El edificio de la Casa del Pueblo de Carbonero el Mayor, ya desaparecido y enajenado, se alzaba junto a la iglesia parroquial y fue concebido como sede la Sociedad de trabajadores de oficios varios “La Aurora” integrada después en la Unión General de Trabajadores. Como todas las “Casas del Pueblo”, la de Carbonero ha sido testigo excepcional de la historia local durante el siglo XX. Fue construida en 1934 con notoria polémica y oposición. Pocos años después de su inauguración fue incautada, tan solo dos semanas después del alzamiento nacional que derivó en la denominada Guerra Civil, pasando a manos del Ayuntamiento. En este nuevo periodo, bajo la dictadura de Franco, albergó la sede de la Hermandad de Labradores y Ganaderos hasta que la ley de 1986 reconoció a la UGT los derechos históricos sobre las casas del pueblo, siendo paulatinamente reintegradas a este sindicato y recuperadas para uso como sede sindical desde los primeros años de la democracia. La falta de mantenimiento en el edificio culminó en un estado ruinoso que llevó finalmente a este sindicato a sacar el inmueble a subasta pública. Una venta no exenta de polémica, criticada y protestada por los vecinos del pueblo y los militantes locales de la UGT, debido a la ausencia de publicidad en fase previa a la subasta y con un absoluto desconocimiento de los militantes de la agrupación local, resultando finalmente que el inmueble pasó a manos privadas en el verano 2014. La polémica y la contestación popular por parte de vecinos y afiliados derivó en el compromiso público de los dirigentes provinciales de la UGT de revocar la venta de este inmueble y la voluntad de cederlo como propiedad municipal, compromiso que sigue aún sin materializarse.
LA SOCIEDAD DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS “LA AURORA”
Bajo este nombre aparecieron en el primer tercio del siglo XX un buen número de agrupaciones sindicales, la mayoría fueron integradas en la UGT entre 1930 y 1931, días antes de la proclamación de la II República, y casi siempre federadas en la UGT, aunque de forma ocasional, algunas se integraron en la CNT. Se convirtieron en centros socioeconómicos que ofrecían amplitud de servicios, desde las propias mutualidades, actividades culturales, cine, biblioteca, cafetería, dispensario farmacéutico o consultorio médico, además de la propia actividad gremial o sindical. “Las sociedades obreras de La Aurora son las encargadas de estudiar las condiciones de trabajo locales… de tener en todo momento una bolsa de trabajo en la que figuren por oficios los obreros parados para darles ocupación tan pronto como consientan las necesidades de la industria… Para que no se dé el caso de que migren trabajadores locales y sean suplantados por obreros de otras localidades”, palabras de Manuel Cordero, destacado dirigente de la UGT, pronunciadas en la inauguración de la sede de “La Aurora” de Cuenca en 1930. Las casas del pueblo surgían en lugares donde existía una fuerte implantación de este tipo de sociedades. Antes de la guerra civil, la UGT llegó a tener cerca 1.100 casas del pueblo repartidas por toda la geografía española, siete de ellas en la provincia de Segovia, de las cuales se conservaban los edificios de Samboal y de Carbonero El Mayor en el comienzo del nuevo siglo.
El 19 de octubre de 1931 se aprueban los estatutos de la Sociedad de trabajadores de oficios varios “La Aurora”. En su artículo primero podemos leer: “Con el nombre de “Aurora” se constituye en Carbonero El Mayor una sociedad que tiene por objeto agrupar a todos los trabajadores manuales e intelectuales con objeto de mejorar las condiciones morales y materiales de todos sus asociados… y combatir la explotación del hombre por el hombre (art.5). “El fondo se formará contribuyendo cada asociado con la cantidad de 0,25 pts semanales, estableciendo una cuota de entrada para los socios fundadores de una peseta… (art 15). “Esta sociedad pertenece a la Unión General de Trabajadores… (art 39). “En el caso de disolución de esta sociedad los fondos que posea serán entregados a la UGT de España en calidad de depósito y los enseres al Comité del Centro Obrero” (art.41). Se aprueban los estatutos de la sociedad rubricados por el presidente Simeón de la Vega González y secretario Anastasio Pascual Salinas y figurando como sede provisional de la sociedad la calle San Roque, 6.
Las sedes de estas agrupaciones sindicales recibían la denominación de Casa del Pueblo y su construcción corría a cargo habitualmente de aportaciones de voluntarios, tal como ocurrió en Carbonero, donde muchos afiliados y voluntarios prestaron sus servicios para acarrear y proveer materiales para su construcción, trabajos que eran reconocidos con títulos de acciones sobre la propiedad del edificio con un valor comprendido entre 10 y 25 pts.
