La defensa de la familia Morchón pidió, en el inicio del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid contra el denominado ‘caso ataúdes’, la nulidad del proceso por irregularidades en la investigación policial que destapó el presunto fraude.
Según argumentaron los abogados de los hermanos Ignacio, Laura y María del Rosario Morchón, así como de su madre, María del Rosario V.L., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel, la investigación policial en la que se basa la acusación se realizó al margen del Juzgado de Instrucción número 6, que entonces estaba investigando un caso de una posible extorsión a la funeraria por parte de un extrabajador, ya fallecido.
La defensa de Ignacio Morchón, hijo del fundador de la funeraria El Salvador del mismo nombre y principal acusado, que falleció en octubre de 2022, aseguró que su cliente ha visto vulnerado su derecho a no autoinculparse, ya que en el caso de la extorsión, en la que declaró como testigo, la Policía, sin comunicación al juzgado, ya había puesto en marcha una investigación de la que luego resultó incriminado. “La familia estuvo durante un año pensando que era la acusación, cuando estaban siendo investigados”, afirmó el letrado, a la vez que consideró una transgresión del derecho constitucional la investigación de la vida financiera de los ahora acusados durante 18 años.
En el mismo sentido se pronunció el abogado de las hermanas Morchón y de María del Rosario V.L., que aseguró que se trató de una investigación prospectiva y remarcó que en ningún momento la Policía comunicó al juzgado que estaba realizando una investigación más allá de la extorsión, por lo que consideró que se trató de una actuación policial “no habilitada por los principios constitucionales”.
En la misma línea se pronunciaron las defensas de los trabajadores acusados, que aseguraron que el derecho a la defensa de sus clientes se ha visto vulnerado. Además, la abogada que representa a Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador, también solicitó la nulidad de los registros realizados en las oficinas, así como de los criterios para elegir los testigos.
Por su parte, el Ministerio Fiscal y las dos abogadas de la acusación, rechazaron los argumentos y defendió que en todo momento se han garantizado la legalidad del proceso.
En esta primera jornada, el presidente del tribunal también rechazó la petición del fiscal de que declararan los casi 6.000 afectados por los presuntos fraudes, y explicó que ese caso se provocaría el “colapso” de la causa judicial.
En total, la Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.
Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel.
