Una Constitución supone el contrato de una comunidad madura para reglamentar su vida social. La Constitución española que hoy cumple 42 años es la mejor Constitución de nuestra historia y posiblemente también lo sea de Europa. Bebe del espíritu de esas constituciones que se elaboraron después de la II Guerra Mundial que buscaban la estabilidad institucional y la garantía de los derechos de la manera más firma posible. Su principal y compartido objetivo era dificultar sobremanera las vejaciones y atropellos de la dignidad humana y facilitar el control del abuso del poder.
Los constituyentes americanos de 1787 se plantearon la duración que debía tener la Constitución. Pensaron en la posibilidad de que solo durara una generación, con el objeto de adecuar la normativa fundamental a los cambios sociales. Pero con buen criterio tomaron la decisión de que su alcance temporal fuera ilimitado, solo moldeado por las reformas que pudieran hacerse.
Tuvieron razón. El siglo XIX en Europa fue convulso. También lo fue en España. Las constituciones iban y venían. Conocimos seis. Un país inestable encierra en sí mismo la lacra de su destrucción. La Constitución española es una garantía de estabilidad en un país libre como el nuestro. Ello no significa que se hayan cerrado las puertas a las reformas. La propia regulación recoge esa posibilidad; pero no es una norma creada para una generación. Probablemente el título que mayor urgencia requiera una reformulación sea el Título VIII, una vez que se tiene la suficiente experiencia en lo que supuso superar la tradicional división de poderes de Montesquieu para introducir una nueva división vertical entre el Estado y las comunidades políticas territoriales.
En un momento convulso como el que vive la política española actual es la Constitución y las instituciones que en ellas se contienen la mayor garantía de unidad y de estabilidad. El pueblo, como constituyente, es soberano, pero conviene no jugar con lo que funciona y ha acreditado su solvencia a lo largo de estos años. Los deseos de protagonizar un papel en la historia han dado mal resultado en nuestro país, como se pudo observar a lo largo del siglo XIX y en algunas décadas de oscuro ánimo liberticida del siglo XX.
En estos momentos, nuestra Constitución se ha visto enriquecida con la pertenencia a instituciones supranacionales, como la Unión Europea, y con declaraciones internacionales que fortalecen la garantía de los derechos humanos. El orden jurídico actual goza de buena reputación, solo necesita su respeto y que los intereses partidistas –véase por ejemplo la renovación del Consejo General del Poder Judicial– no pongan trabas en su desarrollo.
