El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso de apelación que había interpuesto el Ayuntamiento de Segovia contra una sentencia de noviembre de 2025 en relación al impuesto de plusvalía, tomando como refencia el valor catastral que se había fijado en 2024 y vigente en enero de 2025, en vez de los valores catastrales de 2009 y aplicados desde 2010 al considerar que había perdido su vigencia.
Ante esta situación, el alcalde de Segovia, José Mazarías, anunció este jueves en rueda de prensa que el Ayuntamiento recurrirá al Tribunal Supremo; a la vez que indicó que «los valores no se había revisado desde el año 2010». «Esto significa abandono, dejadez y mala gestión», señaló en relación a los anteriores gobiernos municipales; y añadió: «La ciudad de Segovia está pagando hoy las consecuencias de las decisiones que no se tomaron cuando correspondía para los que gobernaban entonces no recibieran críticas y eso supone abrir las puertas a la inseguridad jurídica».
Mazarías fue más allá y aseguró que «cuando llegamos nosotros al gobierno nos encontramos con una situación absolutamente irregular: ha pasado más de una década sin que los valores catastrales se actualizaran. Frente a esto, actuamos de forma rápida y urgente y con rigor para hacer lo que los gobiernos del PSOE no había hecho antes».
«Estamos ante una situación de limbo jurídico, provocado por más de diez años de no hacer lo que la ley exigía ni asumir responsabilidades», insistió el alcalde. El concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González-Salamanca, explicó el problema jurídico de fondo, pues -aunque la cuantía oscila entre los 200 y los 300 euros- las implicaciones son importantes. Por ello, avanzó que el Ayuntamiento recurrirá con un recurso de casación para que «el Tribunal Supremo nos diga la correcta interpretación de cómo tenemos que hacerlo» al considerar cierta «contradicción» en las aplicaciones retroactivas.
