El pasado día 26 de febrero de 2025 el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con los votos favorables del Ministerio de Hacienda y de las Comunidades de Asturias, Cataluña y Castilla-La Mancha, aprobó la propuesta referente a la asunción de la Deuda Pública de las Comunidades Autónomas por el Estado. Por tanto, en primer lugar, no cabe hablar de condonación de la deuda pública autonómica, sino que es el Estado el que asume esa deuda y que hay que pagar por todos los ciudadanos.
La deuda pública española ascendía en diciembre de 2024 a 1,62 billones de euros, que representan el 101,8% del PIB de España, con una tasa de crecimiento interanual del 2,9%, 46.143 millones de euros más que en el año 2023, según el avance del Banco de España. De este modo, desde junio de 2018 -inicio de la primera legislatura de Pedro Sánchez- el endeudamiento público ha sumado 452.000 millones de euros, lo que arroja una media anual de 113.000 millones.
En segundo término, el principal responsable de tan gran endeudamiento es el Estado con una deuda de 1,474 billones de euros, con un incremento interanual del 4,2%, mientras que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales tienen una deuda de 347.000 millones, con una disminución del 9% respecto del dato del año 2023. Por tanto, la asunción de la deuda autonómica por parte del Estado representa un agravamiento del endeudamiento estatal.
La tercera conclusión es que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea (PEC) fija un déficit público máximo del 3% y una deuda pública que no supere el 60% del PIB. La Comisión Europea aprobó el 25 de noviembre de 2024 el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo remitido por el Gobierno, donde se contempla situar la ratio deuda-PIB por debajo del 100% en 2027 y seguir reduciendo de forma continuada el déficit público hasta el 0,8% en 2031, compromisos que son muy difíciles de cumplir si ahora añadimos que el Estado asume el pago de los intereses de la deuda autonómica que ha adquirido.
Deuda pública de las Comunidades Autónomas
La deuda de las Comunidades Autónomas se sitúa en torno a los 328.000 millones de euros en el año 2025. Sin embargo, asumiendo un compromiso de investidura con Esquerra Republicana, la ministra de Hacienda presentó el 24 de febrero de 2025 el proyecto de asunción por el Estado de 83.252 millones de euros de la deuda de las Comunidades Autónomas de régimen Común, independientemente de que tengan o no deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) u otro mecanismo de financiación extraordinario del Estado. La medida se justifica en reducir el endeudamiento de las Comunidades Autónomas durante la crisis financiera, la crisis sanitaria derivada de la pandemia y de los efectos de la guerra de Ucrania. Sin embargo, todos sabemos que la medida tiene como objetivo cumplir con el citado compromiso de investidura, dado que la disminución del endeudamiento autonómico supone aumentar la deuda pública del Estado y sin que se reduzca el endeudamiento de las Administraciones Públicas. El eslogan elegido ha sido: “Con menos deuda, hay más Estado de Bienestar”. Sin embargo, ya hemos señalado la deuda pública no se reduce, sino que el Estado se subroga en la deuda de las Comunidades Autónomas. Además, la medida supone un premio para las Comunidades Autónomas que más gasto público han realizado sin un respaldo de los ingresos públicos, de modo que han financiado el gasto público mediante la emisión de deuda, y con el respaldo del Estado a través del FLA.
Las Comunidades Autónomas más endeudadas son la Comunidad de Cataluña (10.884 euros por habitante) y la Comunidad Valenciana (10.945 euros por habitante) por las políticas de gasto que han seguido en los últimos años. Volvemos a repetir que el proyecto publicado habla de la condonación de parte de la deuda autonómica, cuando en realidad supone que es el Estado el que asume esa deuda y que por supuesto han de pagar los ciudadanos. El riesgo evidente es que deba aumentarse la presión impositiva estatal para el pago de la citada deuda autonómica y al mismo tiempo cumplir con el objetivo europeo de situar la deuda en el 60% del PIB a medio plazo.
Metodología de la asunción de la deuda autonómica
La metodología empleada parte de comparar el crecimiento de la deuda pública autonómica durante la crisis financiera, entre el 31 de diciembre de 2009 y el 30 de diciembre de 2013, con el crecimiento del pasivo autonómico durante el período de la pandemia y el impacto de la guerra de Ucrania entre el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2023. Entre el 31 de diciembre de 2009 y el 30 de diciembre de 2013 la deuda autonómica se incrementó en 109.582 millones de euros, y entre el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2023 en 29.272 millones, por lo que el diferencial totalizada la suma de 80.310 millones de euros.
El Primer criterio del reparto de la asunción de la deuda pública autonómica se ha realizado en función de la población de cada Comunidad Autónoma entre 2010 y 2022, que representa un 75% del total de deuda asumido y un 19% de la deuda autonómica en 2023.
El resultado es que se beneficia a las Comunidades más pobladas, Cataluña reduce su deuda en 10.249 millones de euros y Andalucía en 11.259 millones, mientras que Castilla y León solamente en 3.643 millones de euros. Al mismo tiempo que la Comunidad de Castilla y León también será perjudicada porque no participará en los dos siguientes criterios de reparto: en primer lugar, con el objetivo de garantizar una reducción de la deuda en al menos el 19% y en segundo lugar, para beneficiar a aquellas Comunidades con una financiación por habitante inferior a la media.
