas. Es nuestra forma de actuar. Aquellas en las que no les apoyamos no les serán tan gratas.
—Es usted un testigo muy fiable sobre si las administraciones están o no muy alejadas de lo que sucede en la calle.
—Siempre nos ponemos en la situación del ciudadano que se queja, porque casi siempre tiene algo de razón. Es nuestro punto de partida.
—Lleva desde el 2018, ¿querrá repetir?
—Lo decidirán las Cortes. Lo que me corresponde es trabajar con la máxima intensidad y voluntad. De lo demás no me puedo ocupar.
