Este editorial se escribe el día en que los españoles celebramos la aprobación popular de la Constitución española. La norma básica empieza con una afirmación rotunda: “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho”. Es rotundo porque fija una única magnitud preconstitucional: el concepto de España. Es la única que está al margen y por encima de toda forma constitucional, y precisamente por ello la hace posible. La misma rotundidad poseen los tres principios que aparecen con posterioridad en el enunciado y que terminan de calificar al Estado: social, democrático y el que fija que el funcionamiento de las administraciones y de los ciudadanos esté regido por el derecho, y no por el arbitrio y la discrecionalidad.
Uno de sus principios, decíamos, es el que la convierte en un Estado social: por medio de él el conjunto de las instituciones públicas adopta un papel más activo, más intervencionista, garantizando la llamada “procura existencial” de los ciudadanos.
Precisamente por ello, y basado en ello, causa escalofríos el padecimiento de los enfermos de cáncer que en nuestra provincia se ven obligados a recibir radioterapia. Sus experiencias son desoladoras: tres horas de coche para recibir tres minutos de tratamiento. Cuando a una terapia tan agresiva se le suma lo penoso y agotador de recibirla fuera de tu provincia las consecuencias se multiplican tanto física como anímicamente. La consignación en el proyecto de Presupuestos para el 2021, y los plazos de instalación en Segovia, dibujan un panorama tan preocupante como criticable. En unas horas se termina el plazo de enmiendas; en unos días se discutirán para configurar de manera definitiva las cuentas del 2021 y una previsión plurianual de las inversiones. Esperemos que el déficit sanitario con esta provincia empiece a solventarse por quienes más lo necesitan: nuestros conciudadanos que están sufriendo una enfermedad dura pero a la que se le puede vencer con un tratamiento efectivo. Hay que agilizar la instalación de la radioterapia en Segovia, y mientras tanto asegurar que el proceso de cura se realice lo más cerca posible, y en todo caso garantizar que el traslado sea cómodo y rápido.
Ha resultado extraño que el Partido Popular de Segovia nada haya dicho de manera pública de este proyecto de Presupuestos. Ni análisis ni valoración. Tampoco que haya presentado las enmiendas que tiene previsto acometer. Contrasta con la diligencia que tuvieron en el caso de los Presupuestos Generales del Estado. Sea como fuere, habrá que estar atentos al comportamiento en el paso por la comisión correspondiente antes de que recale y se aprueba en el pleno de las Cortes.
Un Estado social no solo es un poder regulador, sino también –y fundamentalmente- gestor y distribuidor. La políticas públicas se extienden en aplicación de este principio a distintas áreas, pero siempre primando la protección de los más débiles y necesitados. Las comunidades autónomas forman parte de esta división de poderes vertical que se consagra en nuestra Constitución. Su razón de ser se encuentra, además de en el legado cultural e histórico, en la cercanía a los ciudadanos que les permite conocer sus necesidades de manera más directa. No es una mera declaración de intenciones ello, sino una obligación. Y un derecho para el administrado.
