La vicepresidenta económica se niega por ahora a revisar sus previsiones para este año con la excusa de que nadie sabe cómo y cuándo va a terminar la guerra emprendida por Putin. Pero es que Calviño ya se negó también a ponerlas al día cuando las incluyó en los Presupuestos Generales del Estado e incluso durante los meses de enero y febrero, cuando ya todos los expertos publicaban que el Gobierno estaba siendo muy optimista. De hecho, el consenso se situaba entre el 5% y 5,50%. Ahora, después de más de dos semanas de invasión rusa, con los precios de las materias primas desbocados (el INE ha revisado al alza el IPC de febrero hasta el 7,6% en lugar del 7,4%) y la falta de suministros vitales como algunos alimentos, el consenso de los economistas ya apunta a que el impacto sobre la economía española será más de un punto. Hay otros algo menos pesimistas, de momento, como EthiFinance, la mayor agencia europea de calificación, que sitúa el retroceso del PIB en unas seis décimas. En cuanto a la inflación, se habla de que podemos llegar a los dos dígitos. Funcas, por ejemplo, ya sitúa la inflación en marzo en el 8,6%.
No se entiende que el Gobierno quiera ocultar a los españoles la malísima situación en la que nos encontramos y esté optando por esconder la cabeza debajo del ala. Un relato que tiene las patas muy cortas, ya que todos estamos viendo cómo los efectos de los precios de la energía están impactando en empresas y familias. Esta semana, empresas del tamaño de Cementos Portland, Acerinox, Arcelor Mittal o Roca están preparando ERTE o cerrando jornadas de trabajo. También cómo están al límite sectores como el transporte, la pesca, la ganadería o el campo, mientras el Gobierno habla de ayudas y de buscar soluciones que, sin embargo, no se concretan.
Hacienda no quiere abrir la chequera y utilizar la recaudación lograda por la mera subida de la energía. Tampoco los más de 2.000 millones de derechos de emisión que tiene metidos en la caja o de olvidarse de cerrar las nucleares. Menos todavía de ponerse en serio a reducir el gasto público ineficiente. De eso ni hablamos, a pesar de que estos días un estudio del IEE, lo sitúa en unos 60.000 millones de euros. Y también de pedir a la UE que adelante los 70.000 millones en préstamos asignados a España, de cómo rebajar el coste de las pensiones tras ligar su subida al IPC o en dotar al Ministerio de Igualdad con más de 20.000 millones para políticas “feministas”. Parece que han aprendido muy poco de la mala gestión económica que hicieron durante la pandemia y que nos llevó directamente a ser el país que peor lo hizo. Aún están a tiempo de que España no vuelva a ser el farolillo rojo en esta nueva crisis.
