¿Hasta dónde le está permitido mentir a un político? ¿Es lícito que mienta? ¿Se le deben pedir responsabilidades? ¿Es más grave cuando es el presidente o un miembro del Gobierno? Saavedra Fajardo decía que “todo el estudio de los políticos se emplea en cubrirle el rostro a la mentira, para que parezca verdad, disimulando el engaño y disfrazando los designios” y aunque han pasado casi cuatrocientos años desde que lo dijo, no hemos mejorado. Todo lo contrario, la mentira no solo está en las redes, con el auge de las fake news, sino en el Parlamento, en las ruedas de prensa o en las conferencias de los políticos. Mienten con descaro, como si no hubiera otro día más para hacerlo. Y no pasa nada. En otros países, un político que falta a la verdad pierde la consideración social y se ve obligado a dimitir. Aquí es respaldado e, incluso, premiado.
La mentira se acompaña de lo que denunciaba hace unos días el sociólogo y escritor francés Gilles Lipovetsky: “el agotamiento del debate político ha traído furia y ha traído odio. Una gran carga de odio en muchos discursos políticos”. Hay que “barrer”, al contrario, excluyéndole de toda negociación o acuerdo, al mismo tiempo que se le exige “lealtad institucional” y apoyo incondicional a las políticas del Gobierno, mientras se trata de situarle en los extremos del mapa político y se le echan las culpas de todo lo malo que sucede o ha sucedido en el país. No es una exclusiva de la izquierda que gobierna, también lo practica la oposición, especialmente algún partido, pero quien gobierna debe hacerlo para todos y no solo para los suyos. Cuando no se debaten ideas, sino que se exigen apoyos incondicionales sin posibilidad siquiera de debate, no hay más que imposición. Y cuando eso se vende como “bloqueo”, se está mintiendo a los ciudadanos.
Cuando Sánchez cambia sus compromisos electorales y se va al extremo que había negado y con quienes eran incompatibles con su proyecto, ha mentido a los electores. Cuando llama a Guaidó, “líder de la oposición venezolana” no sólo está contradiciendo su propio reconocimiento, y el de toda la Unión Europea, al único presidente democrático de Venezuela, sino que está dando alas a un dictador y olvidándose de la tragedia de ese pueblo, seguramente porque Pablo Iglesias no le deja hacer otra cosa. Cuando un ministro da ocho versiones sobre un grave incidente y se niega a someterse al control parlamentario, está faltando a su compromiso de transparencia. Miente. Y debería dimitir.
Cuando se dice, como hizo Adriana Lastra, que es “el momento de renovar el gran acuerdo de país mediante el diálogo” y que “al consenso se llega desde el disenso”, pero se excluye a los que no piensan como ellos, se está mintiendo. Cuando se ataca a una comunidad autónoma -casualmente gobernada por el PP- y se exhibe un “escrupuloso respeto” a las decisiones de otras -casualmente gobernadas por su partido y por un socio del Gobierno y un aliado indispensable-, se está mintiendo. Cuando se dice que el PP “ha dejado desamparados a los trabajadores” y cae fuertemente la creación de empleo con el Gobierno del PSOE, se está mintiendo. Cuando alguien como Jone Goirizelaia, portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao y abogada de asesinos etarras, dice que “llevo toda la vida defendiendo los derechos de las personas” no solo miente. Insulta a todas las víctimas de ETA. Como decía Manuel Cruz, socialista y ex presidente del Senado, “mentira es ese error que depende del hablante. No se miente sin querer”.
