CC OO pidió una reducción del IVA del 21 al 10% en los productos de la cesta de la compra para gravar menos el consumo de los hogares. Una rebaja que supondría en el ámbito nacional una partida de 3.888 millones de euros menos en las arcas del Estado, pero que se compensaría con un ligero incremento de impuestos especiales y medioambientales. Con esta medida, se cargarían menos los bolsillos de las clases más necesitadas y a su vez incidiría directamente en el consumo.
Así lo explicó ayer el sindicato, que presentó su propuesta a la consejera de Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, a la que reclamó que utilice los márgenes de impuestos cedidos por el Estado, algo que no hace actualmente, según informó el secretario general de CC OO en la Comunidad, Ángel Hernández. El sindicato en Castilla y León presentó la alternativa un par de meses antes de que se conozcan los borradores que integrarán la ley de reforma fiscal. “Será la madre de todas las reformas y debía haber sido la primera cuando estalló la crisis para garantizar la suficiencia de los recursos de las administraciones públicas”, comentó.
El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO Confederal, Carlos Bravo, reclamó al Gobierno que atienda su propuesta de la reforma fiscal para evitar que sea “la quinta fallida” de la democracia. Esta alternativa gira en torno a una recaudación equitativa con menos bonificaciones y más ayudas directas. “Pedimos que impere el sentido común porque necesitamos un sistema fiscal suficiente, transparente, sencillo, basado en criterios equilibrados y justicia, justo lo contrario de lo actual”, lamentó. De hecho, señaló que el sistema fiscal en vigor “es regresivo”, con una recaudación menos que la media de los países de la Eurozona de un 8,1% (incluidas las cotizaciones sociales).
De cada cien euros de esa diferencia, Bravo explicó que 30 se deben a la crisis, otros 30 al fraude y 40 a los mecanismos legales de “elusión fiscal”. Al respecto, sostuvo que países como Polonia, Portugal, Italia y Grecia cuentan una economía sumergida superior a la española, y en cambio recaudan más por tributos.
Además, CC OO solicita una renta mínima garantizada para las personas en riesgo de exclusión social (1,5 millones en España que no perciben ningún tipo de prestación) con un itinerario de inserción que también repercutiría en el Estado.
Para concluir, Bravo señaló que es “necesaria” coherencia entre las políticas fiscales del Estado y el de las comunidades autónomas. “Un sistema de corresponsabilidad fiscal”, espetó.
En la línea de continuidad de CC OO confederal, el secretario de Estudios y Gabinete Técnico del sindicato en la Comunidad, Carlos Castedo, recordó que el sistema fiscal actual ha provocado un modelo de financiación que ha generado “tensiones” entre comunidades autónomas. Por ello, reiteró a la Junta que utilice la posibilidad de los márgenes regionales de algunos impuestos. Al respecto, realizó un resumen del documento que CC OO ya había presentado en noviembre de 2013 ante la política presupuestaria de la Junta.
Principalmente, Castedo se refirió al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), sobre el que pidió al departamento de Pilar del Olmo una “subida progresiva” del tramo autonómico, “focalizada en las rentas más altas” y que actúe sobre el tipo medio. La propuesta señala una subida de entre el 0,25% para las rentas más bajas, hasta del tres% para las más altas. Se podrían ingresar, según CC OO, 90 millones de euros en la Comunidad. Además, solicitó un límite máximo en las deducciones autonómicas, disminución de la reducción general existente en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y reforma del Impuesto de Patrimonio, desarrollo de una fiscalidad medioambiental, de grandes superficies y pernoctaciones turísticas.
