Cerca del cinco por ciento de los segovianos viven con menos de 5.000 euros al año. Esto quiere decir que de las 51.647 personas que a día 1 de enero de 2024 vivían en Segovia, más de 2.500 apenas sobreviven con 13 euros al día.
Se trata de una cifra preocupante que se eleva al hablar de la región, donde según datos de la última encuesta de condiciones de vida, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a datos de 2023, la tasa de riesgo de pobreza supera el 18 por ciento. De ellos, se encontraban en situación de carencia material y social severa un 6, 4 por ciento. En el conjunto nacional, el número de personas en riesgo de probreza es del 26,5 por ciento, mientras que respecto a la carencia material, esta cifra se eleva hasta el nueve por ciento, lo que supone un aumento respecto al 7,7 por ciento registrado en España durante 2022.
Respecto a la tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, Castilla y León se encuentra a la mitad de la tabla, con un 22,4 por ciento. En relación a otras Comunidades, las tasas más elevadas se dieron en el año 2023 en Andalucía (37,5%), Canarias (33,8%) y Extremadura (32,8%).
En el lado contrario, País Vasco (15,5%) y Comunidad Foral de Navarra (17,2%) presentaron las tasas de exclusión social más bajas. Respecto a las tasas de riesgo de pobreza, las más elevadas se dieron en Andalucía (30,5%), Extremadura (27,6%) y Canarias (26,1%).
País Vasco (10,2%), Comunidad de Madrid (12,9%) y Comunidad Foral de Navarra (13,8%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas.
Según el avance de los resultados de la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación Foessa y Cáritas, realizada el pasado semestre a 12.500 hogares y que ha sido presentado este martes, la exclusión residencial ha sido uno de los problemas que “más ha empeorado” en el país en 2024.
Al respecto ha opinado el secretario técnico de la Fundación Foessa, Raúl Flores, quien indica que “El avance del informe Foessa que presentaremos el año próximo muestra cómo nos dirigimos a una sociedad del riesgo, en la que se puede tambalear la vida de distintos estratos de la sociedad y no sólo de aquellos que ya vivían en la incertidumbre”
En concreto, señaló que el avance de la encuesta, realizada el pasado semestre a 12.500 hogares en todo el país, refleja “dos tendencias preocupantes”, por un lado, la reducción del 51 por ciento en 2018 al 45 por ciento en 2024 de las personas que tienen una integración plena en la sociedad, es decir, que no tienen ningún rasgo de exclusión social.
Por otro lado, el estudio revela que se ha producido “un engrosamiento de las situaciones severas de la exclusión social” pasando del seis por ciento en el año 2007 al nueve por ciento en la actualidad. Esto significa que alrededor de 4,3 millones de personas en España sufren la exclusión social más severa, 1,4 millones más que antes de la gran recesión.
Casi tres millones de hogares en España destinan un gasto excesivo a la vivienda y los suministros, lo que lleva al 14,1 por ciento de las familias a caer en una situación de pobreza severa, al dedicar más del 70 por ciento de sus ingresos al pago del alquiler.
El sobreesfuerzo por los costes de la vivienda afecta ahora a 6,8 millones de personas (el 14,1% de la población), un 1,7 por ciento más que en 2018 y casi un nueve por ciento más que en la crisis financiera de 2007.
Desde el INE se indica también que en la encuesta realizada durante 2023, el 9,3 por ciento de la población manifestó llegar a fin de mes con “mucha dificultad” en 2023. Este porcentaje fue 0,6 puntos superior al registrado el año anterior. Por su parte, el 37,1 por ciento no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 35,5 por ciento del año 2022.
El 33,1 por ciento de la población no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Este porcentaje fue 0,4 puntos inferior al registrado en 2022.
Aumenta la exclusión
El informe alerta también de que el 19 por ciento de la población en España, 9,4 millones de personas, se encuentran actualmente en situación de exclusión social, lo que supone un incremento del 16,4 por ciento con respecto a la crisis financiera de 2007, aunque con un descenso del 15,4 por ciento sobre 2023.
En Castilla y León, Foessa informa de que el 6,7 por ciento de la población en situación de exclusión social lo está debido a una situación de pobreza, mientras que en el 10,7 por ciento la población en situación de pobreza se encuentra socialmente integrada. El 25,4 por ciento de las personas en exclusión se encontraban en riesgo de pobreza extrema, mientras que un 18,6 por ciento estaba en situación de pobreza relativa.
Por Comunidades Autónomas, Murcia, La Rioja y Andalucía presentan las mayores tasas de personas en situación de exclusión por pobreza, 72,3;70,6 y 65,9 por ciento de incidencia respectivamente. Al extremo contrario se encuentra Baleares, donde la tasa se sitúa en el 38 por ciento, una cifra que no obstante sigue siendo alta.
Los jóvenes y las mujeres son los grupos que más sufren esta exclusión, especialmente en su vertiente más severa, que afecta a más del doble ahora que en 2007. Las familias con mujeres al frente se ven un 34 por ciento más afectadas que los hogares encabezados por los hombres.
En este aspecto, el de las familias, la exclusión social también se encuentra fuertemente asociada a determinados tipos de hogar, especialmente las familias monoparentales (29 %), a las familias con menores de 24 años (24 %), y a aquellas familias con alguna persona que sufre algún tipo de discapacidad (24 %).
“Hemos sido incapaces de superar las consecuencias que originó la crisis financiera que tuvo lugar hace más de una década”, ha resaltado Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas España, que ha definido la exclusión social como un problema de “claro carácter estructural” agravado por “la incapacidad de la economía y de las políticas para romper los ciclos de pobreza”.
La portavoz ha lamentado que actualmente 550.000 hogares han tenido que “vivir sin recibir ningún ingreso” en el último trimestre de 2024 y ha incidido en que “las mejoras económicas globales” como el aumento del PIB, la ocupación laboral o la población activa “no están repercutiendo sobre un grupo de población” cuya situación de crisis “va más allá de la coyuntura”.
POBREZA Y EMPLEO
La fundación recuerda que “el empleo ha dejado de ser un antídoto infalible frente a la exclusión social”, ya que el número de hogares cuya persona sustentadora principal tiene un empleo irregular (sin contrato y sin cobertura en la seguridad social) ha pasado de 1,3 por ciento en 2018 a 2,2 por ciento en 2024, y la inestabilidad laboral grave ha ascendido del 4,8 por ciento al 5,9 por ciento.
Raúl Flores también quiso subrayar la dificultad que presentan las personas en riesgo de exclusión social a la hora de encontrar un empleo y ha denunciado que, a pesar de haberse creado “un empleo formal, estable y con potencial integrador”, al mismo tiempo ha crecido “un empleo con baja remuneración y poca estabilidad”, a los que optan las personas más vulnerables o migrantes.
