El Ayuntamiento de Segovia anunció ayer, mediante un comunicado de prensa, la suspensión temporal del impuesto de plusvalía, pero insistió en la obligatoriedad de que los contribuyentes presenten la autoliquidación de dicho impuesto, trámite imprescindible para que, una vez realizado, el Consistorio pueda a continuación comunicarles la paralización temporal del recaudo.
Esta aclaración se realiza desde el Gabinete de Alcaldía tras las declaraciones de la portavoz municipal de Ciudadanos, María José García Orejana, quien afirmó el jueves sentirse “moderadamente satisfecha con el hecho de que el Ayuntamiento de Segovia haya paralizado de manera efectiva el cobro del impuesto de plusvalía a la espera de que se regule la nueva normativa”.
“A pesar de que algunos nos llamaron locos e irresponsables por solicitar esta medida, se ha demostrado que era la propuesta más lógica y coherente, dejar de obligar a los ciudadanos a pagar por unas ganancias que no han existido”, aseguraba García Orejana, quien consideraba la paralización como un “primer paso” para solventar la situación de injusticia que se ha producido “al cobrar durante años un impuesto que grava el incremento en el valor de los inmuebles, cuando realmente había pérdidas”, una medida polémica que había despertado las quejas de los ciudadanos, no solo en Segovia sino en toda España e, incluso, en algunas regiones los tribunales habían dictado sentencias favorables a los contribuyentes y en contra de los ayuntamientos.
Ante estas declaraciones, desde el Consistorio se apresuraron a aclarar la situación actual, para que no haya errores ni malentendidos que finalmente perjudiquen a los contribuyentes segovianos. Así, explicaron ayer desde Alcaldía que “el Ayuntamiento de Segovia no puede decidir la eliminación de un impuesto como el de la plusvalía, lo único que puede hacer es suspender temporalmente su cobro, pero los contribuyentes siguen teniendo la obligación de presentar la declaración de plusvalía, en caso de enajenación o herencia”.
Una vez presentada esa autoliquidación o la solicitud para que la realice el Ayuntamiento, “el Consistorio comunicará al contribuyente que queda paralizado el cobro del impuesto hasta que el Ministerio de Hacienda realice los cambios oportunos en la Ley para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el pago del tributo”, aclararon.
La nueva ley, según el anteproyecto, supondrá una reducción del 70% de los ingresos municipales
Para justificar esta suspensión temporal del cobro del impuesto, el Ayuntamiento alega un “criterio de prudencia”, recordando que existen sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, que considera, en estos momentos, inaplicable su recaudación y que es imprescindible que el Gobierno de España tramite un nuevo proyecto de Ley al respecto.
Por último, el equipo de Gobierno mostró en el comunicado “su preocupación porque, de aprobarse la nueva ley en los términos que figura en el anteproyecto, supondrá una reducción del 70 por ciento de los ingresos municipales”. Según los socialistas, “el Gobierno de España estrangula a los ayuntamientos, ya que a la Regla de Gasto que impide el uso del superávit económico se suma ahora la merma de ingresos de la administración local”.
