Los diputados del Partido Popular por Segovia, María Cuesta y Pablo Pérez, denunciaron este martes «la negligencia» en la gestión del gobierno del PSOE respecto al régimen de protección especial (LESPRE) para el lobo, argumentando que «han aumentado significativamente los ataques la ganadería local, afectando económicamente a los ganaderos e incrementándose las tensiones en las zonas rurales».
Según los datos aportados por la diputada segoviana, en 2023 se registraron 401 ataques de lobos en la provincia, perdiéndose 736 cabezas de ganado, convirtiendo a Segovia en la segunda provincia de la Comunidad que más ha sufrido este tipo de siniestros.
Cuesta resaltó el «impacto devastador» de estas políticas puesto que «el número de ataques ha aumentado un 60% desde la entrada en vigor de la Ley de protección del lobo en 2020. Estos datos reflejan una crisis que pone en peligro no sólo a nuestro ganado, sino el sustento de nuestros ganaderos, de los hombres y mujeres del campo».
Por su parte, Pérez criticó «la falta de acción efectiva del gobiern»o para mitigar esta situación, señalando la desconexión entre las decisiones políticas y las necesidades reales del campo. «El gobierno de Sánchez ha optado por una gestión ideológica, sin considerar las graves consecuencias para el medio rural. La falta de ejecución de medidas como la línea de 20 millones de euros destinada a facilitar la convivencia entre grandes carnívoros y el ganado es un claro ejemplo de su negligencia».
Ambos diputados denunciaron que el PSOE y su diputado por Segovia, José Luis Aceves, han votado en contra de revisar esta legislación, de la Proposición de Ley que presentó el Grupo popular, mostrando un «total desinterés» por los problemas reales del sector agrario. «Este voto en contra refleja una falta de apoyo palpable al medio rural y sus agricultores y ganaderos», añadió Cuesta.
En respuesta a esta crisis, el Partido Popular está pidiendo un replanteamiento de la protección del lobo. Los diputados populares exigen la creación de un diálogo constructivo entre el gobierno y las comunidades afectadas para formular una política que realmente proteja tanto a la fauna como a la economía rural. Pérez ha insistido en que “es necesario establecer un equilibrio, entre la conservación del lobo y la protección de nuestra economía agraria. Queremos políticas que no solo se limiten a preservar especies, sino que también aseguren la supervivencia y prosperidad de nuestros agricultores y ganaderos”, a lo que Cuesta ha añadido que “lo que necesita el sector primario son incentivos para continuar, no pozos en los que enterrar su ganado”.
Los populares segovianos concluyen que es imperativo tomar medidas inmediatas para resolver esta situación crítica y evitar más daños al sector ganadero, invitando a todos los actores implicados a participar en un debate amplio para desarrollar soluciones sostenibles que permitan un futuro próspero tanto para la ganadería como para la agricultura en Castilla y León.
