La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural publicaba este martes los datos correspondientes a la campaña de solicitudes únicas de la PAC en Castilla y León. Tras un plazo que en la región se extendió hasta el pasado 2 de junio, la Junta ha registrado hasta 60.757 expedientes, 5.314 de ellos en la provincia de Segovia. Esto supone un descenso del 4,8 por ciento respecto a la PAC 2024, cuando se registraron un total de 5.580 expedientes. Supone por tanto un decrecimiento por encima de la media de la Comunidad, donde los datos cayeron un 3,6 por ciento. El viceconsejero de política agraria comunitaria y desarrollo rural, Jorge Llorente, ha señalado que “viene siendo la tendencia que no solamente tiene España sino también la tiene Europa” , aunque destaca que el descenso de solicitudes es “con menos pendiente” que a nivel nacional.
Son menos propietarios pero con terrenos más extensos, como refleja el incremento de hectáreas registradas, que en el conjunto de Castilla y León alcanzan los 5,3 millones. No obstante, Segovia registra la cifra más baja en relación al resto de provincias con 359.002 hectáreas registradas. Las extensiones de cultivo para cereales de invierno son las más numerosas, especialmente en cuanto al trigo, con más de 80.000 hectáreas registradas. En el plan también se incluyen 63.567 hectáreas de cebada. Destaca también el cultivo de girasol con 31.068 hectáreas. Asimismo, es especialmente numeroso el terreno dedicado a pastos, que supone cerca de 100.000 hectáreas, la tercera parte del total y se registran 34.577 hectáreas que este año se encuentran en barbecho.
Llorente también ha señalado los objetivos que persiguen desde la institución regional para esta campaña, destacando la importancia de “afianzar los importes de la ayuda básica, mantener los pagos complementarios retributivos y tanto mantener el potencial productivo de nuestra Comunidad Autónoma”. Ha destacado además la profesionalidad de los trabajadores del campo; “el papel de los productores es fundamental en la sociedad de hoy mismo, son los que garantizan la seguridad alimentaria. Tenemos que tener una protección ante prácticas desiguales en otros mercados que influyen en nuestros productos y tenemos que buscar esa sostenibilidad económica”.
Desde la Junta esperan que al menos el 90 por ciento de las ayudas a los agricultores se hayan ejecutado para finales de este 2025, algo que de cumplirse podría ser un hito que demostraría el gran compromiso de la Junta con el campo de Castilla y León, ya que en las últimas ediciones no se han podido alcanzar dichas cifras hasta el transcurso de aproximadamente un año tras la publicación de los beneficiarios, una cuestión que desde las asociaciones de agricultores se ha reclamado en anteriores ocasiones.
«Escuchar al campo»
Aunque el acceso a estas ayudas es vital para mantener las explotaciones agrarias, desde las asociaciones del sector ven el descenso en el número de solicitudes con preocupación. Para César Monjas, presidente de Asaja Segovia, ese 4,8 por ciento menos que se ha registrado en la provincia, significa que “cada vez queda un número menor de agricultores en nuestro sector, debido a la falta de rentabilidad y principalmente de los cultivos extensivos”, lamenta. “También estamos viendo que las incorporaciones de jóvenes son menores año tras año, porque es un sector que para poder hacerlo rentable requiere unas inversiones grandísimas que una persona joven no puede afrontar”, señala.
En cuanto al aumento significativo, tanto en la provincia como en el conjunto de la Comunidad de los cereales de invierno, con 1.893.272 hectáreas, 181.172 más que la campaña anterior, es decir, un 10,5 por ciento de incremento, Monjas coincide en que son una buena noticia. Según el presidente de Asaja, esto ha sido posible “gracias a que se hizo una sementera adecuada debido al buen tiempo, mientras que en 2023, se sembró de muy mala manera debido a las lluvias, que impedían incluso entrar en las parcelas”, aunque lamenta que “los precios no acompañan” en estos cereales, ya que “para poder hacer rentable nuestro cultivo tendría que subir el cereal en torno a un 35 por ciento”. Para mejorar esta rentabilidad, Monjas apunta a que una solución sería “imponer mayores aranceles a la gran cantidad de grano que llega de Europa del Este, sobre todo de Ucrania”, así como “aplicar medidas directas a la compra de fertilizantes”, debido al incremento de precios que se ha percibido en los últimos años.
Respecto a otros cultivos, también ha destacado la disminución en la superficie destinada al cultivo de remolacha, que en esta última campaña apenas ha alcanzado las 730 hectáreas. “Es un dato que nos ha llamado mucho la atención y que se debe a la falta de rentabilidad de este cultivo a lo largo de toda Castilla”. explica.
Asimismo, cree que aunque estas ayudas son “imprescindibles” para que los trabajos agrícolas no se pierdan, también son “insuficientes” y pide que se centre el foco en mejorar los medios de los que dispone el campo, “hace falta ayuda pública para que se pueda sostener el sector”, así como impulsar la inserción laboral en el mundo agrícola “porque cada vez hay menos personal”. Además, reclama “que la burocracia sea menor y que las normas que se implementen escuchen a la voz del campo, que escuchen al sector y a las organizaciones agrarias”.
En qué consisten las solicitudes únicas a la PAC
La campaña de solicitudes únicas de la PAC 2025 se refiere al proceso anual mediante el cual los agricultores y ganaderos presentan una solicitud unificada para acceder a las ayudas directas y otras intervenciones de la Política Agraria Común (PAC) para el año 2025. Esta solicitud, conocida como ‘Solicitud Única’, es un trámite administrativo que permite a los productores agrícolas y ganaderos optar a diversas subvenciones. Su objetivo es el fomento de un sector agrario inteligente, resistente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria, intensificar el cuidado del medio ambiente y fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.
La campaña 2025 se enmarca en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, que ha introducido novedades como los ecorregímenes y una mayor condicionalidad para cumplir con requisitos ambientales y sociales.
