La última argucia de la Generalidad para eludir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en español, ha sido cambiar la normativa autonómica que rige la enseñanza. Es peor que un desacato, es una burla. Un recurso para intentar eludir el cumplimiento de ésta sentencia y de otra anterior del Tribunal Supremo que determina que el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado al igual que las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas. Ambas sentencias son diáfanas en orden a proteger el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en el idioma que es la lengua oficial de España.
El gobierno de coalición de la Generalidad —presidido por Pere Aragonès, de ERC— juega al despiste. Confían en qué, siendo como son socios parlamentarios vitales para Pedro Sánchez, el Ejecutivo central ni les emplazará a que cumplan la ley, ni recurrirán al Artículo 155 de la Constitución como piden desde Ciudadanos y qué, dado su carácter coactivo, les obligaría a cumplir la sentencia. El PP amaga con acudir al Tribunal Constitucional. Cabe añadir que la posición ambigua del PSC en el debate sobre la lengua alienta el impulso insumiso de los gobernantes catalanes.
El resultado de todo este penoso asunto es que a las familias catalanas que querrían escolarizar a sus hijos en lengua castellana se las invita a llevarlos a centros privados porque en los colegios públicos la enseñanza seguirá impartiéndose en catalán quedando relegado el español a la condición de lengua “curricular”. Término que en la práctica supone que pasa a ser una asignatura más, como el inglés o el mandarín. El castellano pasaría a ser una asignatura —una más del currículo escolar— frente al carácter vehicular del catalán. Cuesta creer que estemos en España.
