El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena a dos años de prisión impuesta a una mujer por un delito de estafa tras hacerse pasar por abogada y cobrar dinero a varios extranjeros en situación irregular a cambio de facilitarles contratos de trabajo para regularizar su situación en España.
La sentencia ratifica íntegramente el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Segovia, que consideró probado que la acusada dirigía en 2021 una asesoría fiscal, contable y jurídica en una localidad del partido judicial de Sepúlveda.
Según los hechos probados, entre febrero y abril de ese año la mujer contactó con varios extranjeros que pretendían obtener autorización de residencia por arraigo social y les solicitó dinero a cambio de conseguirles contratos laborales y ayudarles en la tramitación administrativa.
La acusada se presentó como abogada pese a no contar con la titulación necesaria ni estar colegiada y logró que cuatro personas le entregaran 2.000 euros cada una.
A algunos de los afectados les facilitó contratos de trabajo de una misma empresa que posteriormente presentaron ante la Subdelegación del Gobierno en Segovia para solicitar la autorización de residencia temporal por arraigo social, aunque las solicitudes fueron finalmente denegadas.

La acusada no participó en la tramitación de los expedientes, y se negó a devolver el dinero después de que las solicitudes fueran denegadas por la subdelegación

El tribunal considera acreditado que los contratos presentaban diversas deficiencias, como la ausencia de identificación del representante de la empresa firmante, la falta de justificación de la contratación o irregularidades en las condiciones laborales, sin que durante el proceso se acreditara su realidad.
Además, la sentencia recoge que la acusada no participó personalmente en la tramitación de los expedientes ante la administración y que se negó a devolver el dinero una vez que los procedimientos resultaron infructuosos.
La Audiencia Provincial condenó a la mujer como autora de un delito de estafa a dos años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además de obligarla a indemnizar con 2.000 euros a cada uno de los cuatro perjudicados.
El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso de apelación presentado por la defensa, que alegaba error en la valoración de la prueba y solicitaba la absolución, y concluye que las pruebas testificales y documentales practicadas son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.
La sala también confirma la absolución de la acusada por el delito de intrusismo del que había sido inicialmente acusada.

Absueltas tres personas tras un intento de robo y una posterior pelea

La Audiencia Provincial confirmó la absolución de tres personas que habían sido acusadas de un intento de robo con fuerza, lesiones, amenazas y vejaciones tras un incidente ocurrido en una vivienda de Grajera, desestimando así los recursos de apelación presentados contra la sentencia por el Juzgado de lo Penal número 1.
Los hechos se remontan al 1 de febrero de 2019, cuando, según la resolución judicial, un hombre accedió al patio de una vivienda sobre las 19.50 horas. La sentencia considera probado que el acusado llegó a entrar al recinto exterior de la casa, aunque no quedó acreditado ni cómo lo hizo ni con qué intención, ni tampoco que provocara daños o que tratara de obtener algún beneficio económico.
Los propietarios de la vivienda detectaron su presencia cuando abandonaba el patio y comenzaron una persecución por la calle hasta alcanzarlo. En ese momento se produjo un forcejeo entre los tres implicados, en el que se registraron lesiones, aunque el tribunal señaló que no ha sido posible determinar con claridad cómo se produjeron ni si fueron consecuencia de agresiones mutuas, caídas o golpes durante la persecución.
Tras el incidente, los tres permanecieron en el lugar hasta la llegada de la Guardia Civil, que procedió a la detención del hombre que había sido sorprendido en el patio de la vivienda.
El juzgado de primera instancia absolvió a los tres implicados al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar los delitos que se les atribuían, ya que no se había demostrado el ánimo de cometer un robo ni que el acusado hubiera forzado accesos o sustraído objetos.
La Audiencia analizó los recursos presentados contra esa resolución y concluyó que la sentencia inicial valoró de forma completa las pruebas practicadas durante el juicio. Los magistrados recordaron que, cuando existen dudas razonables sobre la autoría o la forma en que ocurrieron los hechos, debe prevalecer la presunción de inocencia.
La resolución también examinó las lesiones sufridas durante el forcejeo, incluida una fractura en la mano de uno de los propietarios, y concluyó que el origen exacto de esa lesión no pudo determinarse con certeza. El tribunal señaló que los informes médicos contemplan diferentes posibilidades, desde un golpe contra una pared hasta una caída o el propio forcejeo entre los implicados.

Condenado un hombre por dos robos con fuerza en viviendas de Cantalejo

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial a dos años de prisión por un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada tras acceder a dos viviendas de Cantalejo en octubre de 2022 y sustraer diversos efectos de su interior.
Según los hechos probados, el acusado entró en una vivienda de la localidad tras forzar el resbalón de la puerta principal y se llevó varias joyas, un dispositivo de memoria USB y documentos familiares. Los objetos no recuperados fueron valorados en 170 euros.
En un segundo episodio, ocurrido el 30 de octubre de ese mismo año, accedió a otra vivienda de la misma localidad después de saltar el muro del patio trasero. Una vez en el interior, sustrajo diversos efectos pertenecientes a una de las residentes, valorados en 230 euros.
Durante el juicio el acusado, que trabaja como resinero en pinares y convive con familiares en el país, mostró su conformidad con los hechos y con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, que inicialmente había pedido cuatro años de prisión y posteriormente redujo su petición a dos años.
El tribunal acordó suspender la ejecución de la pena al tratarse de un delincuente primario sin antecedentes penales. La suspensión queda condicionada a que no cometa nuevos delitos durante tres años y a que abone la responsabilidad civil fijada en 400 euros a las dos personas perjudicadas.