El segundo criterio de reparto supone reducir la deuda autonómica en 11.514 millones de euros, con el objetivo de compensar a aquellas Comunidades que no llegan a un 19% de la reducción de su deuda. Sin embargo, se compensa de nuevo a la Comunidad de Cataluña con 6.731 millones de euros y a la Comunidad Valenciana con 2.284 millones de euros, mientras que Castilla y León no recibe nada. Por tanto, Cataluña recibe una condenación por habitante de 2.220 euros y la Comunidad Valenciana de 2.284 euros por habitante, frente a los 1.369 euros respecto de Castilla y León.
Por último, el tercer criterio de reparto compensa adicionalmente a aquellas Comunidades Autónomas que han tendido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante inferior a la media, con una reducción de la deuda de 10.590 millones de euros. Suma a la que hay que añadir una reducción adicional de 917 millones para aquellas Comunidades que han ejercidito al alza sus competencias normativas en el IRPF. En concreto, una reducción adicional del 10% para las Comunidades que hayan ejercido sus competencias al alza por encima de la media y un 5% para las que lo hayan hecho por debajo de la media.
En este caso, parece que el criterio de reparto se ha elegido para beneficiar a las Comunidades de Andalucía y Castilla La Mancha, cuando esta compensación debería haberse realizado con la modificación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Además, como se observa en el siguiente cuadro, se reconoce que Cataluña no está infrafinanciada.
El resultado es que las Comunidades más beneficiadas son Andalucía (18.791 millones de euros) y Cataluña (17.104 millones de euros), al mismo tiempo que se ha compensado a las Comunidades de Baleares, Castilla La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana por la infrafinanciación de acuerdo al actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
Conclusiones respecto de la medida de asunción de deuda
Castilla y León vería reducida con la medida su deuda en 3.643 millones de euros, un 4,3% del total, mientras que debería asumir una imputación de esa deuda en un 6%, al haberla asumido el Estado. Una Comunidad que queda excluida de las fases 2 y 3 del procedimiento de reducción.
Una medida que beneficia a las comunidades más pobladas y que generará un aumento de la desigualdad entre regiones, evitando hacer frente a problemas tan vitales como la lucha contra la despoblación, la generación de empleo o la industrialización.
La medida intenta cumplir con el pacto de legislatura con Esquerra Republicana, dado que el montante global de la deuda es el mismo, el único cambio claro está es que se trasvasa, es decir, en vez de computar en las cuentas de las Comunidades Autónomas lo hace en las del Estado. En definitiva, serán los mismos ciudadanos los que deberán soportar el pago de la deuda y los intereses. Es decir, cada ciudadano ha de asumir 1.900 euros más, hasta llegar a la cifra de 31.000 euros por ciudadano. El resultado es que la deuda autonómica de 327.545 millones de euros, quedaría situada en una cifra de 244.291 millones de euros, a la que hay que sumar la deuda de los territorios forales con 13.650 millones de euros, territorios que exigirán otra compensación al no ser beneficiarios de la medida de la asunción de la deuda de las Comunidades Autónomas de régimen común.
En definitiva, la medida beneficia a las Comunidades de Cataluña y Andalucía
El coste de la asunción por el Estado de los 83.252 millones de euros supondrá una carga financiera para el estado de 3.000 millones de euros adicionales en los próximos 8 años. Una medida que afecta a la salud financiera de las cuentas públicas y la credibilidad financiera y presupuestaria del Estado en los mercados exteriores. Recordemos que en el año 2011 España sufrió la crisis de la deuda con un incremento del 23% del coste de financiación de España por la subida de los tipos de interés y hubo que modificar el artículo 135 de la Constitución para dar una seguridad jurídica a los inversores. Al mismo tiempo que la medida constituye un mal precedente, dado que aquellas Comunidades Autónomas que han cumplido con la regla del gasto y del déficit público de acuerdo con los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados se ven perjudicadas en relación con aquellas Comunidades que han gastados por encima de sus posibilidades y se han endeudado en exceso. Precisamente se penaliza a aquellas Comunidades Autónomas que no han subido sus impuestos y que no tienen una deuda en porcentaje del PIB por debajo de la media. En este sentido, la fundación FEDEA ha señalado que la asunción de la deuda por el Estado tendrá un impacto negativo sobre los incentivos de las Comunidades Autónomas para mantener una mínima disciplina fiscal y con el muy discutible reparto territorial de las ayudas. En segundo lugar, también es un elemento negativo separar la cuestión de la deuda de la negociación sobre la reforma del sistema de financiación sea una buena estrategia negociadora. La asunción de la deuda por el Estado y la condenación incondicionada de la deuda autonómica confirmará la percepción que ya tienen las Comunidades Autónomas de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan, porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas y constituye, por tanto, una invitación a la indisciplina fiscal. Por otra parte, la distribución de las quitas entre Comunidades no respeta el principio de equidad y además cualquier intento de fijar el cálculo del reparto en función de la acumulación de deuda en cada territorio introduce penalizaciones a la buena gestión financiera. En definitiva, el sistema de reparto introduce una serie de correcciones que favorecen a las regiones más endeudadas, primando así la irresponsabilidad fiscal, y a las que han usado su capacidad normativa para subir el IRPF, violando la neutralidad exigible al Gobierno central ante el ejercicio por parte de las comunidades autónomas de su autonomía de ingreso.
A mi juicio, lo más grave queda por venir. Lo siguiente será modificar el régimen de financiación de las Comunidades Autónomas, reconociéndose el cupo catalán y la división de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. España quedaría dividida en una España desarrollada y otra pobre dedicada a servir a la primera, que tiene la industria y se beneficia del régimen de cupos para no contribuir a la solidaridad interregional.
