La invasión de Rusia en Ucrania pone en jaque a la Comunidad Internacional por miedo a una posible guerra mundial. Desde VOX ya denunciamos en enero de este año, en la Cumbre de Madrid, -esa que los medios progres subvencionados con dinero público ocultaron- las acciones de Rusia en la frontera ucraniana, e instó a tomar medidas que evitaran el conflicto.
VOX ha manifestado su inquebrantable adhesión a la defensa de la soberanía de las naciones, su derecho a mantener su integridad territorial y a proteger sus fronteras.
Por su parte, el Grupo de Puebla, ese grupo criminal que pretende instaurar el odio e imponer una ideología de izquierdas radical en el mundo, en un comunicado difundido en su página web, ha solicitado retirar las sanciones contra Putin, en un ejercicio que evidencia su posición ideológica y su verdadero interés. Sánchez está incapacitado para liderar a España en esta crisis, al contar con varios miembros del Gobierno dentro del Grupo de Puebla. Sánchez deberá decidir si está con la OTAN o con Putin.
El Grupo de Puebla lo integran diversas personalidades internacionales y criminales, entre ellas están Rafael Correa, expresidente de Colombia acusado de 34 casos, entre genocidio y traición a la patria; Evo Morales, expresidente de Bolivia, acusado de terrorismo, sedición militar, usurpación de funciones, fraude electoral, delitos contra la salud pública y estupro, abuso sexual y trata de personas; los ex presidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Roussef, imputados por “una miríada de delitos” de corrupción que se habrían cometido bajo sus respectivos gobiernos. Lula ya fue condenado con doce años de prisión por aceptar millones a sus favores políticos.
A este Grupo también pertenecen el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Adriana Lastra, diputada socialista, la secretaria de Estado de cooperación internacional Pilar Cancela y la ministra de Igualdad Irene Montero. Esta última, por cierto, este pasado miércoles comparecía en el Congreso para presentar el anteproyecto de la nueva ley del aborto. Una ley que pretende que la sanidad pública garantice el “derecho” a la mujer a abortar, y que cuente con sanitarios de ginecología y obstetricia dispuestos a responder a los deseos de la ministra.
Además, no hará falta el consentimiento paterno, para las menores entre 16 y 18 años y se suprime la obligación del periodo de reflexión de la mujer de tres días, ya decidirán sobre el método del proceso abortivo después de las recomendaciones médicas. Una ley contraria a la vida y que una vez más desprotege al más débil.
Este ministerio, esta ministra y esta ley, son una forma de invasión, diferente a la de Ucrania, pero que atenta contra la vida humana, que debe respetarse desde su concepción hasta su muerte.
Y nunca puede ser un acto de libertad del ser humano, ni un derecho de la mujer, arrancar una vida del seno materno. La libertad de uno termina en el momento en el que la utilizas para hacer daño, y todo daño causado con la excusa de la libertad es una forma de invasión en la propia libertad: la de nacer, la de existir, la de vivir y la de morir.
(*) Diputado de Vox por Segovia.
