Volvieron a la carretera. Las reivindicaciones son las mismas que hace casi dos años cuando ‘la rebelión de los tractores’ tomó las calles, pero la urgencia es mayor si cabe. Han pasado diez meses desde la última movilización en la zona del nordeste de la provincia y las demandas del sector pasan en silencio y de forma ajena para las administraciones. Las protestas son claras: más flexibilidad, menos burocracia y un mercado que atienda a las necesidades de los agricultores, con condiciones justas y en contra de la competencia desleal de productos importados con menores regulaciones. Una peticiones que se realizan con el objetivo de mantener el sector de manera viable.
La Comisión Europea anunció el pasado martes que espera que en enero se concrete la firma del acuerdo de libre comercio entre los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) -Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay- y la Unión Europea (UE), un plan que el campo europeo rechaza de forma frontal al considerar que aumentará la competencia desleal. Unas reivindicaciones que se han sucedido en las últimas semanas en Bruselas y en Francia y que también se han llevado a cabo en España.
En la jornada de este viernes una veintena de tractores y decenas de profesionales del campo, con el apoyo además de vecinos de otras comarcas, se dieron cita en el municipio de Cerezo de Abajo, bajo la convocatoria de la Unión de Agrupaciones de Productores Independientes (UNASPI), con el fin de denunciar la situación crítica que acecha al sector primario. La movilización de los tractores comenzó en torno a las 10.30 horas para recorrer la SG-205 a paso lento y con las directrices de la Guardia Civil, y llegó a otras localidades como Cantalejo. Unas protestas que se llevaron a cabo desde el respeto y empatizando con los retrasos generados a los ciudadanos en materia de movilidad, y que se prolongaron hasta las 14.00 horas.
Miguel Ángel Arribas, profesional del campo en el municipio de El Olmo y portavoz en la zona de Unaspi, en la que se integra el Movimiento de Agricultores y Ganaderos Independientes Nacional (MAGIN), explicó los motivos de la vuelta a la carretera: «La situación del campo está peor y queremos que España no ratifique los acuerdos comerciales con la Unión Europea y Mercosur, que pueden suponer el fin de la agricultura del país».
«En Sudamérica se produce con unos costes mucho más inferiores y trabajan con productos que aquí están prohibidos, además su superficie agrícola y ganadera es cuatro veces superior a la Unión Europea», indicó; a la vez que vaticinó: «Van a inundar el mercado de aquí con sus productos provocando una fuerte competencia deseal». Arribas también lamentó el cierre de explotaciones ganaderas y agrícolas por «la pérdida de rentabilidad y el excesivo control burocrático». «Esto se ve reflejado en la falta de relevo generacional y es que nadie quiere un negocio que no es rentable», resumió. Por ello, pidió «precios justos» para la estabilidad del mercado.
Por su parte, el presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, señaló que los acuerdos Mercosur que generan una «competencia desleal» serán la «puntilla» a todas las explotaciones agrícolas y ganaderas y frutícolas, con la entrada de alimentos de otros países que producen más barato y tienen menos restricciones en el uso de químicos y fitosanitarios, por lo que entrarán productos de menor calidad. «Queremos que los consumidores sean conscientes de lo que les viene encima. Se va perder su libertad de comprar los alimentos que quieran por que estarán controlados por las grandes corporaciones y los gobiernos de turno», añadió.
Desde Unaspi consideran que el tratado es una «amenaza directa» para la supervivencia del campo español y europeo y su soberanía alimentaria. No en vano, consideró que abriría el mercado europeo a la competencia de un bloque agrícola cuatro veces mayor que la Unión Europea, con salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias muy inferiores, lo que da ventaja comercial a quienes solo deben de complementar la producción europea.
La organización subrayó, según recogió la Agencia Ical, que Mercosur se unirá a los recortes de la próxima PAC y la «creciente asfixia» normativa derivada del Pacto Verde Europeo. Es por ello que la organización no se extraña que entre 2009 y 2020 España ha perdido 74.925 explotaciones agrarias y 73.054 ganaderas, lo que ha acelerado la despoblación rural y la pérdida de soberanía alimentaria.
Ante esta situación, Unaspi exigió al Gobierno de España que vote en contra de la ratificación de Mercosur y recordó que la movilización del sector agrario y de toda la ciudadanía es clave para frenar el tratado y todas las políticas que están acabando con el sector primario y la soberanía alimentaria europea.
La concentración de este viernes no solo se extendió en Segovia sino que también se conovocó en otros puntos de la Comunidad como la zona de Aranda de Duero (Burgos), Matallana de Valmadrigal (León), San Esteban de Gormaz (Soria), Becilla de Valderaduey y Traspinedo (Valladolid) y Castrogonzalo (Zamora), entre otras. Por otro lado, desde Unaspi no se descarta nuevas jornadas de movilizaciones en las próximas semanas, pues la posible firma del acuerdo entre la UE y Mercosur anunciada para el mes de enero propiciaría nuevos episodios de tractores en las carreteras.
