La Comisión de la Unión Europea ha iniciado la recta final para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y para fijar las reglas de juego que se aplicarán a partir de 2014. Tras la presentación inicial de la propuesta sobre las perspectivas financieras para el período de 2014 a 2020 donde se contemplaba el mantenimiento de la PAC, pero con menos recursos, en la primera quincena de octubre, Bruselas presentará oficialmente los reglamentos sobre la reforma.
En las últimas fechas se han conocido las propuestas de esos reglamentos, cuya filosofía no supone novedades en relación con el contenido de las perspectivas financieras presentadas el pasado mes de julio y, sobre todo, con los planteamientos sobre la reforma defendidos por instituciones como el Parlamento Europeo y el Tribual de Cuentas en dos cuestiones claves: redistribuir las ayudas con un mayor equilibrio entre países y sectores, y acabar con el sistema de pagos por derechos históricos.
Así, frente al crecimiento de las asignaciones para otras parcelas como la investigación o el empleo, los presupuestos de la Política Agrícola Común para estos años se elevan a 317.200 millones para el primer pilar o pagos directos y ayudas a los mercados, junto a otros 101.200 millones de euros para el segundo desarrollo rural. A estas cifras se suman otros 17.100 millones a través de varios fondos donde destacan 5.100 millones para investigación agraria, 3.900 millones para actuar en caso de crisis agrarias y otros 2.800 millones para compensar los problemas que se teme provoquen acuerdos como el de Mercosur. En total, 435,6 millones de euros, que supone una cifra similar a la del período anterior, pero inferior si se tiene en cuenta la inflación prevista para este espacio de tiempo.
La participación de la PAC en el presupuesto de la UE pasa de suponer el 38% al 36%, para llegar al 32% en 2020.
Una de las cosas más claras que tienen los organismos e instituciones comunitarias es la necesidad de acabar con el actual sistema de pagos por derechos históricos. Hay que iniciar así, un nuevo proceso desde cero para asignar los derechos con un régimen de pago base, sustentado en las superficies de hectáreas elegibles. En el caso de la ganadería sin base territorial, la reglamentación da la opción a cada Estado para transformar derechos especiales en pagos acoplados. Bruselas asignará a cada país un sobre nacional del que el Gobierno puede tirar para aumentar ese pago base en función de diferentes situaciones de cada explotación. Un 30% de la cantidad asignada a España se debe destinar solo para compensar a las explotaciones que hagan una política verde. Bruselas entiende por ello a quienes destinen un 7% de sus tierras a fines ecológicos. En el caso ganadero, se debe mantener el pasto permanente. Además, según decisión de cada país, las explotaciones en zonas desfavorecidas pueden recibir hasta un 5% de ese sobre; hasta un 10% puede ir solo para pequeños productores, un cinco para apoyo a determinados cultivos en dificultades y un dos para jóvenes.
En el caso de España, dispondrá de un presupuesto nacional para pagos directos, que va de 4.935 millones en 2014 a 4.989 millones en 2017, sin contar con unos 70 millones del algodón y 262 millones del Posei (Canarias). En el último ejercicio, España pagó en ayudas directas 5.066 millones de euros.
prestación de ayudas. Así, Bruselas quiere avanzar en la redistribución de las subvenciones para corregir progresivamente, en un plazo de seis años, las actuales diferencias donde el apoyo económico medio por hectárea en Letonia no llega a los 100 euros, frente a los 557 de Holanda. La media comunitaria es de 269,1 euros y el objetivo es acercar en una tercera parte la misma a los países donde su ayuda no llegue al 90% de la media a costa de los países que más cobran. A un plazo más largo, la pretensión es que todas se igualen. Respecto a España, se halla en los niveles medios.
Por otro lado, la Comisión quiere poner techos de ayudas por explotación y aplicar penalizaciones progresivas a partir de los 150.000 euros, que podría llegar al 100% para cobros superiores a los 300.000 euros. De esas cifras se deducirían los pagos en salarios y otros gastos derivados del nivel de empleo de una explotación. En la parte baja se suprimirían cargos por debajo de los 100 euros o una hectárea, aunque cada Estado puede elevar esos mínimos. España podría fijar ese importe mínimo en 200 euros.
Además, definir qué tipo de agricultor debe ser el destinatario de las ayudas es difícil. Bruselas señaló que serían los activos. En la propuesta extraoficial sobre el nuevo reglamento se hace una aproximación y se define como no activo a la persona cuyos ingresos por la actividad agraria no superen el 5%. Se exime de esta obligación a quienes, en el curso anterior, recibieran ayudas inferiores a los 5.000 euros.
Respecto a a los mercados, Bruselas es partidaria de actuar lo menos posible con mecanismos de regulación en períodos de normalidad y disponer solo de medidas para situaciones de crisis. Las propuestas de reglamentos mantienen esta política con la posibilidad de compras limitadas en intervención en productos como el trigo blando, la cebada, el arroz o la carne de vacuno y el almacenamiento privado para producciones como azúcar, aceite de oliva, leche en polvo, mantequilla o porcino.
Así, para España, el resultado final sería neutro. La Administración espera que las ayudas percibidas se mantengan en el 11,6%.
