En paralelo con la preocupación por los rebrotes de infectados por el COVID19 se extiende el temor a la hecatombe laboral que se desatará así que decaigan los ERTE que en la actualidad amparan a cerca de tres millones de trabajadores. Según un cálculo del sector son cerca de 240.000 las pequeñas y medianas empresas abocadas al cierre por la crisis. 135.000 PYMES cerraron al principio del confinamiento hibernando las plantillas acogiéndose a los expedientes temporales de regulación de empleo. La negociación para prolongar hasta fin de año esta modalidad de colchón gracias a la cual se estaría atenuando un desplome brutal de la caída del empleo tropieza con una dificultad objetiva: la escasez de recursos.
Durante el periodo de vigencia de un ERTE las empresas de menos de cincuenta trabajadores (son mayoría entre nosotros) están exoneradas de cotizar. En las que tienen más de 50 asalariados el Estado asume el 75% de las cotizaciones a las que estarían obligadas de no haber mediado las circunstancias excepcionales de la pandemia. EL 30 de junio termina el período de vigencia de los ERTE que entraron en vigor en los primeros días del confinamiento.
Aunque el Gobierno se muestra reticente, los sindicatos y la patronal apuestan por prolongar los ERTE hasta el fin de año. De momento ni siquiera hay acuerdo para llevarlos hasta el mes de septiembre. Las fuentes hablan de buen clima en las negociaciones con la ministra de Trabajo.
Alemania e Italia han prolongado las ayudas a las empresas atrapadas por el paro derivado de las restricciones impuestas para combatir la pandemia. En Francia, el Gobierno ha establecido medidas de apoyo a las empresas que se alargaran hasta 2023. Pero la situación de nuestro país es diferente porque España arrastra un paro estructural altísimo -antes de los efectos devastadores de la pandemia superaba el 14%-, el más abultado de Europa. Y la aprobación de otras ayudas a los más vulnerables (Ingreso Mínimo Vital) con cargo, también, a la caja del Estado agota los recursos. Con todo, la lógica sugiere que mantener la vigencia de los ERTE llevándolos hasta diciembre es necesario para evitar una crisis social sin precedentes. La que aparejaría tener de repente seis millones de ciudadanos en el paro y sin horizonte a corto plazo de poder encontrar un empleo.