La necesidad de una sede social para la asociación empieza a tomar forma el 5 de diciembre de 1932 cuando se aprueba en sesión plenaria del Ayuntamiento, presidido entonces por su alcalde Teodoro Herrero Martín, bajo el título de “Concesión de terreno sobrante en la vía pública”: se concede a La Aurora un terreno, sin determinar su extensión, entre el sitio denominado la Cilla y la iglesia parroquial. “Y el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que estos terrenos constituyen un conjunto antiestético y sucio en el centro de la localidad, que siendo edificados han de contribuir al ornato público…” “… se acuerda por unanimidad la cesión sin exigir cantidad alguna, toda vez que es en beneficio del proletariado local”. Aunque el terreno se cedió gratuitamente, el ayuntamiento contrató dos tasadores que establecieron el valor de la propiedad cedida en 43 pesetas y 70 céntimos.
FUERTE OPOSICIÓN AL ALINEAMIENTO DE LA CALLE
Este acuerdo de cesión dio paso a un inmediato comienzo de las obras y a un largo proceso de reclamaciones por parte de linderos. La primera reclamación fue presentada el 6 de abril de 1933 por el encargado de la finca La Cilla, Justo Herrero Manso, al observar que se están marcando los terrenos para su edificación y comprobar que la finca La Cilla, que él administra, deja lindar con la vía pública en la parte afectada por la cesión.
El 12 abril el concejal de la corporación Segundo López Yagüe presenta una moción alegando que las zanjas de cimentación invaden la propiedad de D. Gabino Herrero, moción que es desestimada salvando la responsabilidad del concejal una vez que no participó en la delimitación de los terrenos.
Una nueva moción presentada por el concejal Lucio Mateos Alonso, exige la paralización de las obras y el derribo de la pared construida, por carecer de licencia y proyecto de obra y por invadir el trazado de la calle que queda marcado por una cuneta “desde tiempo inmemorial” y no guardar alineación con el edificio lindero propiedad de D. Gabino Herrero, que también se está construyendo en la finca La Cilla. La corporación municipal aprueba finalmente la alineación tal como se está construyendo, sin respetar la alineación de la calle, con la condición de no sacar luces ni goterío en la fachada norte. Así lo atestigua la edificación tal y como la conocemos actualmente.
“Que se respete la forma en que la Sociedad Obrera de Oficios Varios está construyendo el edificio de la calle San Roque a condición de que no se haga huecos en la fachada norte y el propietario colindante saque la alineación según está indicada por la cuneta”
La prohibición por parte del ayuntamiento de sacar luces en la fachada norte fue también recurrida con fecha de 9 de mayo de 1934 por la Sociedad “La Aurora” que ya tiene abierto los huecos en esta fachada argumentando que “se cede el uso de la vía pública a una tercera persona sin ésta haberlo solicitado”.
LOS TERRENOS FORMABAN PARTE DEL CEMENTERIO PARROQUIAL
La iglesia también manifiesta su oposición reclamando la propiedad de los terrenos cedidos, a través de su párroco D. Bernardino Arribas, quien sostuvo desde un principio que eran propiedad de la Iglesia, como parte de los terrenos que circundan toda la edificación de la iglesia San Juan Bautista, y que fueron destinados antiguamente como cementerio parroquial. -Cabe recordar que la inhumación de los cadáveres se efectuaban en cementerios parroquiales anejos a las iglesias hasta que el rey Carlos III, a través de una orden de 1784, prohibió estos enterramientos por motivos de salud y obligó a la construcción de los cementerios extramuros tal y como los conocemos en la actualidad.
De esta forma, D. Bernardino Arribas, el 10 de abril de 1934, en instancia dirigida al Ayuntamiento, pide el cese de las obras, alegando que estos terrenos circundantes pertenecen a la Iglesia, tal como lo atestiguan los restos humanos encontrados en la excavación de los cimientos de la Casa del Pueblo y exige al Ayuntamiento el título de propiedad en que se fundamenta la cesión de estos terrenos a la asociación La Aurora. El Ayuntamiento desestima esta petición alegando la falta de mención a los principios de derecho en que se fundamenta esta alegación.
Toda esta contestación deriva finalmente en un contencioso administrativo en el tribunal provincial, interpuesto por la sociedad “La Aurora” el 9 de mayo de 1934, con sentencia del 2 de marzo de 1935 desestimando las demandas interpuestas por la sociedad reclamando los derechos de luces en la fachada norte sobre la vía pública, y manteniendo el estatus actual de la propiedad y los acuerdos municipales.
La actividad de la Casa del Pueblo se inició de inmediato, siendo uno de sus principales actos el mitin celebrado el 22 diciembre de 1935, organizado por la Agrupación Socialista de Carbonero, que abarrotó los locales de esta sede donde intervino, además del presidente de la sociedad La Aurora, el secretario de la agrupación socialista de Segovia, Fermín Cristóbal.
