El debate sobre la preocupante deuda pública acumulada por los Estados ha eclipsado otro fenómeno reciente, semioculto y singular: el acelerado aumento de la deuda “supranacional” en la Unión Europea (UE). Ambos endeudamientos se solapan y retroalimentan en tiempos de frenética búsqueda de recursos financieros por parte de los miembros de la Unión Europea. Las necesidades crecen como enanos en un circo geopolítico complejo y la posibilidad de proseguir la senda convencional para cubrirlas ha llegado a su límite. La “Eurodeuda”, o deuda mancomunada, desapercibida para muchos contribuyentes, ha llegado en tiempo récord desde la nada hasta 800.000 millones de euros y toma velocidad de crucero.
La deuda viva de la Unión Europea roza esta primavera los 800.000 millones de euros tras las recientes emisiones de abril. En concreto, como informó este diario el pasado domingo, la Comisión Europea captó 9.000 millones de euros en una reciente emisión de bonos a tres y veinte años destinados a financiar el fondo de recuperación pospandemia, las ayudas a Ucrania e inversiones comprometidas en Defensa para la Unión Europea.
Se trata de la cuarta emisión común (o mancomunada) de la UE en lo que va de año, un movimiento reiterado que confirma el creciente protagonismo de Bruselas en la política económica en detrimento de los países, ya rebasados ampliamente los límites de endeudamiento fijados para los Estados miembros. “Estos fondos se utilizarán para apoyar las prioridades políticas de la UE, incluyendo el apoyo a una Europa más fuerte, competitiva y resiliente, el apoyo a Ucrania e inversiones cruciales en la defensa europea”, apuntó la Comisión en un comunicado. A las presiones de carácter militar (el ejecutivo comunitario ya ha creado el instrumento SAFE, para préstamos destinados a compras conjuntas en materia de Defensa), se unen otros desafíos como el envejecimiento de la población (en todas partes cuecen habas), la transición energética o la digitalización. Cada reto exige dinero y los métodos tradicionales de endeudamiento en el viejo continente ya muestran las costuras.
Se trata de una evolución discreta y silenciosa, pero constante, una vez dinamitadas las hasta hace poco intocables reglas fiscales. En solo cinco años, la UE ha pasado de no arrastrar prácticamente ninguna deuda colectiva a convertirse en un emisor supranacional de primera línea. Hay un antes y un después de la pandemia, que ha actuado como una esclusa que permite elevar el nivel de endeudamiento con modalidades inéditas en la larga historia de la construcción europea y a las puertas de cumplirse setenta años del Tratado de Roma: un acontecimiento macroeconómico que se ha impuesto a la chita callando.
Escribe Raymond Torres, Director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, que “la unión financiera, un proyecto que llevaba lustros encallado en los meandros bruselenses, podría empezar a ver la luz en los próximos tiempos”. Y añade: “Todo ello prefigura un giro copernicano de estrategia, dejando atrás las rencillas entre las economías frugales del norte y otras, tradicionalmente favorables a una mayor integración. Una vez liberada del corsé ideológico, la política fiscal europea se enfrenta, en primer lugar, al desafío de cómo ensanchar su margen de acción. Los recursos disponibles a nivel comunitario apenas alcanzan el 1,2% del PIB de la UE. Por comparación, en EE UU el gobierno federal dispone del 15% del PIB en recursos tributarios y otros ingresos. La estrechez fiscal de las instituciones europeas explica que se haya tenido que recurrir al endeudamiento para financiar el programa Next Generation. Las emisiones de deuda se han disparado desde la pandemia (quebrando de facto el tabú de los eurobonos)”.
