La pederastia es un delito gravísimo. La aparente decisión del Gobierno de crear una comisión independiente de investigación es un paso adelante. Hay que esperar los siguientes: quiénes son los elegidos y comprobar su independencia y su capacitación. Hay que saber si se van a investigar los abusos no solo en la Iglesia católica —en su inmensa mayoría sucedidos hace décadas y según estudios independientes sólo una mínima cantidad del total— sino en todas las realidades. Y, también, si esa investigación no va a ser una causa general contra la Iglesia católica. Hay que decir, porque es verdad, que la mayor parte de los colegios católicos y de los sacerdotes y religiosos han tenido un comportamiento ejemplar y que los pederastas y los que ocultaron esos crímenes son una minoría. Es necesario saber la verdad, pero sería muy importante que esa Comisión también analizara la situación actual, dónde se producen hoy los abusos y qué medidas legales y de otro tipo son necesarias y útiles para luchar de verdad contra esa terrible lacra.
Y si el Congreso y algunos partidos políticos quieren crear otras comisiones independientes de investigación —las que se hacen en el Parlamento están lastradas por las mayorías ideológicas y no buscan la verdad sino machacar al contrario— hay problemas que afectan gravemente hoy a los españoles y que la mayoría de sus representantes ignoran en muchos casos de forma voluntaria. Comisiones para conocer el problema en toda su integridad y para proponer medidas, en muchos casos, urgentes.
Cada año se suicidan en España unas 4.000 personas, una cada dos horas y cuarto, once al día. Es la primera causa de muerte en España, excluida la pandemia. No hay una estrategia de prevención en España ni medios para ayudar a los que piensan en el suicidio, cada vez más menores, o a sus familiares. Y muy conectado con ello está el problema de la salud mental, acrecentado con la pandemia. España es uno de los países con menos profesionales de salud mental, con mayores y más dilatadas listas de espera para ser atendidos, sin ayudas públicas y sin una Ley de Salud Mental.
La pandemia ha incrementado los niveles de pobreza en España y ha aumentado intolerablemente la desigualdad. La subida de los precios de la electricidad y el aumento de la inflación añaden un peso insoportable a millones de familias y a muchos menores. Las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno se han demostrado ineficientes y no han solucionado el problema de fondo. Aquí también hace falta un pacto nacional para no dejar a millones de personas a la intemperie.
No hemos sido capaces —no ha habido voluntad alguna— de hacer una Comisión que investigara el comportamiento y el uso de los recursos públicos durante la pandemia, no para castigar a nadie, sino para saber qué podíamos haber hecho mejor y para proponer soluciones de futuro. Seguimos sin una Ley General de Pandemias, pagando los errores y tomando decisiones políticas sin contar con los expertos.
Debería haber una comisión independiente que investigara los 300 crímenes aún no resueltos de ETA para poner punto final a la mayor tragedia de la democracia. Y el Gobierno debería comprometerse a no pactar nada con sus herederos, es decir, con Bildu, si no colaboran activamente en esa investigación.
Hay muchas más comisiones posibles o necesarias. Para investigar los inmensos beneficios de los bancos tras la pandemia, cuando están maltratando a muchos mayores. O el riguroso control de los fondos europeos que deberían ser la llave de la recuperación en igualdad para todos. O el infierno de la trata en España que afecta, en muchos casos a menores tutelados. Y las mafias de la inmigración que se lucran con los más desvalidos. Si de verdad quieren solucionar problemas reales, actuales, que afectan a quienes les votaron para hacer algo, tienen trabajo para no parar. Menos demagogia y más trabajo.
