Las normativas europeas crecen sin parar y los ciudadanos sufren sus consecuencias. La última imposición de la Comisión Europea se refiere a la Tasa de Gestión de Residuos (TGR), que está siendo muy controvertida. La “Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular” determina que en poblaciones de más de 5.000 habitantes, los Ayuntamientos se encargarán de la gestión de los residuos, o sea de las basuras. Lo cual no parece que sea nada nuevo. La novedad desagradable para ciudadanos, empresas y en general para quienes generan residuos, es la elevada tasa que se impone. Como suele ocurrir, las invenciones burocráticas poco amistosas para agricultores, ganaderos y trabajadores en general, suelen venir de Bruselas.
¿Cuál es el motivo de tal ocurrencia? En esta ocasión la inventiva bruselense invoca el principio “quien contamina, paga”, que según los eurócratas es una verdad irrefutable. Sin embargo, no es un principio jurídico. La idea de contaminación atmosférica se pretende aplicar a la producción de residuos, derivado del uso habitual y pacífico de una vivienda o de una instalación empresarial. Pero en esta nueva imposición de la política burocrática, además de la simple y necesaria recogida de basuras, los eurócratas han incluido también la gestión, es decir: el transporte, la correcta separación de basuras, la reutilización, la venta de materia prima secundaria (beneficio, por cierto, que debería retornar al “productor” del residuo), los costes de información a los generadores de residuos y los costes de comunicación (¡!) de datos de conformidad (El Adelantado, 22/10/2025).
Tal cantidad de elementos integrantes de la gestión no es nada fácil de aplicar, (por no decir imposible, si se respeta el derecho de cada ciudadano). Así que, ante la dificultad de concretar la aplicación de la Ley -salvando la justicia- los Ayuntamientos han tirado por la calle de en medio, lo que está provocando las justas protestas de los perjudicados. En un gran municipio cercano han ideado un método que consiste en establecer una Tarifa Básica (TB), según el tramo del valor catastral del inmueble; una segunda Tarifa por Generación de residuos (TG); según la cantidad de residuos por persona/ año y el barrio donde esté el inmueble; y un Coeficiente por Calidad de Separación (CCS). Y recurriendo a las matemáticas (lo único riguroso de todo esto), se llega finalmente mediante la siguiente fórmula: Cuota a pagar = TB + (TG x CCS). No es preciso hacer números. Salga lo que salga la cantidad será superior a la tasa actual por recogida de basura. Y sobre todo, será más de lo que debería pagar cada uno –exclusivamente- por los residuos que genera.
Pues los cálculos por grupo, sea por barrio o por el catastro son estimaciones generales que ignoran a los individuos. Y ¿cómo calcular la calidad de la separación de basuras o la cantidad de residuos producida por año? ¿Pondrán inspectores/as de gestión de basuras? Una vez más, la Comisión impone su burocracia asfixiante y de paso nos viene a la memoria la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN) y su proyecto de “reordenar” el medio natural eliminando presas en los ríos y otras medidas de efectos lamentables, recientes.
