El Partido Popular de Segovia aseguró que la Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno de España es el «mayor ataque» a mundo rural de Castilla y León y la provincia. Los senadores populares Juan José Sanz Vitorio y María Ángeles García, aseguraron que esta normativa «elimina 33 paradas, con 21 municipios y 7.400 segovianos afectados».
«Después de tres años de tramitación en el Congreso, pasó a su aprobación en el Senado cuya tramitación duró apenas once días, y en la que el PP sacó adelante sus 86 enmiendas con las que se pretendía recuperar los servicios de calidad en materia de movilidad», entre ellos, por ejemplo, que Renfe vuelva a la normativa de devolver el 50% de los billetes en los viajes que lleguen con 15 minutos de retraso, y el 100% en retrasos de más de 30 minutos, añadieron los senadores segovianos.
Sanz Vitorio pidió que se prioricen las personas y no la rentabilidad en el mapa concesional de transporte que «es lo que pretende el Gobierno de Sánchez». En el conjunto autonómico se suprimen 474 paradas en 346 municipios, lo que supone el 71% de las paradas actuales, por lo que instó al actual secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, que «diga si los diputados de Castilla y León votarán a favor del mantenimiento por Ley de las paradas existente o ya ha cambiado de opinión en relación a lo que decía como alcalde».
Por su parte, el senador popular segoviano expresó que, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el año 2023 debía haber entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga de energía eléctrica en toda España, pero en 2025 hay entre 40.000 y 42.000, «solamente el 40% de los previsto». «Estamos a menos de la mitad de lo que eran los objetivos y con dos años de retraso, por ello hemos presentado una enmienda que busca la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares y paliar así la situación energética en la que nos encontramos», añadió.
También afirmó que la saturación de la red «hace imposible alcanzar los objetivos de transición energética como ha manifestado la Patronal UNO, de plataforma logísticas y de transportes, y compromete la viabilidad de las nuevas conexiones eléctricas para plataformas logísticas y paraliza los proyectos de electrificación de flota”. Asimismo, recalcó que el Banco de España apunta a que existen 10.333 puntos de recarga instalados no conectados por falta de capacidad en la red.
«La única razón de aprobación de la Ley es la urgencia por la pérdida de fondos de recuperación, fondos en los que el Ministerio de Transporte ha demostrado ser unos perfectos ineptos a 31 de agosto de 1.796 millones de euros de estos fondos sólo habían ejecutado 386, un 21,5%», sentenció.
Actualmente, concluyeron los senadores populares, la ley ha sido aprobada en el Congreso inicialmente y en el Senado con las enmiendas del PP, por «lo que ha vuelto al Congreso para que la Cámara Baja decida si acepta o rechaza las modificaciones introducidas por el Senado».
