Hoy no voy a referirme a la gobernanza del país por un presidente que en más de una ocasión ha dicho que aunque el poder judicial sentencie contra sus planes, como no son vinculantes, un decretazo resuelve y a otra cosa; ahí está la serie de 48 decretos ley que lleva en su breve legislatura, tantos que algunos le tumbó el TribunalConstitucional. Merced a ellos se mantiene en el palacete de Moncloa.
Nos vamos a fijar en el tipo y manera de gobernar nuestra ciudad, Segovia, por un equipo y una alcaldesa que frecuentemente hablan de gobernanza consensuada, participativa y transparente, mientras los datos y cifras nos muestran un gobierno municipal más opaco, personalista y escasamente democrático, con frecuente paso por tribunales judiciales, haciendo uso frecuente del voto de calidad de presidencia.
‘El Adelantado’ del lunes 7 de marzo, en su pág. 6 de la sección ‘Segovia’, con el titular ‘El Ayuntamiento cambia de despacho de abogados‘, en el que se anunciaba que dicho cambio ya se hacía tras largo procedimiento por recurso, al tiempo nos decía que el nuevo equipo jurista costará, nos costará, 116.160 euros, y que actualmente hay 32 asuntos pendientes, tan diversos como responsabilidad profesional, demandas personales, urbanismo, expropiaciones, contrataciones, apelaciones y procedimientos ordinarios varios.
Pero lo que deja perplejo al lector que no sólo pasea la vista por el titular de la noticia, sino que en su lectura ve que, en noticia dada por los servicios municipales, en los últimos ejercicios el consistorio ha estado involucrado en 50 pleitos anuales.
La cifra de 50 pleitos anuales nos dice, si Pitágoras no miente, que nuestro concejo resuelve su gobernanza pasando una vez semanal por los tribunales, con lo que ello supone de gasto, tiempo y preocupación aparte, pues en los pleitos nadie gana, pero es mucho lo que se paga, aun siendo favorables algunos, y un chorreo lo que con sentencias y costas se deja en tan frecuentes juicios, ‘algunos’ perdidos.
Al ciudadano segoviano le gustaría conocer la cifra anual de pagos por estos ‘imprevistos’.
No deja de sorprender que un consistorio que alardea de transparente, participativo y legalista gobierne de forma nada ejemplar en este tema, pues da la impresión de pasar tanto tiempo por banquillos judiciales como por los escaños del hemiciclo municipal.
Así no choca la frecuencia de noticia de reiterada obra municipal, empresas defenestradas, concursos y oposiciones denunciadas, polémico uso de los privilegios para ediles en circulación vial, adjudicación personalista de puestos o ayudas, reclamaciones, ceses o dimisiones…
Es preocupante tanto gasto en tribunales, con tanta necesidad como tiene nuestra ciudad Patrimonio de la Humanidad, que languidece y va quedando vieja.
