La Fiscalía Provincial de Segovia ha solicitado una pena de tres años de prisión para quien fuera alcalde de Navas de Oro por la formación IU en las legislaturas 2007-2011 y 2015-2019, Ladislao González, por un presunto delito de revelación de secreto haciendo uso de su condición de autoridad.
Los hechos se remontan a la época preelectoral de municipales que se celebraron en junio de 2019 cuando, según la Fiscalía, el entonces alcalde “con ánimo de desprestigiar y perjudicar públicamente” en las elecciones municipales al candidato del PP a la Alcaldía entonces, Miguel Ángel Gallego, difundió la situación de irregularidad en que se encontraba la vivienda de su opositor político.
En el escrito de acusación del Ministerio Público se explica que en entonces alcalde hizo uso de su condición de alcalde de Navas de Oro, para acceder a los archivos municipales, con la llave que poseía del depósito de los expedientes, “sin recabar la intervención y consentimiento de la secretaria-interventora del Ayuntamiento”, que era la encargada de la custodia de los documentos administrativos. De este modo se hizo con el expediente referido a la licencia municipal de obra del año 2010 relativo a la vivienda del candidato del PP.
“Con el fin de lograr su propósito, el acusado difundió la información del expediente urbanístico en beneficio propio y en perjuicio del candidato popular”, que se publicó en el
El Adelantado de Segovia, a través de una noticia de fecha de 7 de mayo de 2019 y
Además divulgó entre todos los vecinos de Navas de Oro una ‘carta abierta al pueblo de Navas de Oro’ el 20 de mayo de 2019 que fue difundida a través de la red social Facebook.
Dichas informaciones fueron aireadas en la prensa y a través de las redes sociales con múltiples reproducciones, lo cual su propagación “puede ser masiva, con datos identificativos, e información muy relevante, por la naturaleza de los mismos”, lo cual, según la Fiscalía “causó un riesgo objetivo de que pudieran ser utilizados por terceros y pudieran desprestigiar” al candidato del PP.
Los hechos, que serán enjuiciados, constituyen un delito de revelación de secretos por autoridad, tal como establece el artículo 417 del Código Penal, por lo que solicita para el acusado tres años de prisión, suspensión de cargo público durante dos años, el pago de una multa de 5.700 euros, y una indemnización de 6.000 euros para el perjudicado, el candidato popular.
