El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, defendió hoy la importancia de la Política Agraria Común (PAC) para la agricultura española y añadió que esta política europea debe convertirse en un asunto de Estado y no un “problema” de las comunidades autónomas, que son meras gestores de los fondos provenientes de Bruselas.
Herrera trasladó este mensaje a los consejeros de agricultura y ganadería de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, reunidos en un grupo de trabajo hoy en Valladolid para analizar el impacto de las medidas conocidas hasta ahora de forma oficiosa de la PAC 2014-2020. El jefe del Ejecutivo justificó la importancia de la PAC apoyado en que España es el segundo país receptor, tras Francia, en recepción de ayudas europeas de la PAC (7.500 millones de euros en 2010), de los que cerca de 1.300 se destinaron a Castilla y León.
Igualmente, Juan Vicente Herrera lanzó otros dos mensajes a los presentes. En primer lugar, apostó por una posición “común, clara y fuerte de España como estado miembro de la Unión Europea” presente en todos los foros de debate y negociación, con el Gobierno de la Nación y “su presidente a la cabeza”, como ya lo han hecho Francia o Alemania. “En las negociaciones europeas siempre hay unos Estados que actúan de locomotoras y otros que simplemente se ven arrastrados. En materia agraria, España debe estar a la cabeza”, manifestó.
Por ello, consideró que la reforma de la PAC debe marcarse en la agenda del Gobierno como una “prioridad” de Estado, con el objetivo de conseguir la máxima financiación posible. Herrera recordó que en el próximo periodo 2014-2020, España será un Estado con un balance financiero neto positivo a favor de la UE, es decir, será un contribuyente neto y “con escasos fondos estructurales y de cohesión”, tanto por la convergencia europea como por las necesidades de los países del Este. También explicó que en este escenario es “absolutamente imprescindible” conseguir una alianza con otros estados con intereses coincidentes, que permita influir en las propuestas de la Comisión, para lo que hay que lograr un acercamiento a países como Francia o Alemania”.
El segundo y último mensaje del jefe del Ejecutivo regional es que la negociación sobre el futuro de la PAC exige un trabajo “serio y riguroso” por parte del Gobierno, “buscando la colaboración coordinada con las comunidades autónomas”. En este sentido, criticó que hasta la fecha, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) se ha limitado a convocar cinco reuniones con las distintas regiones, previas a los respectivos consejos de Ministros de Agricultura de la UE. Además, dijo que han sido reuniones de “escaso contenido y nulos cumplimientos”, como ocurrió, según argumentó, con la solicitud de un análisis de impacto económico de la propuesta de la Comisión o con el ofrecimiento de crear grupos de trabajo específicos por comunidades autónomas para analizar los efectos de la reforma en función de sus características productivas, “oferta del propio Ministerio que no se ha hecho realidad”. Tampoco se ha convocado, recordó, ninguna reunión para analizar la propuesta de la Comunicación de la Comisión sobre el Presupuesto de la UE de cara al nuevo marco financiero 2014-2020.
Preocupación por el ‘greening’ de la PAC. El presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE y diputado del PP, Miguel Arias Cañete, y la consejera de Agricultura y Ganadría de la Junta, Silvia Clemente, mostraron hoy la preocupación de su partido ante los aspectos filtrados hasta ahora de la reforma de la PAC 2014-2020 y denunció la “inactividad” del Gobierno, que debe trabajar “por defender a España” en Bruselas.
En la reunión de los consejeros de Agricultura y Ganadería de las comunidades autónomas gobernadas por el PP para analizar la propuesta filtrada del documento de la PAC y que tendrá lugar al menos una vez al mes, Arias Cañete puso especial énfasis en medidas como el ‘greening’, es decir, la obligatoriedad de rotación en parcelas mayores de tres hectáreas que provocará “inconvenientes” para las explotaciones de monocultivos, sobre todo de maíz.
Igualmente, el concepto de agricultor activo o la limitación de los pagos máximos por productor supondrán un incremento, según el PP, de carga administrativa tanto para los agricultores como para la administración, como así reconocen los propios Servicios de la Comisión en los estudios de impacto. Ante esta situación en la que se encuentra la reforma, los gobiernos regionales recordaron que es un momento “fundamental”, por lo que es necesario “no perder más tiempo” y agilizar los trámites necesarios para llegar a una postura de Estado ante la reforma.