El crecimiento de la deuda supranacional se puede calificar de vertiginoso y demuestra también las tensiones de los Estados ante las exigencias financieras del escenario geopolítico. El pistoletazo de salida sonó, como se ha indicado, con Next Generation, acta de nacimiento de la “deuda común europea”, con una magnitud de 750.000 millones de euros que emitió la Comisión Europea en nombre de la UE, deuda masiva que no parece tener marcha atrás, sino todo lo contrario. La UE pisó a fondo el acelerador de la deuda y, desde la nada en 2020, se pasó a unas obligaciones de 150.000 millones de euros (2021), que saltaron a más de 300.000 millones (2022) y casi se volvieron a duplicar con 500.000 millones en 2023 hasta frisar un total de 750.000 millones el año pasado. Y falta añadir lo que se emita en los próximos meses, con probabilidad de llegar al billón a final de año. O sea, desde una deuda técnicamente cero en 2020 se ha pasado a 800.000 millones ahora, lo que sitúa a la UE como emisor muy consolidado y con la maquinaria engrasada para generar más y más deuda.
Los Estados miembros garantizan indirectamente el pago de ese capital prestado, cuya amortización se prevé entre 2028 y 2058. Los bancos, fondos de pensiones o aseguradoras son habitualmente los grandes compradores de deuda, atraídos por la percepción de intereses periódicos y la garantía de los emisores. Los ciudadanos también son teóricamente beneficiarios de la deuda pública, siempre y cuando esos capitales se utilicen en favor de los servicios y el estímulo económico, algo que la experiencia histórica convierte en condición de muy dudoso cumplimiento. Lo que no es dudoso es que los ciudadanos, sí o sí, son los que deben devolver esa deuda, fundamentalmente a través de impuestos o recortes de servicios.
La presidenta italiana Giorgia Meloni pidió el pasado 9 de abril la suspensión del Pacto de Estabilidad europeo (el mecanismo que embrida los déficits), en caso de complicaciones en el horizonte económico por el conflicto en Oriente Próximo. Italia no levanta cabeza y siete años después del Covid disputa a Grecia el doloroso liderazgo de acumular la mayor deuda pública de la UE, sumada a un crecimiento del PIB que no alcanza el 1%.
La apuesta italiana por el PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) se financió con 190.000 millones procedentes de los Fondos Next Generation impulsados por la Unión Europea. La meta del Plan (2021-2026) era dejar atrás el golpe económico de la pandemia, pero los resultados cosechados no son para echar cohetes (de los festivos, claro). El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que, en 2031, la deuda de Italia llegue al 138,4% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que calcula para Grecia un 136,9%, porcentaje también elevadísimo. Un triste sorpasso protagonizado por una economía de primera fila. Las previsiones del FMI para Alemania también apuntan al alza en los débitos en 2031, con una perspectiva ominosa del 73,7% del PIB. La aseguradora Allianz, una de las principales multinacionales alemanas de servicios financieros, ha llegado a señalar que Alemania podría superar a España en deuda pública sobre PIB a mediados de la próxima década (el último dato de nuestro país es el 101,2 del PIB en febrero).
Francia tampoco celebra sus datos macroeconómicos: registró una deuda pública de 3,3 billones de euros (114% sobre el PIB) durante 2025. Cabe recordar que el objetivo de deuda pública en la UE ya se fijó en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento: un máximo del 60% del PIB. Es cierto que una docena de países del viejo continente sí se han ceñido a ese compromiso y han contenido sus niveles de deuda, pero la limitada dimensión de bastantes cumplidores (Estonia, Bulgaria, Luxemburgo, Letonia, Lituania, Malta, Chequia…) no ha evitado que la media europea se sitúe en el 82%. En total, más de 15 billones de euros que deben devolverse. Y una circunstancia agravante: todas las previsiones apuntan a que los tipos de interés encarecerán pronto el pago de esas deudas contraídas.
Eurostat (oficina estadística europea) ha publicado esta semana los datos de deuda pública para los países de la zona euro y se constata una subida anual del 86,5% del PIB al 87,4% en 2025, con alza también en el resto de miembros del club europeo. Ahora conviven dos niveles distintos de deuda en la UE y ambos no paran de crecer. Por un lado, la deuda agregada de los Estados miembros (la tradicional, de mayor volumen); por otro, la deuda “supranacional” de la Unión Europea (reciente y limitada, pero en fase de expansión). El crecimiento de ambos pasivos resulta llamativo. La suma de las deudas públicas de los países UE casi se ha triplicado en lo que va de siglo: 5,25 billones de euros el año 2000 y 14,54 billones en 2024. Unos países han “corrido” más que otros en este proceso de endeudamiento, espoleado por la crisis sanitaria, el conflicto europeo ucraniano y las crisis energéticas.
