Terminé mi artículo de opinión de la semana pasada, con la duda de la capacidad de la derecha para estar a la altura de los momentos tan complicados que vivimos por el Covid-19 y la oportunidad de ser “oposición de estado”, arrimando el hombro para buscar acuerdos en la Comisión de Reconstrucción del Congreso que ayuden a los españoles para solucionar sus problemas. Pues bien, mis dudas y sospechas fueron acertadas ya que comprobamos en la votación del pasado miércoles en el Congreso como las conclusiones de política social y reconstrucción económica fueron rechazadas sin miramientos, sólo por hacer oposición al gobierno, pero sin darse cuenta que a quien hacen oposición es a los españoles y sobre todo a los que lo pasan mal, trabajadores, empresarios, autónomos, colectivos más vulnerables, afectados por la situación del coronavirus.
Observando las propuestas rechazadas, como asegurar la financiación de las políticas públicas dirigidas a garantizar derechos sociales, para acercarnos a una inversión educativa y sanitaria que converja con la media europea. Afianzar derechos como el acceso a rentas mínimas, las pensiones, viviendas sociales, protección del consumidor vulnerable, o extender los servicios sociales, la eliminación de la brecha salarial por cuestiones de género y ocupación. La ampliación de medidas para paliar la pobreza por efectos del virus, la pobreza energética, la aprobación de una Ley de Diversidad Familiar, el impulso de políticas de emancipación juvenil y de apoyo a los jóvenes, en el empleo, la vivienda, las becas, y con las relacionadas con el necesario consenso en el marco del Pacto de Toledo, para de una vez garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema público de pensiones o consolidar respuestas contra la violencia machista, vemos la dimensión del “error histórico de Casado”. En esa España el PP no cree y la ultraderecha quiere volver cincuenta años atrás. La ciudadanía observa y toma nota.
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(*) Diputado del PSOE por Segovia.
