Pedro Sánchez aún no ha logrado la investidura. Ni siquiera hay oficialmente una fecha para el Pleno en el Congreso y el acuerdo al que ha llegado con Yolanda Díaz ya tiene consecuencias. Miles de millones de inversión de las empresas energéticas pueden no ponerse en marcha. El sector no sólo apela al impuesto “ad hominem” que le impuso el Gobierno alegando beneficios extraordinarios, caídos del cielo, también a la inseguridad jurídica que supone la continuidad de ese tributo cuando haya nuevo gobierno.
La primera voz de alarma la pronunció hace unos días el presidente de Repsol. Josu Jon Imaz se mostró muy preocupado y dejó caer la posibilidad de que nuestra gran empresa de refino, con tentáculos en muchos países del mundo, paralizara sus inversiones e incluso sacara su sede de España al modo Ferrovial. Este alegato de Imaz provocó una catarata de declaraciones en contra de miembros del Gobierno en funciones y muchos comentarios de incrédulos que opinaban que eso no llegaría a pasar. Sin embargo, con el paso de las horas se ha ido conociendo que el presidente de Repsol no hablaba a humo de pajas. El lunes mismo ya se filtraba a la prensa la posibilidad de que la multinacional española estudiara una a una sus futuras inversiones y no se descartaba que miles de millones quedaran paralizados hasta ver qué ocurría con la investidura y la posibilidad de un nuevo Gobierno PSOE-Sumar.
De hecho, varios medios publican que no sólo sería Repsol la empresa que se estaba haciendo este mismo planteamiento. “ABC” hablaba de que la inseguridad jurídica y el ataque al sector que pretende el futuro nuevo gobierno, si es que finalmente se pone en pie, podría poner en riesgo hasta 12.000 millones de euros de inversión del sector energético. Las consecuencias negativas de esos posibles pasos son fáciles de adivinar y más en un contexto como el actual con una guerra que dura ya demasiado entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Oriente Próximo.
Nunca antes la empresa española ha sido tan atacada desde un Gobierno, cuando España lo que necesita son muchas más grandes empresas, más competitividad, más inversión y más empleo. Y esto es sólo el principio. El acuerdo de gobierno sellado entre Sánchez y Díaz va a dañar todos y cada uno los sectores productivos y a los ciudadanos con más impuestos, mayores cotizaciones e inseguridad para afrontar inversiones y gastos que paralizarán la economía, mientras España sigue a la cola o se lleva la palma en todos los rankings de la Unión Europea.
