Los datos del nuevo Mapa Concesional Estatal de Transportes y los efectos que traerá la Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el ministro Óscar Puente, han suscitado las primeras diferencias. Según el documento remitido por el propio Ministerio de Transportes, el Gobierno prevé suprimir paradas en 21 municipios segovianos, afectando a 7.445 habitantes y a más de 14.800 viajeros, lo que equivale al 48% de las paradas actuales.
Ante esta situación, los diputados nacionales del Partido Popular de Segovia, Pablo Pérez y María Cuesta, han hecho públicas sus manifestaciones, en las que denuncian «el abandono del Gobierno hacia el medio rural segoviano». Los populares advierten de que esta ley, que será debatida el miércoles en el Congreso, y el nuevo mapa suponen «un grave perjuicio para la provincia y para Castilla y León en su conjunto, al eliminar servicios esenciales y poner en riesgo el derecho a la movilidad de miles de ciudadanos».
«Es intolerable que el Gobierno castigue a los pueblos de Segovia dejando sin transporte público a cientos de vecinos que dependen de este servicio para ir al médico, al trabajo o a estudiar», señala Pérez, quien considera que «Sánchez está sacrificando la cohesión territorial por criterios puramente económicos e ideológicos».
El nuevo mapa, advierten los populares, responde a una política centralista que «solo prioriza las grandes ciudades y los corredores rentables, mientras condena a la España rural a la desconexión». «Se están eliminando servicios esenciales en favor de una planificación hecha desde los despachos de Madrid, sin conocer la realidad de provincias como Segovia», denuncia Cuesta.
La diputada recuerda que Castilla y León es la comunidad más extensa de España, con más de 6.000 núcleos de población, y que el autobús es el único medio capaz de garantizar la movilidad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Los diputados nacionales del PP de Segovia subrayan que este recorte no solo afectará a los usuarios, sino que tendrá un impacto directo en la economía local y en la lucha contra la despoblación. «El Gobierno está lanzando un mensaje muy claro: quien viva en un pueblo, que se las arregle como pueda. Nos están condenando a la incomunicación y a la pérdida de oportunidades», afirma Pérez, que exige al Ejecutivo central que rectifique antes de aprobar el mapa, que modifique la Ley de Movilidad Sostenible y que evite que este miércoles se apruebe un texto que perjudique aún más al mundo rural. Por su parte, María Cuesta ha advertido de que «Segovia no permitirá que se consuma esta política de abandono. Exigimos un modelo de transporte pensado para la gente y no para cuadrar balances».
Frente a «la falta de sensibilidad» del Gobierno central, los diputados del PP de Segovia han puesto en valor el compromiso del Ejecutivo autonómico de Alfonso Fernández Mañueco, que «mantiene el 100% de los servicios de transporte en Castilla y León, a pesar de que más del 90% de las rutas son deficitarias». «Mientras Sánchez recorta, Mañueco invierte», sostiene Pérez, recordando que la Junta ha destinado más de 60 millones de euros anuales al sistema de transporte público, con medidas pioneras como el Bono Rural de Transporte a la Demanda y el programa Buscyl, que garantiza la gratuidad del servicio para todos los empadronados. «Ese es el modelo que funciona, el que cree en la igualdad de oportunidades y en la vertebración del territorio», añade Cuesta.
