El europarlamentario del PP Miguel Arias Cañete manifestó ayer su enorme preocupación por el hecho de que España «no ha influido nada» en el proceso de reforma de la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2014-2020. Por ello, señaló que «hace falta cerrar filas, fijar una posición nacional y defenderla», una propuesta que apoyaron la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, y las organizaciones agrarias.
El 18 de noviembre se publicó una comunicación «en la que los intereses españoles están totalmente, ausentes», ya que no se ha forjado previamente una «posición nacional» y no se ha influido ni en la Comisión ni en el Parlamento Europeo de forma suficiente, por lo que España puede «llegar tarde» a la negociación y reclamó un acuerdo entre las fuerzas políticas y las organizaciones agrarias. Por ello, lamentó, la comunicación «dibuja tres escenarios de reforma» que son contrarios a los intereses españoles ya que implican una importante redistribución de fondos entre estados y comunidades autónomas, algo que perjudicará a Castilla y León, segunda comunidad española perceptora de fondos, donde éstos suponen el 24% de la renta agraria, lo que permite su subsistencia.
En este sentido, el ex ministro de Agricultura indicó que «hace falta cerrar filas, fijar una posición nacional y defenderla», y advirtió que, por primera vez, España está fuera de una alianza estratégica ya firmada por Alemania y Francia, a la que se ha sumado Hungría, mientras el país intenta todavía fijar una alianza nacional.
En resumen, consideró que «la mejor política de desarrollo rural es una política agraria inteligente, y si el agricultor no gana dinero, los agricultores abandonan los pueblos» y, por tanto, concluyó, «se trata de defender la viabilidad de los productores, el mantenimiento de un nivel de ganancias competitivo», así como estabilidad de precios.
Por su parte, la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, coincidió en reclamar que «España tenga una posición de fortaleza» y exigió al Gobierno «que mantenga una interlocución permanente con las comunidades autónomas» para abordar la comunicación de la reforma de la PAC. Esta comunicación, señaló la consejera, «tiene aspectos de los que a priori no nos da ninguna seguridad, ninguna garantía acerca de lo que va a suceder en el futuro».
«Lo más importante es contar con una PAC fuerte y con suficiente presupuesto, y esta comunicación no recoge nada en relación al presupuesto», indicó Clemente, quien añadió que «se parte de la necesidad de redistribuir los fondos» porque «hay un fuerte desequilibrio» entre países, desde los 800 euros por hectárea que perciben en Malta hasta los 94 de Letonia, y España está en la media, con 272 euros por hectárea.
Por tanto, insistió, «para España es muy importante asegurar los criterios de redistribución, no se pueden perder fondos económicos, mucho menos Castilla y León», donde existen más de 90.000 beneficiarios de estas ayudas, que alcanzan los 923 millones de euros -hoy mismo se inicia el trámite de pago de 450 millones de euros-. «Es fundamental mantener la PAC, que las rentas que perciben agricultores y ganaderos son necesarias para asegurar sus ingresos, no son rentas adicionales», por lo que la consejera señaló que «la defensa de esta política la tiene que apoyar la sociedad».
Las organizaciones agrarias también se mostraron de acuerdo en la urgencia de definir una postura nacional, de acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que posibilite la negociación con Europa y permita defender sus intereses.
El presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, consideró que los ejes principales de la PAC deberían ser «sistemas de intervención y mecanismos de control ante las importancias de terceros países», ya que los productores agrarios prefieren percibir sus rentas mediante la venta con precios justos.
El coordinador de UCCL, Jesús Manuel González, subrayó que ni el Gobierno ni las comunidades autónomas «han hecho los deberes» de cara a la negociación, y demandó pedir en primer lugar una postura regional, luego nacional y, posteriormente, buscar alianzas. Asimismo, demandó que las ayudas se concedan solo a productores a título principal, que se refuercen los organismos de intervención y se controlen más las importaciones para «no hacer una PAC coja».
En el mismo sentido, el coordinador regional de COAG, Aurelio Pérez, mostró su «preocupación» por el hecho de que la propuesta no vaya acompañada por un presupuesto, si bien consideró positivo «que se reconozca que existe un diferencial abusivo en la cadena alimentaria».
