La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, denominada Sareb, cuenta en Segovia con más de 1.700 inmuebles en propiedad. Se trata de los activos que pasaron a esta sociedad pública hace once años, tras la reestructuración bancaria.
La Sareb nació con el fin de comprar activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos quebrados en la crisis financiera de 2008, y está controlada por el Estado. También se llama “banco malo”, ya que en otros países también existen sociedades de liquidación de activos problemáticos de la banca, a las que se conoce como ‘bad bank’, de ahí viene el término que se aplica a Sareb, pues sigue el modelo de otras organizaciones internacionales que gestionan los llamados activos tóxicos.
El pasado domingo 16 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno movilizaría 50.000 viviendas de la Sareb para destinarlas al alquiler “con precios asequibles”.
El objetivo era complementar la ley de vivienda, poniendo a disposición del ciudadano una gran cantidad de inmuebles en régimen de alquiler social con precios bajos y así luchar contra el alza de precios en la vivienda, que está dejando sin opciones a miles de ciudadanos españoles.
La Sareb colabora con diferentes inmobiliarias que gestionan estos activos bancarios, como Aliseda Inmobiliaria, Domo, Anticipa Real Estate, Servihabitat, Hipoges y Serviland. En números, la Sareb cuenta con 46.542 viviendas disponibles, 34.759 anejos (garajes y trasteros), 14.202 obras en curso, 24.619 suelos y 13.192 inmuebles terciarios (oficinas y locales).
La Sareb divide sus inmuebles por provincias, y en cada provincia se dividen los activos en viviendas, anejos (garajes y trasteros), obras en curso, suelos y terciarios (locales y oficinas).
POR MUNICIPIOS
En Castilla y León se contabilizan 2.794 viviendas y 880 obras en curso. En concreto en la provincia de Segovia, hay 1.704 inmuebles, de los que 323 son viviendas. Otro centenar de obras no han terminado y la Sareb las denominan ‘obras en curso’. Además figuran 139 inmuebles terciarios , y un millar de unidades de suelo sin edificar.
La capital registra 31 viviendas y 66 locales u oficinas. No es el municipio de la provincia con más activos disponibles, a pesar de que es la que más demanda de alquiler soporta, teniendo en cuenta el volumen de población y el estado del mercado inmobiliario.
Fuentes inmobiliarias destacan la escasa oferta de inmuebles que tiene la capital frente a otras localidades de la provincia, donde existen muchos activos disponibles y que tienen menos demanda.
Es el caso de Bernuy de Porreros o Espirdo. En el primer caso se trata del municipio con más viviendas terminadas que podrían salir al mercado. En total suman 77 viviendas. Le sigue la villa de Cuéllar en cuanto a número, pues dispone de 36 viviendas. Cantimpalos tiene 33 y 29 se encuentran en La Lastrilla.
En la localidad de Espirdo, con 24 viviendas, destaca el alto número de inmuebles calificados como obras en curso. Se trata de viviendas sin acabar o que están pendientes de solucionar algún tipo de deficiencia. Lo cierto es que no disponen de licencia de primera ocupación. En total, este municipio suma 170 unidades pertenecientes a la Sareb Mozoncillo, con 23 viviendas, Cantalejo con 10, El Espinar (13), Navas de Riofrío (10), Torrecaballeros (11), son otros de los municipios que tienen viviendas de esta sociedad.
Entre el resto de inmuebles destacan los 44 locales comerciales o de oficinas que están disponibles en La Lastrilla, o los 12 que tiene Cuéllar.
Pero sin duda, una de las cifras más abultadas que ofrecen desde la Sareb son las 905 unidades de suelo que se encuentran en el término municipal de Valverde del Majano. Se trata, según fuentes de la sociedad, de un proyecto inmobiliario que comenzó a fraguarse en el municipio, pero que se quedó sin llevar a cabo cuando llegó la crisis del ladrillo. Se trata de un proyecto de urbanización que quedó en papel mojado.
REACCIONES
Algunos expertos consultados aseguran que la mayoría de las viviendas que se ofrecen se encuentran en un estado que requieren reformas y que no sirven “para entrar a vivir en ellas de la noche a la mañana”. Y, en cuanto a las reformas, los expertos se preguntan si “hay tiempo suficiente para arreglar y reformar”, ya que todo ello elevará mucho el precio, tanto si quiere venderse, como alquilarse.
“Cada vez hay menos viviendas disponibles y cada vez están más lejos de las zonas de interés”, explica Javier Castellano, perteneciente a la empresa inmobiliaria Gilmar.
Tras aprobarse en el Consejo de Ministros ayer la medida de destinar estas viviendas a alquiler social, la formación política Izquierda Unida de Segovia, señaló que llevan doce años reclamando que la Sareb sea un instrumento de la política pública de vivienda. “Entre 2014 y 2021 el aumento medio del precio de la vivienda fue del 11%, y el del alquiler aumentó en un 45%. Por eso, que se movilicen hasta 50.000 viviendas procedentes de la Sareb para garantizar el derecho constitucional a la vivienda es un primer paso, tardío, pero en la buena dirección”, explicaron.
Sobre las 31 viviendas que la Sareb tiene en Segovia capital, IU urge a que estos inmuebles “estén disponibles lo antes posible para favorecer el acceso de la población a la vivienda con alquileres asequibles, ante el elevadísimo coste de los alquileres a nivel provincial”.
Para IU, una óptima gestión de los pisos y del suelo de Sareb no es suficiente para garantizar el derecho a la vivienda. “Es necesario poner esta empresa pública al servicio de las políticas públicas de vivienda para dar un vuelco total a la situación. Esto, además de influir en el precio del mercado en general, protegería de forma especial a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. IU considera “fundamental” que la Sareb agilice los convenios con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para que puedan gestionar las viviendas en sus ámbitos de actuación y destinarlas al alquiler social. “Es prioritario además que se suspendan de forma indefinida los procedimientos de desahucio”, añaden a la vez que propone que el “banco malo lleve a cabo actuaciones en el suelo rústico en propiedad del que dispone para desarrollar una estrategia de inversión en energías renovables, y para implementar iniciativas vinculadas al desarrollo rural y la fijación de población al territorio”.
IU Segovia termina afirmando que la vivienda no es un bien de mercado, sino un derecho fundamental. Por ello, las políticas públicas deben tener como objetivo garantizar este derecho.
No ha sido la única reacción política a esta medida, desde el PP, la califican de “publicidad electoral” y recuerdan que las viviendas que se anuncian y que son del Sareb “son las que el mercado no quiere”, o aquellas que “están muy deterioradas, que tienen a alguien habitando o que están en un lugar que nadie quiere”. Desde el PP han incidido en que la Sareb “ha vendido 118.000 viviendas desde su constitución y ha puesto en el mercado 6.000 en alquiler”. Es decir, que muchas de las viviendas que estaban disponibles ya se han ido sacando al mercado y actualmente lo que queda tiene poco atractivo de cara a poderse vender.
De ahí que la oferta de inmuebles a día de hoy no se corresponda con el volumen de población que existe en cada municipio.
