El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la toma en consideración de la Proposición de Ley Montes de Socios, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, que pretende regularizar más de dos millones de hectáreas de propiedades forestales colectivas en España.
La iniciativa, que ha sido presentada por el senador José Manuel Hernando García, ha obtenido 163 votos a favor de todos los grupos de la Cámara Alta, a excepción de los representantes del PSOE, que han decidido abstenerse.
Aspira a resolver la “orfandad jurídica incompatible con los objetivos más básicos de desarrollo económico, de impulso demográfico y de conservación ambiental” de este tipo de terrenos, cuyo origen hay que buscarlo en las desamortizaciones de mediados del siglo XIX.
Particularmente en la impulsada en 1855 por el entonces ministro de Hacienda Pascual Madoz, del Partido Progresista.
La desamortización de Madoz supuso la enajenación forzosa, en pública subasta, de todos los bienes municipales, sobre todo de los montes, y con ello una expropiación en la práctica de una parte fundamental del medio de vida de muchos miles de familias rurales, según la exposición de la proposición de Ley.
Por ello, muchos habitantes de las zonas rurales optaron por asociarse con sus vecinos y, aportando el dinero que podían reunir, comisionar a un pequeño grupo encargado de acudir a Madrid el día de la subasta para poder comprar y mantener los montes que hasta entonces habían sido suyos.
“Los dueños actuales son los descendientes de los primeros adquirentes, personas que en su mayoría viven desvinculadas del mundo rural y que en su gran mayoría incluso desconocen que son dueños de una cuota del monte de sus antepasados”, de acuerdo con esta iniciativa parlamentaria.
Eso implica un problema jurídico, ya que el legislador civil español no concibe que existan copropiedades en las que la mayor parte de los condueños sean desconocidos, por el consiguiente abandono de los bosques y los riesgos de explotación furtiva, incendios u otros.
La Proposición de Ley busca regular la figura jurídica, compatibilizar los intereses públicos y privados y dinamizar los montes de socios como una forma de creación de riqueza, de explotación racional y de conservación ecológica de un patrimonio natural comunitario.
Hernando García considera por ello que se está “ante una ley básicamente buen útil en la medida que genera oportunidades para territorios que de verdad lo necesitan” al fomentar “un ecosistema en torno a los montes de propiedad colectiva, de manera que sean fuente de riqueza y sirvan al territorio”.
El grupo parlamentario socialista ha sido el único que no ha apoyado la norma, justificando su abstención en que la propuesta no recogía aspectos que la formación considera “imprescindibles”, como el no reflejar las funciones concretas de los cargos de las juntas gestoras.
