A diferencia de las manifestaciones, que ofrecen la posibilidad de contar, o estimar al menos, los asistentes con independencia de la disparidad de valoraciones que realizan partidarios y detractores, lo cierto es que resulta casi imposible efectuar un balance objetivo sobre el éxito o fracaso de la huelga a la que ayer estaban llamados los funcionarios públicos.
Mientras el Gobierno, que se oponía a la protesta, aseguraba que la convocatoria sindical fue un rotundo fracaso y cifraba el seguimiento en un pírrico 11 por ciento, las centrales la declaraban un rotundo triunfo con tres de cada cuatro empleados de la Administración ausentes de su puesto de trabajo. Frente a tal disparidad, lo único que cabe reseñar es que la vida ciudadana, salvo casos puntuales -sin duda dolorosos para los afectados pero no generalizables-, no se vio afectada en exceso, bien fuera debido al cumplimiento de los servicios mínimos, bien a que los españoles evitaron realizar gestiones en previsión de probables incidencias.
Por parte del Ejecutivo, la encargada de realizar un balance de la jornada fue la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, quien sostuvo en rueda de prensa que el seguimiento medio de la protesta en la Administración General del Estado (AGE) fue del 11,85%, sin incluir a los empleados asignados a los servicios mínimos.
«Dentro del respeto que al Gobierno le merecen las organizaciones sindicales convocantes», se puede decir que la huelga «ha tenido un alcance limitado», proclamó la socialista antes de insistir en que el paro se caracterizó por la «tranquilidad» y por la ausencia de incidentes significativos por parte de «quienes han ejercido su derecho a la huelga de forma pacifica y responsable».
Según Rumí, en cuanto a los ministerios, la mayor participación se registró en el de Ciencia e Innovación (21,87%), seguido de Política Territorial (20,05%), Exteriores (19,70%), Cultura (18,31%), Economía y Hacienda (15,73%), Trabajo e Inmigración (14,77%) y Presidencia (12,79%).
Por lo que respecta a los organismos autónomos de la Administración estatal, la Agencia Tributaria, Administración de Justicia e Instituciones Penitenciarias, el seguimiento medio fue, siempre según la estimación del Gobierno, del 16%.
A la hora de reseñar las incidencias, la jefa de la Función Pública destacó la interrupción del servicio en los puertos de Almería y Barcelona, el corte de un cable de fibra óptica en Cantabria, los piquetes en estaciones de autobuses de Baleares y Oviedo, el sellado con silicona de la cerradura de oficinas de Correos en Logroño o el retraso de la línea de AVE entre Madrid y Sevilla.
No citó, sin embargo, la socialista la agresión que sufrieron cuatro directivos del sindicato CSIF en La Rioja, que denunciaron haber sido atacados por «energúmenos» que portaban pancartas con las siglas de CCOO y UGT durante una manifestación en Logroño.
Fueron precisamente dichas tres centrales, convocantes al unísono del paro, quienes realizaron un resumen de la jornada radicalmente contrario al del Gobierno. Fue así hasta el punto de que cifraron en el entorno del 70 por ciento la participación, cifra que consideraron «un éxito». Concretamente, tanto CCOO como UGT calcularon que el seguimiento fue del 75 por ciento, mientras que desde CSI-CSIF estimaron que se sumó entre el 60 y el 70 por ciento.
Así lo precisaron a última hora de la tarde en unas declaraciones efectuadas a las puertas de la sede central del Ministerio de Economía y Hacienda, en Madrid, lugar donde se congregaron varios miles de personas para protestar por la rebaja salarial del 5 por ciento que el Gobierno ha impuesto a los funcionarios como parte del Plan de Ajuste para reducir el déficit.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, aseguró que la participación había sido «importantísima» y dijo ser consciente de que los sindicatos se están enfrentando «a una pelea de datos con el Gobierno». Al respecto, advirtió al Ejecutivo de que «haría mal entrando en esa guerra», pues «hay un malestar profundo» entre los empleados públicos, «mayor del que se está manifestando hoy en la calle». «Pero han querido mostrar su absoluta desaprobación secundándola, es una huelga de dignidad», resumió Lacuerda, quien afirmó que él hubiera preferido que el Ejecutivo subiera los impuestos un 5% a quitarle una peseta de su nómina.
Por su parte, el secretario general de FSC-CCOO, Enrique Fossoul, manifestó «cierta ilusión» por el seguimiento de la huelga, ya que «supera las expectativas iniciales». «El Ejecutivo dirá que el seguimiento es menor», explicó el sindicalista antes de añadir que «para eso lo pagan». Como colofón, el de Comisiones recordó al presidente Zapatero que «no serán los mercados los que voten, sino los ciudadanos». Ante la pregunta de si el paro de ayer es la antesala de la huelga general que podría convocarse en España a cuenta de la reforma laboral, Fossoul indicó que la última palabra la tiene el Gobierno y, en este sentido, le instó a presentar ya su propuesta sobre esta cuestión.
