La condena del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, marca un punto de inflexión en la vida institucional y política de España. No es un episodio aislado. Es un golpe directo a la credibilidad del Gobierno de Sánchez, pues durante varios meses defendió hasta lo insaciable con una serie de discursos al hombre que ha sido inhabilitado por revelación de secretos.
Y ahora viene la ironía más amarga ya que no hace tanto, que Sánchez exigía públicamente saber “quién iba a pedir disculpas al Fiscal General”. Pero hoy la pregunta es al revés y la respuesta no es cómoda para Sánchez.
El Tribunal Supremo ha condenado a García Ortiz a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200€ y una indemnización de 10.000€ por revelar información reservada del procedimiento contra Alberto González Amador, novio de Isabel Ayuso. Es un hecho histórico ya que nunca antes un Fiscal General había sido sancionado por vía penal y sobre todo que se ha vulnerado un secreto profesional desde lo más alto de la Fiscalía.
El fallo no ha sido unánime, pero si contundente, ya que cinco magistrados apoyaron la condena y dos emitieron un voto particular. Este matiz ha sido tan serio que ha dividido a los propios jueces.
La reacción del Ejecutivo de “respetamos la sentencia, pero no la compartimos” para así no enfrentarse abiertamente al Poder Judicial.
Pero todo esto es producto directo del criterio del Gobierno, de sus nombramientos y de su defensa pública reiterada de García Ortiz.
Pero eso sí, Sánchez nunca pierde ocasión como garante de la ética institucional y esta vez ha caído en su propia trampa. Sánchez ha construido un discurso creyéndose con una superioridad moral y como es normal el golpe es doble cuando la realidad es otra. Todos los discursos que ha hecho sobre este tema, exigiendo disculpas para el Fiscal General y además insinuando que todo era una campaña contra él, presentándolo como una víctima. Pero ahora, con una condena firme, eso ya no se sostiene.
Y todo esto ha supuesto reacciones en la oposición, por una parte el PP ha celebrado el fallo y ha recordado que Sánchez fue quien colocó a García Ortiz al frente de la Fiscalía. VOX ha ido más lejos, calificando el caso como una muestra de la “colonización” de las instituciones por parte del Ejecutivo. Y por el contrario Sumar y Podemos han hablado de “golpismo judicial”, alegando que la condena es un intento del Poder Judicial de influir en la agenda política.
Pero el fondo del asunto es que sea cual sea la interpretación política, la condena está ahí y las consecuencias institucionales serán inmediatas.
Lo que está en juego más que un nombre propio, son la independencia judicial, el papel del Gobierno en los nombramientos y el respeto a la Justicia.
Los discursos de Sánchez muchas veces se han construido en torno a la regeneración democrática y la defensa de la ética pública y la condena del Fiscal General es todo lo contrario.
La pregunta ahora es ¿quién debe disculparse y con quién?
La condena del Fiscal general no tiene vuelta atrás. ¿Cómo la afrontará el Gobierno? Reforzando las instituciones o creando un episodio más de confrontación y desgaste político.
Sánchez tiene la palabra, ¿lo hará? Ver para creer.
