Los españoles hemos estado en Estado de Alarma 99 días. Sirvió este tiempo para descongestionar a los hospitales, que vivían situaciones terribles; ralentizó la propagación de la pandemia y con ella nuevas muertes, sobre todo de ancianos; ha llevado también a la economía al borde del colapso, primando –y es razonable- la sanidad a los negocios. Pero, a pesar de estas medidas, el maldito virus sigue campando a sus anchas, y los rebrotes son tantos y se han adelantado tanto que han desaparecido de golpe las recetas mágicas, porque es muy difícil vivir en estado de confinamiento permanente. ¿Qué hacer a partir de ahora y hasta que se comercialice una vacuna? ¿Convivir con el virus hasta que los hospitales se colapsen y entonces tomar medidas más drásticas? ¿Volver al confinamiento general por Estado de Alarma y que la economía se hunda? Lo que está claro es que las medidas personales de prevención siguen siendo la clave, pero, claro, su control es difícil.
Y en este contexto surgen las manifestaciones del vicepresidente Igea en las que sopesa solicitar al presidente del Gobierno la declaración del Estado de Alarma para Castilla y León. La Junta ha pasado de criticar la prórroga del Estado de Alarma en mayo a pensar en uno específico para la comunidad. Los artículos cuatro, cinco, seis y siete de la Ley Orgánica 4/1981 permiten que se declare el Estado de Alarma en un territorio –o en parte de él- a solicitud del presidente de la autonomía afectada. Incluso el artículo 7 prevé que en esos casos la autoridad competente no sea el Gobierno de la nación sino, por delegación de este, el presidente de la comunidad autónoma. Hay que ser prudentes con esta posibilidad. Hasta ahora los confinamientos particulares han funcionado, y los jueces no han sido obstáculo. Y reiteramos lo dicho al principio.
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