Durante muchos años, el sector agrario se preparaba en estas fechas para el desarrollo de importantes movilizaciones de protesta contra la Administración, en lo que coloquialmente ya se conocía como el otoño caliente. Hoy, no han desaparecido, sino que incluso han aumentando los problemas más serios que sufre el campo, como son el incremento incontrolado de los costes de producción, energía, combustibles, semillas o fertilizantes; el mayor dominio de los operadores e intermediarios y el poder de un nuevo jugador en ese partido contra el sector agrario, que se llaman los grandes grupos de la distribución cuando imponen sus políticas de precios bajos a las espaldas de agricultores y ganaderos como último eslabón de la cadena.
La evolución de los costes de producción que están asfixiando la actividad merecen una crónica agraria aparte aunque hoy, las buenas cosechas agrícolas y los precios razonables en la ganadería permitan seguir vivas a unas explotaciones a quienes les sacan la sangre ese reducido grupo de empresas que venden medios de producción al campo. Un viejo problema donde son responsables esas empresas, la Administración que no controla posiciones de monopolio o pactos de precios o mercados en sus actividades y también los propios agricultores y ganaderos y sus organizaciones, incapaces de poner sus propios medios de organización para defender sus intereses. Las diferentes iniciativas en los últimos meses de Asaja en materia de acuerdos con proveedores de medios de producción suponen una importante excepción, una vía acometida también desde organizaciones provinciales o regionales de otras siglas.
Retomando las conversaciones iniciadas el pasado mes de julio, este otoño será escenario de unas largas y complejas negociaciones para el desarrollo y la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común que fue aprobada en Bruselas. Sobre la mesa estarán aspectos polémicos y complejos tan importantes como la definición del agricultor activo como destinatario prioritario de las ayudas comunitarias, donde habrá que buscar un equilibrio entre quienes se montan a diario en el tractor o cuidan directamente las cabañas ganaderas y quienes, sin hace eso, invierten y crean riqueza de verdad y empleo en el campo.
No hay dudas sobre la necesidad y, en ello coincide todo el sector, de que las ayudas vayan fundamentalmente a quienes viven del sector agrario y arriesgan en el mismo. Pero, tal como están las cosas en un mundo rural, en proceso de abandono o exterminio, cabria una profunda reflexión, para avanzar más en esa dirección y apostar, además, por un plus de subvenciones que estén destinadas a los agricultores y ganaderos que viven permanente ente en ese medio rural para quienes se deberían aplicar igualmente otras políticas diferenciadas desde otros ministerios o consejerías como Sanidad, Educación o Fomento para que el campo no sea un camposanto para ellos y sus familias.
Entre los muchos temas que hay sobre la mesa también se debe decidir cómo será la comarcalización del territorio, regiones agronómicas donde proceder a la convergencia de ayudas sin que ello rompa gravemente el actual reparto de los fondos.
Se debe definir allí donde irán esos 640 millones de euros que saldrán del sobre nacional o los dineros asignados al país, para dar ayudas acopladas para sectores con problemas. En el pasado, esos fondos han ido prioritariamente para algunas cabañas ganaderas. En el futuro, no se descarta la posibilidad de que los mismos sirvan para apoyar a actividades agrícolas en dificultades como sería el caso de una remolacha en proceso de desmantelamiento por la política comunitaria, tal como ya ha solicitado el sector en el acuerdo marco interprofesional para la zona sur.
La reforma de la PAC en materia de recursos no es la que hubiera soñado cualquier agricultor o y, sobre todo, ganadero. Pero, en el actual contexto económico, mantener las subvenciones hasta 2020, aunque no se haya producido el aumento que correspondería a la inflación en ese período de un 12%, no ha sido una mala salida, lo cual puede facilitar los acuerdos en las negociaciones previstas.
Los meses de otoño deberán ser escenario de arduas conversaciones para cerrar lo que deberá ser el proyecto de ley para la celebración de elecciones en el sector agrario el próximo año, donde hay un punto clave. Definir quiénes pueden ser los votantes en esos comicios a la vista de las diferentes agriculturas que hay en el país con zonas donde solo funciona el agricultor a título principal y otras donde, junto a los mismos hay un elevado número de trabajadores a tiempo parcial soportando el peso de la actividad. Tema a debate, aparte de elaborar ese censo, también es el mecanismo electoral y la posibilidad de celebrar los comicios en un solo colegio electoral, la provincia o a escala comarcal para facilitar el acceso a todos los posibles electores.
Aprobadas las leyes de la integración cooperativa y de la cadena alimentaria, es importante estar con la Administración en el desarrollo de las mismas para que los reglamentos de aplicación vayan un paso más adelante dentro de los límites de la norma. En el caso de la cadena, sobre todo para que la misma sea eficaz de cara a esos grandes grupos del distribución a la hora de imponer precios o de vender a pérdidas, pero también ante las políticas de muchas industrias que abusan a su vez de los productores agrarios, especialmente cuando se trata de alimentos que son perecederos. Además, también se debe aplicar en la integración cooperativa, para que sea esta la última disposición para atajar el problema de la dispersión.
Tras la decisión adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de agosto sobre la subida del recibo eléctrico para los riegos, parecen obligadas las negociaciones para dar una salida al problema para solventar una situación de incremento que se mantiene desde 2008, cuando se eliminaron las tarifas especiales para riegos. No es esta una negociación fácil con las eléctricas enfrente y de ello da muestra el hecho de que sea una reivindicación que lleva en la mesa cinco años, a punto de firmarse con Josep Puxeu como secretario de Estado en Agricultura, pero que nunca se llegó a suscribir. Tenemos en el sector de los riegos unas producciones como maíz o remolacha que en nada tienen que envidiar e incluso superan en muchos casos los rendimientos obtenidos en los países comunitarios lluviosos. Pero, en España, el handicap es el agua y el alto coste de la energía, por lo que, si se quieren mantener unos cultivos, la política agraria no puede permitir que los mismos se vayan al traste por los intereses del monopolio de las eléctricas.
Además de estas negociaciones, sobre la mesa está el problema de los robos en el campo y el cambio de la normativa, el programa de innovación e investigación, el desarrollo del Plan de Internacionalización agroalimentaria, el Plan Nacional para el uso sostenible de los productos fitosanitarios, la normativa sobre el ibérico o la prohibición de envases rellenables de aceite en la restauración.
