La exclusión social afecta a 14.900 hogares y a 352.000 castellanos y leoneses, 28.000 más que en 2018, por el empleo precario y, sobre todo, por la vivienda inaccesible. Supone casi el 14,9 por ciento de la ciudadanía, frente al 13,5 por ciento registrado hace seis años, aunque los datos más preocupantes son los 59.000 hogares y las 130.000 personas que sufren una exclusión severa -5,5 por ciento del total-, aunque en este caso son 16.000 menos que la fecha anterior de referencia.
El Informe sobre Inclusión y Desarrollo Social en Castilla y León, elaborado por la Fundación Foessa de Cáritas, recoge que la exclusión social es sinónimo de pobreza, ya que el casi el 84 por ciento de las personas en situación de vulnerabilidad en Castilla y León se encuentra en riesgo de carencia económica. Frente a esa parte de la población, está el 55,2 por ciento de los ciudadanos de la Comunidad que disfruta de una integración plena; el 29,9 por ciento, en situación de integración precaria. Se completa con el 9,3 por ciento de la población que sufre una exclusión moderada.
Por lo tanto, la exclusión social alcanza al 14,9 por ciento de los castellanos y leoneses, 1,4 puntos más que en 2018 aunque 3,2 menos en comparación con 2021. Es decir, la recuperación tras la crisis del Covid no ha sido “suficiente” para revertir el retroceso provocado por la pandemia en los niveles de integración social.
El presidente de Cáritas de Castilla y León, Guenther Boelhoff, subraya que los datos demuestran que “de las crisis no se sale más fuerte”, y apunta que el informe Foessa “cuestiona” la anunciada bonanza económica y los datos macroeconómicos del país. “No hay integración plena y la inseguridad y la incertidumbre provoca que la población viva desvinculada y con miedo”, añadió. Y todo por que la vivienda “expulsa” al individuo de tener de una vida digna y el empleo ha perdido su capacidad para “rescatarnos” de esa exclusión.
El miembro del Comité Técnico de la Fundación Foessa, Pedro Fuentes, detalla que acceder a una vivienda digna, a precios asequibles, se ha convertido en un “importante” inconveniente por el incremento de los precios, tanto en régimen de compra (coste ha subido un 30 por ciento entre 2018 y 2024) como en alquiler (incremento entre el 18 y el 34 por ciento), que se ve agravada por una oferta limitada y la especulación inmobiliaria.
En cuanto al empleo, Fuentes destaca que los sueldos -teniendo en cuenta la inflación- solo han subido un 0,5 por ciento desde 2018 y la precariedad se reduce pero no desaparece. “Trabajar ya no garantiza una inclusión social”.
Todo ello genera que el seis por ciento de la población sufra carencia material y social severa e impide afrontar gastos imprevistos (90 por ciento), contar con una temperatura adecuada en el hogar (14 por ciento) y estar al día en los pagos de la vivienda (10 por ciento). Además, hay un deterioro “significativo” en la dimensión sanitaria, hasta el punto que más de 260.000 personas en Castilla León se han visto obligadas a renunciar a comprar medicamentos, prótesis dentales, gafas y audífonos o a seguir tratamientos psicológicos y dietas por motivos económicos.
La exclusión que no se limita a la falta de recursos económicos, el acceso a bienes básicos y el empleo sino que también incluye las dificultades y la pérdida de oportunidades que tienen ciertos grupos para ejercer derechos políticos (participación en la toma de decisiones) y sociales (salud, educación y vivienda), además de la participación en una red de relaciones sociales amplia (sin caer en el aislamiento social) y saludables (no conflictivas ni anómicas). El informe analiza, en total, 35 indicadores repartidos en ocho dimensiones.
Pedro Fuentes asegura que el informe muestra una fragmentación social, con una clase media en retroceso y el desplazamiento de muchas familias hacia extractos inferiores. “No fallan las personas, falla el sistema”.
