La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó 21 infracciones en la provincia de Segovia en el cobro de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante el 2020, por un importe de 102.891,26 euros. En Castilla y León fueron 225 las infracciones cometidas, de un total de 2.578 inspecciones post-ERTE; lo que representa un 8,72%.

El importe total de estas infracciones fue de 829.346,92 euros, además, otros 43.282,28 euros de cuotas de Seguridad Social fueron ingresados en las arcas del Estado voluntariamente, mientras que el importe hasta el momento de actas de liquidación (lo que no se ha ingresado voluntariamente) alcanza los 451.999,66 euros.

Por provincias, Burgos, con 78, es la provincia en la que se han detectado más infracciones, seguida de León, con 57, Valladolid, con 31, y Segovia, con 21. A la cola de la lista se sitúan Soria, con doce casos; Ávila, con once; Palencia con siete; y Salamanca y Zamora, con cuatro cada una.

Trabajando sin dar de alta

Durante las 1.808 visitas realizadas por los inspectores a las empresas durante esos meses, se comprobó, por ejemplo, que de los 225 casos de fraude, 33 personas estaban trabajando sin dar de alta en empresas que mantenían trabajadores en ERTE, 63 estaban trabajando al mismo tiempo que cobraban la prestación, y 53 no habían informado al Servicio de Empleo (SEPE) de la desafectación del ERTE.

41.459 ERTE; 456 millones

En Castilla y León, desde la declaración de estado de alarma y la promulgación del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, hasta el 31 de diciembre de 2020, se han aprobado 41.459 ERTE, incluyendo tanto los de fuerza mayor como los que se fundamentan en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que afectaron en total, acumulado de marzo a diciembre de 2020, a 188.592 personas, de las que a 31 de diciembre percibieron una prestación por regulación temporal de empleo 47.527.

Por sectores de actividad, de marzo a octubre, el mayor porcentaje de expedientes correspondía al sector servicios, con un 65,3% trabajadores, seguido de industria con un 28,82%. Mayor aún es la afección del sector servicios a partir de octubre, que ha supuesto un 94,89% del total de los ERTE aprobados en Castilla y León, seguido muy de lejos por industria (4,72%), construcción (0,27%) y de forma testimonial, el sector agrario (0,12%).

El importe neto de las prestaciones abonadas en la Comunidad durante el periodo marzo-diciembre 2020 en concepto de ERTE alcanzó los 456,5 millones de euros, a lo que el Estado suma la aportación de las cotizaciones a la Seguridad Social de cada uno de los beneficiarios, es decir, la exoneración de cuotas para las empresas.

Un escudo social

En opinión del delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, que facilitó los datos acompañado del director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad, Javier Calderón, «las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada (ERTE), son un auténtico escudo social, están contribuyendo a minorar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica, y persiguen evitar que una situación coyuntural como la actual se convierta en estructural, dado que se prioriza el mantenimiento del empleo sobre los despidos o la extinción de los contratos».