Lo nuevo es que la UE no tenía prácticamente deuda propia en términos supranacionales y ahora las cifras del pasivo cabalgan a lomos de las tensiones geoestratégicas. Antes de 2010, el presupuesto europeo no presentaba endeudamientos relevantes y la UE no emitía apenas deuda. Sin embargo, a partir de 2010 surgen mecanismos intergubernamentales que abren la espita: el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Ambos no se plantearon como deuda pura para el presupuesto europeo, porque se concibieron como instrumentos híbridos para salvar el bache. El salto conceptual llegó en 2020, de la mano de la pandemia, y ahora toma velocidad de crucero. Es un cambio estructural cuyo pistoletazo de salida fue el Programa Next Generation EU, que supuso la primera emisión masiva de deuda común europea. En otras palabras: nació una capacidad fiscal supranacional real.
El volumen de la deuda avalada por la UE se ha disparado en los últimos ejercicios. A la deuda de 15 billones contraída por los países de la UE, deben añadirse las deudas mancomunadas, comunes o colectivas de esa Eurodeuda que galopa con la frescura de un recién llegado. Todo un filón para aumentar los pasivos que arrostran los ciudadanos y un fenómeno de innegable trascendencia política e institucional.
La UE no ha alcanzado todavía la unión fiscal completa. Las deudas públicas mantienen su carácter nacional, pero el embrión de una deuda federal europea nació en 2020 y su desarrollo constante apunta a un cambio de paradigma en las cuentas de los 27 países. Al tiempo.
Cuatro motores para emitir deuda europea
Ningún país puede emitir individualmente deuda de tipo supranacional en el marco de la Unión Europea. Sí tienen capacidad para activar la máquina de endeudamiento global varios estados miembros o instituciones que las representen. Las más relevantes son las siguientes:
La Comisión Europea. Es la gran protagonista, con capacidad para emitir deuda en nombre de la UE destinada a la financiación de programas comunes, como por ejemplo la herramienta NextGenerationEU o el instrumento SURE (protección al empleo y para mitigar los daños socioeconómicos de la Covid-19). Cuenta con el respaldo presupuestario de la UE, característica muy atractiva para los mercados.
Banco Europeo de Inversiones (BEI). Esta institución de la UE, presidida por la española Nadia Calviño, es propiedad de los Estados miembros. Se trata del organismo financiero por excelencia de la Unión Europea y, según informa su web oficial, es “la mayor institución financiera multilateral del mundo y una de las principales entidades proveedoras de financiación en favor del clima”. El BEI emite bonos para financiar proyectos de inversión (infraestructuras, energía, innovación…). Recientemente, 19 países de la Unión Europea, entre ellos España, han pedido a la entidad el “ajuste de su política crediticia para aumentar el volumen de financiación disponible en el campo de la seguridad y la Defensa”.
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE / ESM). Este organismo intergubernamental se constituyó por iniciativa del Consejo Europeo en 2012, a raíz de la crisis del euro en esos años. Opera como un mecanismo permanente que debe garantizar la estabilidad financiera en la eurozona. Su potencia de “fuego” ante necesidades de ayuda por parte de los países miembros (recapitalización bancaria, préstamos…) alcanza los 500.000 millones de euros.
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). No es una entidad exclusiva de la Unión Europea, porque también acoge a otros países, con 39 miembros en total. Emite deuda para financiar proyectos en Europa del Este, Asia Central y otras regiones, con la misión de potenciar el desarrollo económico internacional. El BERD suele invertir entre 10.000 y 13.000 millones de euros al año.