Entre los avatares que sufre la Casa del Pueblo aparece su clausura con fecha 31 de Julio de 1936, pocos días después del golpe de estado del general Franco contra la II República, en los primeros días de la Guerra Civil. El alcalde en funciones Lucio Mateos Alonso, ejecuta una orden del gobernador Civil clausurando de forma inmediata la sede de la Casa del Pueblo, haciéndose cargo el Ayuntamiento de la llaves que fueron entregadas por las esposas de los presidentes de la asociación, al encontrarse éstos desarrollando faenas propias de su profesión.
Será un año después, el 21 de agosto de 1937, cuando se encarga al nuevo alcalde, Francisco López Rubio, – reseña que aparece en el documento sellado por la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado y rubricado con el preceptivo II año triunfal-, que levante oficialmente el acta de incautación y ocupación material de dicho inmueble y los enseres que se encuentra en su interior, tres mesas de escritorio, dieciocho sillas, veinte bancos sin respaldo, un estante de madera y una estufa.
Estos bienes serán objeto de posterior subasta pública organizada por el Ayuntamiento, subasta que quedó desierta por falta de licitadores en las dos ocasiones en que se anunció.
La reclamación de la Iglesia no quedó en el olvido y aparece un escrito del Gobierno Civil fechado el 6 de agosto de 1941 retomando el contencioso de la Iglesia: “Obrando pendiente de estudio en este Gobierno Civil una reclamación formulada para reintegrar a la Iglesia como bien de su pertenencia un solar en el que fue construida en el año 1934 la denominada Casa del Pueblo…” exigiéndole al Ayuntamiento documentación acreditativa de si el solar cedido en su día como sobrante de vía pública aparecía en el inventario de los bienes de este municipio o en los planos de alineación del mismo. El Ayuntamiento contesta al Gobierno Civil que este solar no aparece en el inventario municipal, ni existen planos de alineación de la zona en fechas anteriores a la construcción de la Casa del Pueblo. Se acuerda entonces citar, según mandato del Gobierno Civil, a los más ancianos del lugar para recabar su testimonio sobre la práctica de enterramientos en estos terrenos. Se cita a declarar a D. Andrés Rubio Rubio, D. Ramón Pascual García, D. Faustino Torrego Martín y D. Valentín Herranz Manso; todos se manifiestan en su creencia de que el lugar era destinado a cementerio parroquial y en la misma forma manifiestan no tener memoria de los hechos, en consonancia con realidad de que el cementerio extramuros llevaba ya funcionando mucho más de cien años.
LA HERMANDAD DE LABRADORES Y GANADEROS
Terminada la guerra civil, el edificio fue gestionado por el Ayuntamiento cediéndolo en régimen de alquiler como centro cultural donde se proyectaban sesiones de cine y espectáculos en su salón de actos, mientras, sus oficinas pasaron a ser la sede de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, durante todo el periodo de la dictadura del general Franco.
Con la instauración de la monarquía constitucional, la llegada de la democracia permitió la restitución de los bienes incautados, pasando todas las casas del pueblo a su legítimo propietario la Unión General de Trabajadores. En este tiempo el sindicato hará un uso frecuente de la sede, especialmente en las celebraciones anuales del 1 de mayo, con charlas coloquio y proyecciones de documentales. Entre los últimos eventos que acogió esta sede, figuran el congreso provincial de PSOE en mayo de 1985 donde fue elegido Juan Muñoz como secretario provincial de los socialistas y el congreso provincial extraordinario de la UGT el 6 de abril de 1995. La falta de mantenimiento del edificio conducirá a un progresivo deterioro que culminará con el edificio en ruinas y la decisión del sindicato de optar por la enajenación mediante subasta pública.
La venta cerró el ciclo vital de este edificio y, al igual que ocurrió en sus orígenes, terminó con polémica y contestación entre los vecinos del pueblo y militantes de la agrupación local de la UGT local, a quienes no se les informó del proceso de enajenación por subasta, ni se dio la debida publicidad a nivel local. El edificio acabó en manos privadas ante la sorpresa de vecinos y militantes, quienes protagonizaron una manifestación de protesta y convocaron sendas reuniones con los responsables provinciales del sindicato al objeto de revertir la venta en favor del municipio, arrancando el compromiso de los responsables de la UGT provincial así como del propio Ayuntamiento, que se aprobó en pleno una moción el 29 de enero de 2015 dirigida a adquirir la propiedad del inmueble y recuperarla como espacio público. Esfuerzos que, hasta la fecha, no han se han visto materializados con la pretendida revocación de la venta.
